Un pueblo de pie. Avances y frenos al desmantelamiento de la protección del ambiente en Argentina bajo el gobierno de Javier Milei
Históricamente, Argentina se ha posicionado como pionero, referente y garante de derechos humanos en todo el mundo. En los últimos 40 años, es uno de los pocos países que ha ratificado todos los tratados internacionales que los protegen, otorgándoles jerarquía constitucional (ACNUDH 2024) y, como destaca la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, “el país también ha asumido un notable liderazgo en la negociación de estos tratados y aportado con la experiencia argentina al avance de los derechos más allá de sus fronteras” (ACNUDH 2024).
Las cuestiones ambientales no han quedado exentas de este proceso. Si bien Argentina es un país principalmente agroexportador, con los desafíos que eso implica en materia ambiental, desde la década de 1970 se ve en el país un proceso de institucionalización de la protección del ambiente. En 1983, el Consejo para la Recuperación de la Democracia recomendó:
“a. Reconocer el derecho humano, y el deber correspondiente, al ambiente capaz de sostener la vida de las generaciones presentes y futuras. Asimismo, reconocer el derecho a las personas de defensa del ambiente en los estrados judiciales.
b. Establecer el deber del Estado de garantizar un ambiente capaz de sostener la vida de los habitantes de la Nación, en virtud de las generaciones actuales y futuras” (Gutierrez y Isuani 2014).”
Estas ideas fueron finalmente trasladadas a la Constitución, con su reforma en 1994, donde quedó establecido en su Artículo 41 el «derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”.
Sin embargo, lo que vemos en los últimos dos años es un grave retroceso en este camino. Con medidas impulsadas desde el propio gobierno nacional, presidido desde el 10 de diciembre de 2023 por Javier Milei, se han observado: retrocesos en el rol de Argentina como referente de Derechos Humanos a nivel internacional, con votaciones en la Asamblea General que se oponen a diversas resoluciones en la materia (Amnistía Internacional 2025); ataques a la libertad de expresión y la integridad personal de periodistas y defensores de derechos humanos (Amnistía Internacional 2026); retrocesos en materia ambiental, con la flexibilización de leyes de protección en favor de la industria minera y extractivista.
Desde su campaña electoral, Javier Milei ha dejado muy en claro que no “cree” en el cambio climático por considerarlo “un invento del socialismo”, pero lo que se presencia en el último año no es únicamente una provocación discursiva sino un retroceso desmedido de las leyes de protección que ha logrado construir la sociedad argentina bajo el mandato de la Constitución durante los últimos 50 años.
Por lo tanto, el objetivo del presente artículo es repasar las dos regresiones ambientales más graves que ha tenido Argentina este 2026: la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) –aprobada por el Congreso el pasado 9 de Abril– y la propuesta para reformar las Leyes de Tierras y Manejo del Fuego, en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Estos hechos se inscriben en un retroceso vivido por el país sudamericano en materia de derechos humanos en general, y sientan precedentes irreversibles en la protección de la tierra y los compromisos asumidos tanto en interés del pueblo argentino como de la comunidad internacional.
Reforma de la Ley de Glaciares
En 2010, Argentina logró aprobar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, un éxito legislativo en materia ambiental por ser considerada una ley de vanguardia, pionera en la protección del ambiente periglacial, que muchas veces es descuidado e ignorado y es parte integral de un ecosistema que ayuda a mantener la temperatura de la Tierra, prevenir eventos climáticos extremos y ser un reservorio de agua dulce para millones de personas (Greenpeace, 2026). A este respecto, se afirma que: “Los glaciares almacenan el agua que cae en formas de precipitación nívea y la liberan en periodos de deshielo, alimentado ríos y otros cursos superficiales, y que también se infiltra recargando acuíferos. Pero no sólo son fuentes de almacenamiento y provisión de agua, sino también actúan en la regulación del ciclo hidrológico, en la regulación climática, en el soporte de ecosistemas y otros servicios ambientales” (FCEN 2026).
En Argentina se han identificado 16.968 glaciares, distribuidos a lo largo de toda la Cordillera de los Andes y atravesando 12 provincias, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Son un ecosistema central del país.
La ley establecía que la protección del ambiente glacial y periglacial bajo la supervisión del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Es decir, eran los expertos científicos quienes determinaban qué áreas debían estar protegidas de la minería y otras actividades perjudiciales con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del ecosistema y la provisión de agua dulce a millones de argentinos.
Actualmente, con la reforma a la Ley presentada a comienzos del año 2026 en el Congreso por el Ejecutivo y aprobada el pasado 9 de abril, se quita el resguardo a sectores antes protegidos, como es el ambiente periglacial, a la vez que se elimina la autoridad del IANIGLA para determinar si la explotación de un sector puede tener repercusiones ambientales o no. Quienes pasan a tomar esa decisión son las autoridades de cada provincia, que según su propio criterio podrán considerar si el sector que se busca explotar cumple una “función hídrica relevante” o no. Sin embargo, los expertos han destacado que “no existe ningún cuerpo de agua, tampoco de agua sólida como un glaciar, que no cumpla una función hídrica. La comprobación de la función hídrica de un cuerpo de agua, y de un glaciar como tal, es su sola existencia” (FCEN 2026).
