El Salvador: graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos
El pasado 26 de Marzo, con el objetivo de frenar una escalada de violencia atribuida a las pandillas, la Asamblea Legislativa de El Salvador, a petición del presidente Nayib Bukele, aprobó la adopción de un estado de excepción, que ha suspendido los derechos de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones de los salvadoreños, además de ampliar los poderes policiales.
Entre el 30 de marzo y el 5 de abril de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó también una serie de medidas que permiten a los jueces encarcelar a niños y niñas a partir de los 12 años, restringe la libertad de prensa y expanden peligrosamente el uso de la prisión preventiva y de la legislación antiterrorista.
Desde entonces, el régimen de excepción ya se ha prorrogado dos veces y debería terminar a finales de junio.
Según Amnistía Internacional, desde su implementación, los cuerpos policiales y militares desplegados en las zonas de influencia de las bandas, conocidas como maras, estarían perpetrando graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos.
En particular, se han documentado casos de detención arbitraria, tortura y malos tratos en los centros de detención y prisiones y violación de los derechos a la defensa, a la presunción de inocencia, a un recurso judicial efectivo y al acceso a un juez independiente. Al menos 18 personas murieron bajo tutela del Estado. Más de 1000 menores han sido detenidos por delitos de agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas. Asimismo, Los periodistas, las personas defensoras y los funcionarios judiciales están continuamente en el punto de mira.
Tanto la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado su preocupación por la respuesta de las autoridades y han urgido a el Estado salvadoreño a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantía y respeto de los derechos humanos.
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Rusia se retira del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El martes pasado la Cámara Baja del parlamento ruso, la Duma, aprobó una ley que permite dejar sin efecto las resoluciones adoptadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a partir del 15 de marzo, momento en que Moscú anunció su retirada del Consejo de Europa y del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
El TEDH, o Tribunal de Estrasburgo, es el garante del cumplimiento por los Estados parte de las obligaciones derivadas del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, más conocido como “Convenio Europeo de Derechos Humanos”. Tiene competencia para resolver tanto demandas interestatales en las que un Estado parte denuncia el incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio o en sus protocolos por otro Estado parte, como demandas individuales presentadas por personas físicas, ONG o grupos de particulares que se consideren víctimas de una violación por un Estado parte de los derechos que el Convenio y sus protocolos reconocen.
Se trata, pues, de un tribunal internacional que actúa no sólo a instancia de los Estados parte del Convenio, sino, singularmente, en virtud de las demandas que pueden presentar los particulares, ya sean ciudadanos o personas bajo la jurisdicción de un Estado parte.
Desde 1998, cuando Rusia aceptó la competencia del Tribunal como consecuencia de la ratificación del Convenio, el TEDH ha representado el último recurso de muchos ciudadanos rusos frente a sentencias en las que se vulneraban sus derechos humanos.
A partir de ahora, según las medidas adoptadas, las resoluciones del TEDH no serán motivo suficiente para revisar los fallos de los tribunales rusos.
Esta decisión representa un paso más hacia el alejamiento de Rusia de las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial para defender los valores democráticos.
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Holanda condena a un oficial etíope por participar en el Terror Rojo
Entre 1977 y 1978 Etiopia vivió una campaña de represión, conocida como el Terror Rojo, en homenaje al Terror Rojo de los bolcheviques, que fue llevada a cabo por la junta militar en la provincia de Gojjam, en el norte del país.
Durante esos dos años, diferentes sucesos violentos consolidaron en el poder a Mengistu Haile Mariam, líder del régimen Derg que gobernó el país con mano de hierro desde 1974, cuando derrotó al último emperador de Etiopía, Haile Selassie, mediante un golpe de Estado militar, permaneciendo en el poder hasta 1991.
En 2006, Mengistu fue declarado culpable de genocidio por un tribunal etíope y condenado a muerte, tras ser juzgado en rebeldía en un proceso que duró 12 años. Se trata de uno de los pocos casos en los que un dictador africano es juzgado en su propio país, pese a la incomparecencia de Mengistu. Por ello, el juicio fue conocido popularmente como el «Nuremberg africano«.
Pese a la condena, Mengistu vive exiliado en Zimbabue bajo la protección del presidente de este país, Robert Mugabe, que le concedió asilo político.
La semana pasada la Corte de Apelación de La Haya en Holanda condenó a cadena perpetua a un oficial etíope, entonces representante del régimen en la provincia de Gojjam, por crímenes de guerra.
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Madrid, 13 de junio de 2022.
