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Día Internacional del Abogado: Compromiso con la Justicia y los Derechos Humanos

El Día Internacional de quienes ejercen la abogacía, conmemorado el 3 de febrero, es una ocasión para reflexionar sobre el papel las personas dedicadas al ejercicio del Derecho en la promoción de la justicia y la defensa de los derechos humanos. Su contribución representa un contrapeso frente a los abusos de poder y la impunidad fortaleciendo la construcción de sociedades más democráticas y equitativas.

A su vez, esta fecha invita a visibilizar los desafíos que enfrentan quienes defienden los derechos humanos en entornos hostiles. Muchas de dichas personas enfrentan amenazas, persecuciones judiciales y sacrifican su libertad, e incluso su vida, en nombre de principios fundamentales como la equidad, la dignidad humana y el respeto del Estado de Derecho.

Un ejemplo reciente de los desafíos que enfrentan son las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPPs). Estas demandas, utilizadas para silenciar críticas y obstaculizar la labor de quienes defienden los derechos humanos y periodistas, representan una amenaza creciente para la libertad de expresión.

En este sentido, FIBGAR lideró el proyecto PATFox (Pioneering AntiSLAPP Training for Freedom of Expression) que diseñó, desarrolló e implementó el primer plan de estudios anti-SLAPP en Europa. Gracias a esta iniciativa, más de 200 profesionales de la abogacía en 11 países europeos fueron capacitados para enfrentar estos desafíos, fortaleciendo las capacidades legales para proteger la libertad de expresión.

De dicha manera, se evidencia la importancia de proteger a las personas profesionales del Derecho, especialmente a aquellos que trabajan en defensa de los derechos humanos, lo que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Diversos instrumentos y mecanismos han sido desarrollados para garantizar su seguridad e independencia:

  • Principios Básicos sobre la Función de los Abogados. Este documento fue adoptado en 1990 en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente. Formula principios para ayudar a los Estados Miembros en su tarea de promover y garantizar la función adecuada de quienes ejercen la abogacía estableciendo estándares fundamentales para la profesión. Dentro de las garantías para el ejercicio de la profesión, los gobiernos deben garantizar que las personas que ejercen la abogacía:
  1. Ejerzan su labor sin intimidación, obstáculos, acoso ni interferencias indebidas.
  2. Viajen y se comuniquen libremente con sus clientes dentro y fuera del país.
  3. No sean objeto de persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole debido a su labor profesional.
  4. Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos. Esta declaración adoptada por consenso por la Asamblea General en 1998 identifica a quienes defienden los derechos humanos como individuos o grupos que actúan para promover, proteger o luchar por la protección y realización de los derechos fundamentales. Además, reconoce el papel clave de estos, consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los tratados jurídicamente vinculantes y en el sistema internacional de los derechos humanos.
  • Relatoría Especial sobre los Defensores de los Derechos Humanos. El mandato de esta Relatoría fue establecido en el 2000 por la Comisión de Derechos Humanos. El mandato de la ONU consiste en promover la aplicación efectiva e íntegra de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, recomendar estrategias eficaces para proteger mejor a quienes defienden dichos derechos y realizar seguimiento de tales recomendaciones. Además, integra la perspectiva de género, prestando especial atención a la situación de las defensoras de derechos humanos, muchas veces abogadas y periodistas. 
  • Convenio Europeo sobre la protección de la profesión de la abogacía. A nivel europeo, en septiembre de 2024, el Comité de Expertos sobre la Protección de la Abogacía (CJ‑AV) del Consejo de Europa finalizó la redacción de dicho Convenio el que se espera se adopte durante el primer semestre de 2025. Es un instrumento jurídico vinculante, que no admitirá reservas, para garantizar que quienes ejercen la abogacía puedan realizar su labor sin miedo, prejuicios ni restricciones indebidas.

En el contexto actual, marcado por el resurgimiento de amenazas antidemocráticas, el papel de las personas dedicadas al ejercicio del Derecho es más importante que nunca. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la abogacía.

Además, es crucial que la sociedad civil, las organizaciones internacionales y quienes ejercen el Derecho trabajen conjuntamente para:

  1. Visibilizar los retos que enfrentan en la defensa de los derechos humanos.
  2. Exigir marcos legales que salvaguarden su independencia y refuercen mecanismos de protección.
  3. Fortalecer iniciativas globales como la capacitación frente a SLAPPs y otras amenazas legales.

En definitiva, el Día Internacional del Abogado es un recordatorio de la importancia de la abogacía, particularmente evidente en el contexto de los derechos humanos. Las personas dedicadas al ejercicio del Derecho no solo representan a las comunidades más vulnerables sino que promueven un acceso equitativo a la justicia.

Urge un verdadero compromiso de los Estados, las organizaciones y la sociedad en su conjunto para proteger a quienes protegen. Debemos garantizar la seguridad, la independencia y reconocer a quienes ejercen la abogacía como pilares fundamentales de la democracia y los derechos humanos.

Mariana Larrosa Fernández, colaboradora de FIBGAR

3 de febrero de 2025