Esto fue defendido por el gobierno nacional con el argumento de que brindaría mayor federalismo y seguridad jurídica. Pero lo que logra es exactamente lo contrario: la consecuencia es fragmentar el país en 12 regímenes legales distintos, restando poder a algunas provincias y maximizando el de otras. Es decir, cada una de las 12 provincias con glaciares en su territorio va a poder decidir de forma aislada cuál glaciar tiene relevancia hídrica y cuál no, sin criterio científico y sin coordinación nacional.
Por sobre esto, ha sido igual de preocupante la banalización de la discusión por parte de los funcionarios públicos. Tanto en el debate legislativo como en las declaraciones del Ejecutivo nacional, se evidenció un claro desconocimiento, impartiendo desinformación sobre un tema que, por las repercusiones que tendrá, es especialmente sensible para la sociedad. Enzo Fullone, Senador Nacional por el partido oficialista La Libertad Avanza, se refirió en pleno debate a los glaciares como “rocas congeladas a 4000 metros que hoy no sirven para nada”. Por su parte, desde el partido oficialista defendieron la reforma compartiendo la frase: “si los kukas [alusión de tinte peyorativo al partido de oposición] lloran, es una gran medida para el país”.
Esto da cuenta de que los retrocesos en Argentina permean distintas capas: es un retroceso legislativo en términos de derechos ambientales, un retroceso en la calidad democrática por la banalización del debate público y un retroceso en la libertad de expresión y la convivencia democrática por los ataques desde el partido oficialista a la principal fuerza opositora, reforzando la polarización social y el ataque a quienes defienden una postura diferente.
Esto se vio reflejado en otra cuestión que afectó el debate en el marco de la reforma: la audiencia pública. En su Artículo 7.2, el Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, establece que:
“Cada Parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo cuando puedan afectar la salud”.
De acuerdo a este instrumento, el gobierno argentino tiene la obligación internacional de garantizar la participación de la sociedad en el debate. En ese sentido, cuando se convocó a una audiencia pública la ciudadanía respondió: más de 100.000 argentinos de todo el país se anotaron para posicionarse y hacerse escuchar. Es una cifra sin precedentes. La última audiencia pública que había generado tal interés había sido por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en 2018, cuando se anotaron 738 expositoras/es y se les otorgó 15 días para exponer, en un período de dos meses. Para la reforma a la Ley de Glaciares, a pesar de que se anotaron 135 veces más personas, únicamente se le dedicó 2 días a las exposiciones, y uno de ellos únicamente para participación virtual.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada: Tierras y Manejo del Fuego
Siguiendo con el objetivo declarado de fomentar inversiones extranjeras, el pasado 6 de agosto el Ejecutivo envió al Senado otras dos reformas en el marco del Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: una reforma en la Ley de Tierras Rurales y una reforma en la Ley de Manejo del Fuego. ¿De qué se tratan las reformas y por qué están relacionadas entre sí?
La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras –conocida como Ley de Tierras–se sancionó en 2011 con el objetivo de limitar la cantidad de hectáreas en zonas productivas que pueden estar en manos extranjeras, y prohibir la venta de zonas estratégicas. El proyecto de reforma presentado, en este sentido, busca flexibilizar esos límites con el objetivo de que capitales extranjeros puedan acceder a mayores porciones de tierra en el país, lo que podría incrementar las grandes concentraciones de tierra en manos de capitales extranjeros y, por consecuencia, la soberanía nacional.
Sin embargo, el proyecto no incluye sólo esta modificación sino prevé además una reforma en la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. Esta, sancionada en 2020, establece presupuestos mínimos para la prevención de incendios forestales y prohíbe la comercialización y cambio en el uso del suelo quemado por los siguientes 60 años (o 30, si se trata de zonas agropecuarias). El objetivo, justamente, es evitar la proliferación de negocios en tierras incendiadas, en un país que todos los años ve miles de hectáreas de bosque nativo hechas cenizas. Para tener de referencia, en el último año se quemaron 437.000 hectáreas en todo el país y se demostró que el 95% de los incendios se debieron a causas humanas.
La modificación simultánea de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego abre una línea de interpretación que merece especial atención: dicho marco normativo, en la práctica, deja los suelos afectados por incendios en una situación de desprotección jurídica que podría facilitar su reconversión hacia usos productivos, creando así condiciones más favorables para el desarrollo de negocios y, eventualmente, para el ingreso de inversión extranjera en dichas zonas.
Los incendios forestales son una de las principales problemáticas ambientales en Argentina. Se destruye el suelo afectando especies nativas, la calidad del aire y la vida de los vecinos. Este año, más de 3000 personas fueron evacuadas y más de 120 familias perdieron sus hogares.
