Colombia ratifica el Acuerdo de Escazú: un hito en la protección del ambiente
En el informe anual “Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente al frente de la crisis climática” de 2023 elaborado por Global Witness se destacó que Colombia es el país con mayor número de asesinatos de personas defensoras del ambiente, alcanzando los 60 casos en 2022. Brasil, quien se posiciona en el segundo de la lista, ha registrado 34 casos, por lo que Colombia ostenta casi el doble de asesinatos que Brasil. Colombia ha sufrido dos tercios de los 177 ecologistas que murieron en todo el mundo, convirtiéndose en el país más peligroso del mundo para los y las defensoras de los derechos humanos en el contexto ambiental. “Ellos protegen el territorio de todos, pero nadie los protege a ellos” afirmó Gabriella Bianchini, investigadora de la Global Witness.
Latinoamérica, una región azotada por el cambio climático y la explotación desenfrenada de los recursos naturales, se ha convertido en la más peligrosa para estos activistas, empeorando la situación exponencialmente y poniendo en “peligro de extinción” a estos defensores y defensoras.
Estos datos ponen de relieve la urgencia de la situación y suponen un recordatorio del trabajo y el compromiso que requiere esta problemática. Sin embargo, hasta este momento, ni los esquemas de seguridad, ni las denuncias, ni las medidas adoptadas al respecto han logrado frenar el historial de violencia contra los defensores ambientales en Colombia.
En un intento por promover una protección integral y efectiva de las personas defensoras del ambiente, así como para preservar la biodiversidad, el pasado 28 de agosto Colombia ratificó finalmente su ingreso como país firmante del Acuerdo de Escazú. Este paso histórico tomado por la Corte Constitucional Colombiana supone un hito en el país, ya que el Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica el 4 de marzo de 2018, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, además de ser el único en el mundo, que incluye la primera disposición vinculante sobre la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, reconociéndoles tres derechos fundamentales: el acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Jorge Enrique Ibáñez, líder de la ponencia en la Corte Constitucional de Colombia, afirmó “este fallo representa un avance significativo en la protección de los derechos ambientales y en la consolidación de la democracia ambiental en el país”.
El Acuerdo, a pesar de ser firmado por una amplia cantidad de Estados, llegando a 24 países, tan solo 16 países lo han ratificado hasta la fecha (Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay y Colombia).
La ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Colombia se enfrenta ahora a su mayor reto, la verdadera y efectiva implementación del Acuerdo en todo el territorio colombiano. En este sentido, el Ministerio de Ambiente ha adelantado los diálogos para comenzar a poner en marcha el Sistema Nacional de Control Social Ambiental y un Protocolo de Reacción ante situaciones de riesgo para las personas defensoras ambientales y garantizar su seguridad. Susana Muhamad, ministra de ambiente, afirmó al respecto que el gobierno, consciente de este gran reto, ya ha empezado a trabajar en la implementación efectiva del Acuerdo, avanzando en la creación de la Comisión Interinstitucional para una implementación integral del Acuerdo de Escazú y el Programa Alerta por mi ambiente, una iniciativa que promueve la participación ciudadana, el acceso a la información y la mejora de la gobernanza ambiental de Colombia.
Colombia ha dado un paso histórico que marca un antes y un después en su trayectoria en la defensa del ambiente. La ratificación del Acuerdo de Escazú no solo es un triunfo para la gobernabilidad ambiental, sino que supone un aumento de su compromiso con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico inclusivo y la protección de la biodiversidad. El país colombiano ha avanzado hacia un estado más justo e igualitario para las generaciones presentes y futuras.
Carmen Coleto Martínez, Responsable de proyectos de FIBGAR
4 de septiembre de 2024
