Día Internacional del Derecho a la Verdad: un compromiso con la Memoria y la Justicia
Desde el año 2011, a partir de la Resolución 65/196, cada 24 de marzo se conmemora el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”.
La elección del día se produjo en honor y tributo al arzobispo salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980 en situaciones que aún no se han podido esclarecer. Romero, se destacó enormemente por su incansable defensa de los derechos humanos durante la década de 1970, en el contexto de dura represión y violencia en El Salvador fundamentalmente contra los campesinos organizados. Su figura es representativa de los valores y la dedicación en defensa de los derechos humanos, la solidaridad con las familias víctimas de la represión y la denuncia de las autoridades responsables de los crímenes. Su labor de compromiso con el pueblo salvadoreño se hizo rápidamente reconocida a nivel internacional: fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Georgetown (EE. UU) y por la Universidad de Lovaina (Bélgica) e incluso, fue nominado en 1979 al Premio Nobel de la Paz.
Según el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el derecho a la verdad es:
“un derecho autónomo e inalienable, vinculado a la obligación y el deber del estado de proteger y garantizar los derechos humanos, realizar investigaciones eficaces y velar por que haya recursos efectivos y se obtenga reparación. (…) ha de considerarse como un derecho que no admite suspensión y no debe estar sujeto a restricciones.”
Este derecho hunde sus raíces en el derecho internacional humanitario, en el artículo 32 del “Protocolo Adicional del Convenio de Ginebra” de 1949. Está ligado a las víctimas y familiares de ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, secuestros, torturas u otras violaciones a los derechos humanos a tener un conocimiento pleno y completo de los hechos que se produjeron, las personas que los perpetraron, como así también las circunstancias y motivaciones con las que se produjeron.
El objetivo fundamental de este día es reflexionar sobre su importancia y su relación con la justicia, la memoria y en especial, para rendir tributo a quienes han dado la vida por ello. Asimismo, esta conmemoración sirve como jornada de sensibilización y concientización para enfatizar la necesidad de un compromiso fuerte con la búsqueda de la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias. La internacionalización del Derecho a la Verdad, reconocido por las Naciones Unidas, establece un compromiso global a los Estados miembros que trasciende fronteras nacionales, promoviendo la justicia y la rendición de cuentas a la ciudadanía.
El Derecho a la Verdad es indispensable en las democracias contemporáneas, especialmente en aquellas que han enfrentado graves violaciones de derechos humanos. Este derecho está íntimamente ligado a la memoria de las víctimas y es crucial en la lucha contra la impunidad. El resguardo y el respeto de los derechos fundamentales es esencial en toda comunidad política, siendo deber colectivo protegerlos y exigir al Estado la verdad sobre los crímenes que afectan a la sociedad. Por ello, el derecho a la verdad es central y se entrelaza con otros derechos, tanto individuales como colectivos.
Un ejemplo de obstaculización en el Derecho a la Verdad es la situación que viven las víctimas y supervivientes de la Guerra Civil y el franquismo. Desde la Transición y la sanción de la Ley de Amnistía de 1977, junto con la ausencia de una Comisión de la Verdad ha impedido una comprensión integral del pasado. Esta carencia ha frustrado la identificación de las víctimas y ha generado un vacío institucional en la investigación sobre los crímenes cometido y el juzgamiento de los responsables, obstaculizando el cumplimiento efectivo del Derecho a la Verdad.
Sin embargo, desde los años 2000, e impulsado por el activismo de las asociaciones memorialistas, España ha progresado gradualmente en la implementación de este derecho. Este proceso ha cristalizado en hitos significativos, como la Ley de Memoria Histórica del año 2007 y la nueva Ley de Memoria Democrática del año 2022. No obstante, a pesar de estos avances normativos, las leyes no han logrado saldar completamente las demandas de las víctimas del franquismo y sus descendientes en relación con su derecho a conocer la verdad sobre los hechos del pasado.
El Estado, como garante principal, tiene la obligación de proteger, resguardar y promover los derechos humanos de sus ciudadanos, asegurando especialmente este derecho a las víctimas. Saber la verdad sobre el pasado permitirá, sin dudas, construir democracias presentes más comprometidas con los derechos humanos.
Fiorella Acosta, colaboradora de FIBGAR.
24 de marzo de 2025.