La sociedad civil es profundamente consciente de esta situación. En este sentido, bajo el lema “Argentina no está en venta”, artistas, ONGs, deportistas, científicos, referentes del ámbito popular y ciudadanos de todo el país se movilizaron en redes sociales y salieron a las calles de las principales ciudades argentinas para frenar el tratamiento de la ley.
Ante la presión y la falta de votos en el Senado, el gobierno nacional debió retirar el capítulo de Ley de Tierras del proyecto, siendo este el sexto revés desde la primera vez en que el presidente intentó realizar está modificación como Decreto de Necesidad y Urgencia en el año 2023. Lo que finalmente sí llegó al recinto fue la reforma a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, durante la sesión, nuevamente ante la falta de votos suficientes y las calles de los alrededores del Congreso llenas, el capítulo fue retirado.
Esto, de todos modos, no implica que estas reformas regresivas no se vuelvan a debatir nuevamente ante el Congreso. Como analizamos, son parte del proyecto de país que busca construir y consolidar jurídicamente este gobierno. Ambas leyes volvieron a comisiones y se espera que vuelvan al recinto en los próximos meses.
¿Quién dijo que todo está perdido?
Lo que se está viendo en Argentina en los últimos años, y de forma muy marcada en el año 2026, es un retroceso cada vez más acelerado en materia de protección ambiental, en particular, y en materia de derechos humanos y consensos democráticos, en general.
El gobierno de Javier Milei no solo impulsa reformas que vulneran la protección del ambiente, de leyes alcanzadas tras décadas de lucha y pioneras a nivel internacional, sino que banaliza sus debates, asociando la protección ambiental solamente a la opinión de la oposición política, desinformando a la población sobre las consecuencias de las reformas y atacando sistemáticamente a quienes se oponen a ellas. La represión desproporcionada en los alrededores del Congreso durante la movilización del 6 de agosto comenzó prácticamente desde el inicio de la concentración –pacífica– y dejó, al menos, 1.500 heridos (Amnistía Internacional).
A pesar de todo ello, la sociedad civil argentina permanece alerta y activa. Frente a la reforma de la Ley de Glaciares, la sociedad organizada presentó una demanda colectiva y denunció la vulneración del Acuerdo de Escazú, el cual Argentina está obligado a cumplir bajo el principio de irretroactividad de la legislación ambiental. Frente al Proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue la presión social, liderada por movimientos políticos y sociales y tomada como bandera por artistas y referentes, lo que frenó un avance crucial en el Congreso.
Lo que avanza es la especulación económica sobre la tierra. Pero todavía estamos a tiempo de informar desde la ciencia y el conocimiento para defender el rol de Argentina como garante de los derechos humanos y el respeto por los compromisos asumidos.
Por Milena Maceiras, Licenciada en Relaciones Internacionales, por la Universidad Nacional de San Martín, y Maestranda en Gobernanza y Derechos Humanos, por la Universidad Autónoma de Madrid.
Este artículo fue seleccionado en la convocatoria de artículos (Call for Papers) del Observatorio ALERTA Latam de FIBGAR, dirigida al alumnado del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos al autor su valiosa contribución a este espacio de análisis y reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta América Latina, y su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia y la democracia en la región.
REFERENCIAS
ACNUDH. 2024. OPINIÓN. Argentina: Para un mundo convulsionado, más derechos humanos. Publicado el 10 de diciembre de 2024. Consultado por última vez el 4 de Mayo de 2026. Disponible en: https://acnudh.org/opinion-argentina-para-un-mundo-convulsionado-mas-derechos-humanos/
Amnistía Internacional. 2025. Lo que dejó la Asamblea General de la ONU para Argentina: aislamiento, duras advertencias y un país que volvió a dar la nota. Publicado el 1 de diciembre de 2025. Consultado por última vez el 4 de Mayo de 2026. Disponible en: https://amnistia.org.ar/noticias/lo-que-dejo-la-asamblea-general-de-la-onu-para-argentina-aislamiento-duras-advertencias-y-un-pais-que-volvio-a-dar-la-nota
Amnistía Internacional. 2026. Retos en derechos: a dos años de gestión de Javier Milei. Disponible en: https://amnistia.org.ar/storage/uploads/f873aff2-afe1-405d-8ecf-a596b9df2b4e/Informe-DDHH-Retos-2025.pdf?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=Informe%20Anual%2020252026
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN). 2026. Sobre la reforma en la Ley de Glaciares. Universidad Nacional de Mar del Plata. Publicado el 27 de febrero de 2026. Consultado por última vez el 4 de mayo de 2026. Disponible en: https://exactas.mdp.edu.ar/sobre-la-reforma-en-la-ley-de-glaciares/
Greenpeace. 2026. #Salvemoslosglaciares. Consultado por última vez el 4 de Mayo de 2026. Disponible en: https://www.greenpeace.org/argentina/participa/glaciares-en-peligro/
Gutierrez, R.A; Isuani, F.J. 2014. La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina. Rev. Adm. Pública 48 (2). Abr 2014. https://doi.org/10.1590/0034-76121700
