Segunda jornada para el curso La justicia transicional: ¿Una solución para las víctimas?
Torres, 22 de julio. El juez Baltasar Garzón dirige la novena edición de los Cursos Universitarios de Verano de Torres (Jaén), una cita académica que, entre los días 21 y 25 de julio, permite a los alumnos de la Universidad de Jaén, y todo aquél interesado, conocer la situación actual de la justicia en España.
De este modo, la ciudad natal del magistrado se convierte un año más en el lugar perfecto para localizar estos cursos estivales, centrados en la defensa y la promoción de la Justicia y con los que FIBGAR se compromete anualmente mediante la elaboración de algunos de sus contenidos.
En esta ocasión, la Fundación Internacional Baltasar Garzón continúa esta 9ª edición mediante la celebración del curso “Justicia Transicional: ¿una solución para las víctimas?”, que reúne, los días 21 y 22 de julio, a numerosos expertos como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados de Argentina Remo Carlotto o los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y José Ricardo de Prada.
Mesa redonda: “Mecanismos de Justicia Transicional: las Comisiones de la Verdad”
La presentadora y moderadora de esta mesa ha sido Mª Carmen Muñoz Rodríguez, profesora contratada de Derecho Internacional Público de la Universidad de Jaén.Consuelo Ramón Chornet, catedrática de Derecho de la Universidad de Derecho Internacional Público y directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, ha sido la primera en tomar la palabra. “Para impulsar la tarea de los estados para recuperar la verdad, es fundamental la tarea de los agentes sociales”, ha dicho Ramón, quien ha destacado que “esa necesidad constituye una urgencia inaplazable en Estados donde se han vivido situaciones que afectan a miles de víctimas”, haciendo fundamental la restauración de la justicia. “Una de las exigencias más graves es que los familiares no sepan dónde están los restos de sus familiares para enterrarlos, o la existencia de las leyes de Amnistía”, ha afirmado la catedrática. A su juicio, “las Comisiones de la Verdad están en la raíz de la democracia”. “Ninguna democracia puede jactarse de estar a salvo de estas barbaries”, ha argumentado. “El retroceso en los derechos fundamentales es siempre posible”.Seguidamente, Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se ha centrado en las Comisiones de la Verdad en las diferentes partes del mundo. “Tienen unos perfiles que varían de un país a otro según sus características y la correlación de fuerzas políticas”, ha manifestado. Así, es distinta la solución de Argentina a la de Colombia o Chile. “La situación en España no es fácil debido a la Ley de Amnistía del 77, que obstaculiza la acción de la justicia interna”. Villán Durán ha resaltado la necesidad de que se establezca una Comisión de la Verdad en nuestro país. “Ante unos crímenes tan atroces, no cabe el perdón, ni judicial ni político”, ha continuado. “Nos encontramos ante una clara contradicción entre lo que dice el derecho internacional y la práctica interna”.Se ha dado paso a la intervención de la tercera y última ponente, Laura Zúñiga Rodríguez, profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca y asesora de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú, quien ha repasado el proceso de la creación de la comisión. En Perú existía la necesidad de conocer la verdad de un conflicto “ajeno” para buena parte de la población, un conflicto que, por otro lado, “se deshumanizó” y del que realmente “la ciudadanía no conocía lo que estaba sucediendo”. En este sentido, cuando se hizo público el informe elaborado por la Comisión de la Verdad se hizo público en 2003 creó unas gran conmoción social. A pesar de eso, ha destacado que las consecuencias más importantes que tuvo la institución de esta CV fueron “el esclarecimiento de los hechos, dejando atrás las atrocidades y dejando claro que Sendero Luminoso había sido un grupo terrorista cruel y genocida, pero también que desde el Estado se habían violado los Derechos Humanos de gran parte de la población peruana”.La Comisión por la Verdad que se creó partía de la premisa de que “no cabe la prescripción ni la amnistía”; y, aunque Fujimori dio amnistías, los jueces no la aplicaron. En opinión de Zúñiga la condena a Fujimori “es un hito en el derecho penal internacional ya que condena al mandatario por hechos ejecutados por sus subordinados”. Zúñiga ha asegurado que a las comisiones de la verdad “no les corresponde decidir las responsabilidades” y que, a pesar de que en Perú en la actualidad todavía existen excesos de violencia, cree que la sociedad peruana sí ha aprendido, pero le queda un camino por recorrer en este proceso de aprendizaje y es que “mientras exista pobreza, existirá exclusión social”.Tras las ponencias se ha abierto un turno de palabras que los asistentes han aprovechado para preguntar y reflexionar sobre algunos aspectos expuestos esta primera sesión de la jornada de hoy.
