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¿Sabes qué pasó? – Boletín semanal del 28 de febrero al 6 de marzo de 2022

Especial Ucrania y los organismos internacionales

El 24 de febrero el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de una «operación militar especial» en Ucrania unos días después de haber reconocido la independencia de las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk. Empezó así la ofensiva a gran escala que está costando la mayor crisis humanitaria dentro de Europa desde las guerras de los Balcanes. Según el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), si la situación se agrava, podríamos ver hasta 4 millones de personas huyendo de Ucrania.

Durante esta última semana varios organismos internacionales intervinieron para tratar de abogar por una salida pacífica a la crisis, recordando que el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas insta a resolver las disputas por medios pacíficos y abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de otro país.

El primero en intervenir fue el Consejo de Seguridad, el organismo de la ONU encargado de velar por la paz y la seguridad, convocado por vía extraordinaria a petición de Ucrania después de que el presidente de Rusia anunciara la movilización de su ejército.

Según lo establecido en la Carta de la ONU, el Consejo se compone de quince miembros de las Naciones Unidas: 10 miembros no permanentes y cinco miembros permanentes, entre ellos Francia, Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia. A estos últimos cinco miembros la Carta de la ONU reconoce lo que más comúnmente se conoce como “derecho de veto”. En pocas palabras, si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo con una decisión puede emitir un voto negativo, “vetando” o bloqueando dicha decisión.

Después de varias reuniones de emergencia orientadas a aprobar una resolución de condena de la invasión rusa, China, India y los Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron y Rusia votó en contra, bloqueando la adopción de la decisión que habría permitido al Consejo tomar medidas, entre ellas las militares, para obligar a su cumplimiento.

Por ello, el Consejo decidió activar otro mecanismo conocido con el nombre de “Unión Pro Paz”, establecido en virtud de la Resolución 377 (V), aprobada por la Asamblea General en 1950, que permite convocar un período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, en los casos en los que el Consejo de Seguridad, por falta de unanimidad entre sus miembros permanentes, deja de cumplir con su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales en todo caso en que resulte haber una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión.

En este caso, al tratar cuestiones de procedimiento, las decisiones del Consejo solo precisan del voto favorable de nueve miembros del órgano de Seguridad y no permite el derecho a veto de ninguno de sus cinco representantes permanentes.

Se produjo así una sesión de emergencia de la Asamblea General que llevó a la adopción de un resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania que insta a Moscú a retirarse inmediatamente y sin condiciones del país vecino, poner fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania, revertir sin condiciones la decisión de reconocer la independencia de Donetsk y Luhansk, y abstenerse de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado Miembro.

Si bien las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes, estas reflejan la posición de la comunidad internacional y de los 193 Estados miembros de la ONU.

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos ha aprobado la creación de una comisión de investigación con el objetivo de investigar las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario, así como los delitos relacionados con la “operación militar” rusa en Ucrania, y elaborar una serie de recomendaciones, en particular sobre las medidas de rendición de cuentas.

Por otro lado, Ucrania demandó a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de Naciones Unidas, encargado de las cuestiones entre Estados, por manipular la noción de genocidio para justificar la agresión, pidiendo que la Corte imponga medidas cautelares contra Moscú. La Corte ha convocado para el próximo 7 y 8 de marzo una audiencia sobre la invasión que Rusia lanzó la semana pasada contra Ucrania.

Asimismo, el fiscal de la Corte Penal Internacional ha señalado su intención de abrir una investigación sobre posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Ucrania, afirmando que existe una base razonable para proceder a la apertura de una investigación lo más rápidamente posible.

Ucrania no es un Estado Parte en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, por lo que no puede remitir por sí misma la situación a su Oficina. Sin embargo, recuerda el Fiscal, Ucrania ya ha ejercido en dos ocasiones sus prerrogativas para aceptar legalmente la jurisdicción de la Corte sobre los presuntos crímenes contemplados en el Estatuto de Roma que se produzcan en su territorio, en caso de que la Corte decida ejercer esas competencias.

De acuerdo con el Estatuto, para proceder con las investigaciones, es necesario que el Fiscal solicite y obtenga la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal o que un Estado Parte de la Corte remita la situación a su Oficina.

En estos últimos días, un grupo de Estados ha remitido su solicitud de investigación al Fiscal para que abra una investigación sobre los crímenes que se están cometiendo en Ucrania.