Un año después: la formación anti-SLAPP es más crucial que nunca
Hace un año, el 27 de abril de 2022, la Comisión Europea (CE) aprobó una propuesta de Directiva anti-SLAPP, que se espera proporcione salvaguardas procesales contra las comúnmente denominadas “demandas estratégicas contra la participación pública” (SLAPPs) cuando estén relacionadas con asuntos civiles y tengan implicaciones transfronterizas.
El paquete propuesto se basa en tres pilares clave de protección: desestimación anticipada de los procedimientos judiciales manifiestamente infundados; otros recursos contra los procedimientos judiciales abusivos (adjudicación de costas, indemnización por daños y perjuicios y sanciones), y protección contra las sentencias SLAPP emitida por otros terceros países.
La propuesta se encuentra ahora en debate legislativo en Bruselas. Lamentablemente, la propuesta transaccional publicada por la Presidencia del Consejo de la Unión Europea reduce radicalmente el alcance de las salvaguardas de procedimiento propuestas por la CE, en particular de las disposiciones que se refieren a los casos transfronterizos. En consecuencia, se debilita significativamente el propósito mismo de la directiva, es decir, proporcionar una protección relevante contra las demandas abusivas dirigidas contra los vigilantes públicos.
Mucho depende ahora del progreso de las negociaciones interinstitucionales entre el Consejo de Ministros, y la Comisión y el Parlamento (“Triálogo”), los dos últimos mucho más partidarios de una normativa anti-SLAPP más fuerte.
Junto a la propuesta de Directiva, el año pasado la CE adoptó también una Recomendación complementaria que insta a los Estados miembros a adoptar medidas no legislativas orientadas a la formación y sensibilización de los profesionales del Derecho y de las posibles víctimas de SLAPP, a la implementación de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia jurídica, así como la recogida de datos, la elaboración de informes y su seguimiento.
Desde febrero de 2022, FIBGAR, junto a otras organizaciones europeas, está liderando el proyecto PATFox (Pioneering AntiSLAPP Training for Freedom of Expression), cofinanciado por la Comisión Europea, que apunta a capacitar a los profesionales del derecho sobre los desafíos, jurídicos y no jurídicos, que suponen las demandas contra la participación pública, a través del diseño, desarrollo e implementación del primer plan de estudios anti-SLAPP en once Estados miembros de la UE (Alemania, Malta, Chipre, Eslovaquia, España, Polonia, Eslovenia, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Hungría).
Durante el último año, el consorcio PATFox ha trabajado para alcanzar sus dos objetivos: desarrollar el primer plan de estudios europeo contra las SLAPP, y formar a abogados/as europeos/as que defiendan a periodistas y organizaciones de medios de comunicación, ONG y activistas contra estas demandas abusivas.
El plan de estudios anti-SLAPP se basa tanto en la experiencia internacional y los principios europeos de derechos humanos, como en los conocimientos procesales y la jurisprudencia locales.
El plan de estudios central está diseñado para proporcionar una breve visión general de las características de las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPPs) y de cómo pueden ser identificadas, para después establecer los parámetros de los temas legales relevantes del fenómeno. En este sentido, orienta sobre la interacción entre SLAPPs y derechos humanos, e incluye un análisis de la Propuesta de Directiva Anti-SLAPP. Por último, el temario central analiza las implicaciones de las SLAPPs en términos de Derecho internacional privado, y las cuestiones relacionadas con la libertad de información y las solicitudes de acceso de los sujetos.
Por otro lado, los planes de estudios locales se han elaborado en función de los contextos locales específicos, ya que se detectaron diferentes necesidades que reflejan una variedad de retos propios de los diferentes entornos socioculturales. Por ello, los socios de PATFox llevaron a cabo una investigación holística sobre el fenómeno de SLAPP en sus países, mapearon las herramientas sustantivas y procesales utilizadas en el país de cada socio a los efectos de SLAPP, examinaron las herramientas utilizadas para defenderse contra SLAPP, investigaron los objetivos y los perpetradores de SLAPP, y llevaron a cabo un análisis de estudio de caso, destacando cualquier vulnerabilidad expuesta por el caso.
Entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, casi 200 abogados/as asistieron a nuestros 11 talleres, que se realizaron. Esta primera ronda de formación ha demostrado que existe una gran necesidad de formación adecuada para los profesionales del Derecho (tanto jueces como abogados que actúan como defensores en los procedimientos), así como de actividades educativas más amplias dirigidas al público en general de todos los Estados miembros, incluso fuera de los países de nuestro Consorcio.
Entonces, un año después de la adopción del paquete anti-SLAPP, mientras que el proceso de negociación parece traicionar las promesas iniciales, las actividades de formación y sensibilización parecen ser la mejor estrategia a nuestra disposición para hacer frente con eficacia a las demandas abusivas contra periodistas y defensores de los derechos humanos europeos.
Madrid, 27 de abril de 2023.