Mesa redonda: “¿Cómo contribuyen los mecanismos de justicia transicional a fortalecer las democracias? La justicia transicional en España”La presenta y modera Rafael Guerrero, director del programa La Memoria (Canal Sur)Mirta Núñez-Díaz Balant, directora de la Cátedra Memoria Histórica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ha tomado la palabra tras la presentación del periodista Rafael Guerrero, que ha recordado queAndalucía es uno de los lugares con más desaparecidos y represaliados de España en la Guerra Civil y el franquismo. Por su parte, la profesora de Ciencias de la Comunicación ha señalado la importancia de la Cátedra que dirige ya que desde el Estado se utiliza “la estrategia de rechazar lo político, cuando decisiones como no dar dinero para exhumaciones es política”.El representante de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jaime Ruiz, ha denunciado en su intervención el Derecho a la Verdad que la Transición no cumplió y “en esa falta de verdad están las raíces para construir una verdadera democracia”. Además, ha resaltado que las nuevas generaciones son las que tienen que conocer la Memoria, como herramienta fundamental para construir una sociedad democrática. “Un proceso que estará incompleto mientras haya cadáveres en las cunetas, ya que el perdón sólo viene después del conocimiento y la investigación”, ha sentenciado. “Apoyamos la vía de la querella argentina porque nos parece factible, ya que nos han cerrado las puertas jurídicas e institucionales”. Ruiz ha denunciado la abstención culposa del Gobierno español ante las víctimas y la ausencia de diálogo entre estas, y ha señalado que esta forma de entender la política al margen de los ciudadanos “es una consecuencia envenenada del franquismo”. Memoria, historia y justicia, ha afirmado, deben ir de la mano para entender el largo camino hasta conseguir la democracia y el precio que se pagó por ello. En opinión de Ruiz “Hay todavía un relato de la historia que se nutre de las concepciones franquistas”, y entre ellas ha destacado el “olvido”. Para Ruiz la memoria histórica es un elemento clave y añadió que “cuando se ignora el pasado nos llevan donde quieren”.Por su lado, Jordi Palou-Loverdos, director del Memorial Democratic de la Generalitat de Catalunya des de 2013, bajo el título de “Memorias y verdades para hacer las paces” ha disertado sobre “qué hacemos sobre las verdades del pasado y qué marcos establecemos para la convivencia”. En su opinión el caso español, a diferencia de Argentina, Chile o Perú, radica en que además de sufrir una dictadura de 40 años, esta estuvo presidida por una guerra civil que a su vez estuvo presidida por un intento fallido del golpe civil, motivo por el cual es caso español presenta una complejidad mayor.Palou-Loverdos: “No sólo debemos hacer memoria de la tragedia, sino también en los actores que hicieron posible la transición a la democracia y en este sentido no debemos perder de vista los valores de lucha que hicieron posible esta transición”. Por eso el Memorial Democràtic abarca un periodo amplio que arranca tras la Segunda República y finaliza con la lucha por la democracia.En opinión del catalán también en contextos dictatoriales se hacen políticas de memoria, así pues el paradigma de la política pública de memoria durante el franquismo es el Valle de los Caídos y los actos que allí se celebraban. Por este motivo es que el adjetivo “democrático” resulta clave para entender qué tipo de políticas públicas de memoria queremos desarrollar.Sobre si los mecanismos de justicia transicional fortalecen las democracias ha hecho referencia al necesario y particular análisis que se debe hacer en cada caso concreto. Su postura la ha ilustrado haciendo referencia al acuerdo de paz en Ruanda en agosto 1993 en el que se fijaron los mecanismos de justicia transicional; uno de ellos fue el que permitió a las fuerzas militares rebeldes permanecer en la capital, por ello –argumentó- es inexplicable que un año después tuviera lugar uno de los genocidios más escalofriantes de la historia reciente. Por tanto, “debemos decidir qué mecanismos utilizamos y cuándo” para que tengan el resultado deseado.En última instancia, le ha correspondido el turno a Alicia Moreno, abogada y miembro de Rights International Spain quien se ha referido al modelo transicional de España como “modelo del olvido del pasado absoluto”. En este sentido denuncia que en España “se pasó la página durante años sobre la violación de los Derechos Humanos de la guerra civil y del franquismo”.Alicia Moreno ha resaltado que en España la justicia transicional fue abortada tras la destitución de Baltasar Garzón, el juez que intentó abrir una investigación, y por el mismo Tribunal Supremo que se posicionó reacio a que la justicia española investigara estas violaciones de Derechos Humanos. A ello se suma en opinión de la ponente la postura del Gobierno para obtener reparación, verdad y justicia.En materia de justicia transicional “España ha quedado a las espaldas de sus obligaciones como Estado” y ha criticado duramente la posición del Gobierno del Partido Popular anclado en la teoría de que la reconciliación ya se hizo con la Transición. Moreno señaló que el Estado español ha ignorado las continuas advertencias de la comunidad internacional sobre las obligaciones contraídas en materia de derecho internacional. En este sentido, concluyó advirtiendo que “España es un modelo de olvido” en el que el Estado no cumple con sus obligaciones ignorando a las víctimas que le reclaman un cambio de política.
