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— Reunión anual de la Asamblea de los Estados Parte de la Corte Penal Internacional
La primera semana de diciembre participamos en diferentes eventos y conferencias que tuvieron lugar a propósito de la reunión anual de la Asamblea de Estados Parte de la Corte Penal Internacional en La Haya, promoviendo la incorporación del crimen de ecocidio en el Estatuto de Roma.El término ecocidio se hace referencia a “la pérdida, destrucción o daño extenso de uno o más ecosistemas en un territorio determinado, de modo que impida o perturbe severamente el disfrute pacífico de los habitantes de dicho territorio”, según la definición que nos legara Polly Higgins.

Estos desastres naturales de alarmantes dimensiones causados por la mano de grandes corporaciones, perpetrados generalmente con la complicidad o la aquiescencia del Estado, dejan un rastro infinito de sufrimiento, provocando el desplazamiento de poblaciones enteras, habitualmente indígenas, destrucción de su cultura y forma ancestral de vida, además de heridos y muertos, incluidos los asesinatos de defensores del medioambiente, como la ecologista hondureña Berta Cáceres, o de tantas y tantos líderes indígenas en la Amazonia brasileña o en la región del Cauca en Colombia.

A pesar de que estos actos destructivos de los ecosistemas y de sus habitantes se traducen en una amenaza constante para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad, no están penalizados como crímenes internacionales autónomos, y su configuración en los crímenes ya existentes, como genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad, no siempre es posible o no tiene la debida acogida.

Por eso, urge una toma de posición de la comunidad internacional.

En esta línea, Rodrigo Lledó, codirector de FIBGAR, fue invitado a intervenir en la conferencia “Investigación y enjuiciamiento del Ecocidio: el papel actual y futuro de la Corte Penal Internacional”, junto a otros expertos internacionales como Valerie Cabanes, Richard Rogers y JoJo Metha, con el objetivo de analizar la compatibilidad del sistema de derecho penal internacional con los crímenes ambientales y la consecuente necesidad de una modificación del Estatuto de Roma.

Rodrigo Lledó señaló que, si bien la Fiscalía de la Corte Penal Internacional hizo referencia en un documento de trabajo interno del año 2016 a su interés en otorgar especial prioridad a la persecución de crímenes en los que exista destrucción ambiental, las facultades de la Fiscalía son limitadas y no puede ir más allá de la propia jurisdicción de la Corte.

Por ello se hace necesario que los Estados signatarios propongan y respalden una enmienda del Estatuto de Roma, que incorpore el ecocidio como crimen de competencia de la Corte. Ello ocurrió por primera vez el 2 de diciembre de 2019 en la voz de John H. Licht, representante de la República de Vanuatu, un país insular localizado en el Pacífico Sur. Se trata de un paradisíaco archipiélago de origen volcánico que en los próximos años va a desaparecer por la subida del nivel de los océanos, pero que incluso hoy sus habitantes sufren día a día los efectos del cambio climático.

El emprendido por Vanuatu es un pequeño paso de gigante, pero claramente se requiere lo antes posible de un compromiso mucho mayor de parte de toda la comunidad internacional, ya que constituye una pieza fundamental para la sobrevivencia de la humanidad. Así lo dijo Alessia Schiavon, abogada del Departamento Legal de FIBGAR, durante el evento paralelo “From Harmony to Harm” con ocasión de la presentación de un extracto del documental “The Code”, que relata el recorrido que ha tenido la Jurisdicción Universal desde la detención de Pinochet en Londres por orden del Juez Baltasar Garzón, actualmente presidente de FIBGAR, hasta la propuesta que nos dejara la abogada escocesa Polly Higgins, una de las figuras más inspiradoras del Movimiento Verde desde hace décadas. El documental culmina con este nuevo Código (The Code) para combatir la impunidad contra los crímenes internacionales, incluidos los que ahora amenazan con más fuerza a la humanidad, como la destrucción medioambiental. Este nuevo Código son los Principios de Jurisdicción Universal Madrid – Buenos Aires.

Sin duda, se trata de un enorme desafío en materia de gobernanza global que requiere aunar y coordinar esfuerzos, pero también de un cambio de mirada, para que comencemos a reconocer a nuestro planeta, a nuestra madre naturaleza, a la Pachamama como dicen los indígenas, o a nuestra Casa Común como ha señalado recientemente el Papa Francisco,  como un bien común global supremo y, por tanto, no sólo como un objeto de posesión y dominio sino como un sujeto de derecho de imprescindible protección.

Por eso, intervinimos también en el evento “Building Alliances in the Face of Ecocide”, explicando las condiciones necesarias para poner en marcha el procedimiento de enmienda del Estatuto de Roma, en el que tuvimos ocasión además de generar alianzas con otras organizaciones que al rededor de todo el planeta comparten nuestra misma preocupación.

Asimismo, marcamos nuestra presencia  también en otros eventos relacionados con el tema de ecocidio como “The Prosecution of economic and financial crimes: towards an extension of the ICC’s jurisdiction”, “Fortalecer la CPI y el sistema del Estatuto de Roma: perspectivas de Latino América y el Caribe”“Pursuing Universality of the Rome Statute in an evolving International Context: persistent Challenges, new dimensions, and adaptive strategies” and “The value of a harm-based, victim-centred approach to reparative justice”.

Ahora más que nunca, en FIBGAR seguimos trabajando para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras y combatir la impunidad de estos nefastos actos delictivos contra el medioambiente y la humanidad en su conjunto.

Rodrigo Lledó, Codirector; Alessia Schiavon, Departamento Legal I FIBGAR