Avanza el proceso hacia una Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad: los Estados presentan sus propuestas de enmienda
El proceso de adopción de una Convención Internacional sobre la Prevención y el Castigo de los Crímenes de Lesa Humanidad continúa avanzando en el seno de las Naciones Unidas. En ese sentido, luego de años de debate en la Comisión de Derecho Internacional y en la Asamblea General, el proceso ha entrado en una nueva etapa con la publicación de las propuestas de enmienda presentadas por los Estados al proyecto de artículos que servirá de base para las futuras negociaciones del tratado.
La amplia participación de países de todas las regiones del mundo –más de sesenta Estados los que remitieron observaciones y propuestas antes de la fecha límite fijada para el 30 de abril de 2026–, refleja el creciente reconocimiento de la necesidad de contar con un instrumento internacional específico para la prevención y sanción de los crímenes de lesa humanidad, una de las principales lagunas que persisten en la arquitectura jurídica internacional.
La publicación de estas propuestas representa un momento particularmente relevante dentro del proceso. De conformidad con la resolución 79/122 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las enmiendas presentadas por los Estados serán incorporadas a un texto compilado que servirá de base para los trabajos del Comité Preparatorio y, posteriormente, para las negociaciones de la Conferencia de Plenipotenciarios prevista para 2028 y 2029.
La importancia de esta fase radica en que las negociaciones futuras partirán precisamente de ese texto consolidado. Las propuestas actualmente sobre la mesa permiten identificar las prioridades de los distintos Estados y anticipar algunos de los debates que marcarán la negociación de la futura convención, desde el alcance de las obligaciones estatales hasta la definición misma de determinadas conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad.
Un proceso impulsado por décadas de desarrollo del derecho internacional
El proyecto de artículos sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad fue elaborado por la Comisión de Derecho Internacional tras varios años de trabajo y fue presentado a la Asamblea General en 2019. Desde entonces, diversos Estados, organizaciones internacionales, expertos y organizaciones de la sociedad civil han participado en un intenso proceso de discusión sobre la conveniencia y el contenido de una futura convención internacional.
El objetivo de este futuro instrumento es fortalecer la cooperación internacional, promover la prevención de estos crímenes, reforzar las obligaciones estatales de investigación y enjuiciamiento y garantizar una mayor protección para las víctimas, consolidando también estándares de prevención. Asimismo, la futura convención podría contribuir a consolidar mecanismos de cooperación judicial, extradición y asistencia mutua entre Estados, aspectos esenciales para combatir la impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad.
La participación activa de la sociedad civil también ha desempeñado un papel destacado durante este proceso. Numerosas organizaciones, redes académicas y grupos de expertos han formulado recomendaciones sobre cuestiones como la protección de las víctimas, la incorporación de una perspectiva de género, los derechos de la infancia o el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación internacional. Muchas de estas propuestas encuentran ahora reflejo en algunas de las enmiendas presentadas por los Estados.
Las propuestas presentadas por España
Entre las contribuciones remitidas a Naciones Unidas destaca la propuesta presentada por España, que incorpora diversas modificaciones orientadas a fortalecer la protección de las víctimas y actualizar el proyecto de artículos a la luz de la evolución reciente del derecho internacional.
Uno de los cambios más relevantes consiste en la ampliación de las formas de violencia sexual y reproductiva incluidas en la definición de crímenes de lesa humanidad. España propone incorporar expresamente el matrimonio forzado junto a otras conductas ya contempladas, como la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado o la esterilización forzada. Asimismo, introduce una definición específica de matrimonio forzado dentro del texto del tratado.
Otra de las propuestas destacadas es la incorporación del crimen de apartheid de género como una categoría autónoma dentro de los crímenes de lesa humanidad. La propuesta española plantea reconocer expresamente aquellos regímenes institucionalizados de opresión y dominación sistemática basados en el género, una cuestión que ha adquirido creciente relevancia en los debates contemporáneos sobre justicia internacional y derechos humanos, en particular en relación a la situación vivida por millones de mujeres afganas en manos del régimen talibán desde el año 2021.
Además, más allá de la incorporación de estas categorías específicas, la propuesta española refleja una preocupación constante por integrar una perspectiva de género en distintos ámbitos de la futura Convención. Esta aproximación parte del reconocimiento de que las experiencias, riesgos y consecuencias de los crímenes de lesa humanidad pueden variar en función del género, por lo que las respuestas jurídicas e institucionales deben ser capaces de identificar y abordar esas vulneraciones diferenciadas. En conjunto, la propuesta de enmiendas presentadas por el gobierno español buscan que el futuro instrumento responda de manera más adecuada a las formas específicas en que mujeres, niñas y otras personas pueden verse afectadas por los crímenes de lesa humanidad, en línea con la evolución reciente del derecho internacional de los derechos humanos y de la justicia internacional.
España también propone ampliar los motivos de persecución contemplados en el proyecto de artículos para incluir expresamente la edad, reforzando así la protección frente a prácticas discriminatorias dirigidas contra determinados grupos etarios.
En materia de derechos de las víctimas, la propuesta pone un énfasis especial en las garantías de participación, protección y reparación. El texto reconoce expresamente el derecho de las víctimas a obtener reparación por daños materiales y morales, tanto de forma individual como colectiva, incluyendo medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Asimismo, España plantea reforzar los mecanismos de cooperación internacional y consolidar el principio aut dedere aut iudicare, según el cual un Estado debe extraditar o juzgar a los presuntos responsables de crímenes internacionales cuando se encuentren bajo su jurisdicción.
Finalmente, la propuesta española elimina la posibilidad de que los Estados excluyan la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver controversias relacionadas con la interpretación o aplicación de la futura convención. Esta modificación busca fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar una aplicación más uniforme del tratado una vez entre en vigor.
Un momento decisivo para la justicia internacional
La publicación de las propuestas estatales constituye un paso importante hacia la eventual adopción de una convención largamente esperada por la comunidad internacional. Más allá de las diferencias existentes entre los distintos enfoques nacionales, el elevado nivel de participación demuestra que existe un interés creciente en avanzar hacia un instrumento que permita reforzar la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad.
Durante los próximos años, el Comité Preparatorio y posteriormente la Conferencia de Plenipotenciarios deberán abordar cuestiones complejas relacionadas con la definición de los crímenes, la jurisdicción, la cooperación internacional, la protección de las víctimas y los mecanismos de solución de controversias. El resultado de esas negociaciones será determinante para el futuro del sistema internacional de rendición de cuentas.
La futura convención tiene el potencial de fortalecer el marco jurídico internacional existente, complementar otros instrumentos de justicia internacional y contribuir a cerrar una de las lagunas normativas más relevantes en la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto.
