Italia: a la cabeza de la protección medioambiental
El pasado martes 8 de febrero Italia incluía en su Constitución la protección del medio ambiente y de los animales, comprometiendo al Estado a salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad en interés de las “futuras generaciones”. Según esta modificación constitucional, la economía no debe menoscabar el medio ambiente, prohibiendo a las compañías privadas generar un impacto en el clima.
La decisión italiana ha sido aclamada por organizaciones como WWF Italia, tildándolo de “hecho histórico”, o por Virginijus Sinkevičius, Comisario europeo de Medio Ambiente, que lo consideraba un paso clave.
En efecto, esta iniciativa marcará la futura regulación italiana en materia medioambiental, y supone un ejemplo para el resto de Estados miembros de la Unión Europea en la protección del medio ambiente.
Desde FIBGAR celebramos esta noticia, y deseamos que otros países se sumen a la lucha activa por la defensa del clima y del medio ambiente. De hecho, en nuestra línea medioambiental, venimos trabajando en los últimos meses en la promoción por incluir el ecocidio como delito en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Lee más sobre el delito de ecocidio aquí.
América Latina: los riesgos de ser defensor de derechos humanos
Según el último informe de Freedom House, América Latina es una de las regiones más peligrosas para defender los derechos humanos. En 2020, la región sufrió tres cuartos de los asesinatos a defensores de derechos humanos a nivel global.
Entre estos defensores encontramos a líderes comunitarios, artistas, o líderes indígenas. El informe destaca que el ambiente es cada vez más hostil para estos activistas, que se enfrentan a intimidación, acoso, violencia física, y legislaciones que criminalizan su trabajo. Asimismo, suelen encontrar dificultades para acceder a fondos de emergencia, asistencia médica o legal.
En el informe se hace también referencia a activistas que han tenido que emigrar de su país para poder continuar con su lucha; especialmente los venezolanos, que han huido a Colombia, o los nicaragüenses a Costa Rica.
Lee más sobre lo que ha pasado el último mes de enero con los activistas latinoamericanos aquí.
Turquía: en el ojo de mira del Consejo de Europa
El Consejo de Europa, organización internacional centrada en la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, ha comenzado procedimientos sin precedentes contra Turquía por la detención del activista Osman Kavala.
Kavala lleva ya más de cuatro años encarcelado en Turquía sin una sentencia firme y sin un delito probado. Está acusado de financiar las protestas contra el gobierno de 2013, y por haber jugado un papel en el intento de golpe de estado en 2016. Él rechaza estas acusaciones.
Para el Consejo de Europa, esto sienta un peligroso precedente, y aleja a Turquía de los estándares europeos e internacionales en materia judicial y de derechos humanos. No obstante, Turquía, y su propio presidente Erdogan, aboga por su “independencia judicial”, y rechaza cualquier interferencia internacional.
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España: retrasos en la protección de los defensores de derechos humanos
El pasado martes 8 de febrero conocíamos que Bruselas ha expedientado a España por no trasponer a tiempo la directiva europea de protección de delatores o whistleblowers (Directiva 2019/1937). Prevista para el viernes 17 de diciembre, ha sido aplazada por España por falta de “algunos flecos”.
Sin embargo, la Comisión ha decidido enviar una carta de aplazamiento, dándole a España dos meses para dar explicaciones por el retraso y por el estado de la directiva. Esta será sin duda un elemento clave en la protección de los filtradores que delaten actuaciones ilícitas, ya sea en materia de contratación pública, servicios financieros, protección de datos o salud pública, entre otros ámbitos.
Por otro lado, el 4 de febrero el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos defendía la necesidad de tomar medidas para prevenir el uso del sistema judicial para silenciar e intimidar a defensores de derechos humanos, procedimiento conocido como SLAPP en inglés (strategic lawsuit against public participation), litigación estratégica contra la participación pública.
En la sesión junto a la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y organizaciones de la sociedad civil, se concluyó que los estados, empresas, inversores y la comunidad legal tienen una responsabilidad para prevenir y proteger de los SLAPP, para así crear un espacio seguro para los defensores de derechos humanos, donde ningún abuso en el mundo de la empresa quede impune.
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