El acceso a la información: pilar del desarrollo sostenible y la transparencia
El acceso universal a la información es un derecho humano esencial con profundas implicaciones para el desarrollo de sociedades más justas, equitativas y transparentes.
Estrechamente vinculado con otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho a la educación y la participación en la vida pública y política, es un pilar fundamental para la consagración de los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. Contribuye a la pluralidad y democratización de la comunicación en las sociedades y promueve la transparencia de las acciones gubernamentales.
En un mundo cada vez más interconectado, garantizar este acceso no solo es una obligación, sino también un pilar estratégico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El 17 de noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 28 de septiembre como el Día Internacional del Acceso Universal a la Información.
El derecho de acceso a la información ha sido consagrado en diversas normas y tratados internacionales, como en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. De igual manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 19, reafirma este derecho, así como la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, adoptada en el año 2000, que establece en su artículo 11 el derecho a la libertad de expresión, incluyendo la libertad de recibir y comunicar información sin injerencias.
Muchos países han desarrollado legislaciones nacionales que regulan este derecho, exigiendo a los gobiernos y entidades públicas la transparencia en la gestión de la información. La promulgación de leyes de acceso a la información se ha convertido en una práctica global que busca prevenir la corrupción, promover la transparencia y mejorar la rendición de cuentas.
El acceso a la información es un factor transversal en el marco de los ODS, pero se hace particularmente relevante en el ODS 16, que busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”. El objetivo 16.10 insta a garantizar el acceso público a la información y la protección de las libertades fundamentales, en conformidad con las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales.
El acceso universal a la información no solo favorece la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también permite la participación ciudadana informada. Por ejemplo, el acceso a información sobre políticas ambientales, decisiones de infraestructura o planes de desarrollo económico permite que las comunidades afectadas puedan expresar su opinión y participar en procesos de toma de decisiones que afectan su vida diaria.
Si bien el derecho al acceso a la información está ampliamente reconocido, su implementación eficiente y efectiva sigue siendo un desafío en muchos países. Para que este derecho sea realmente efectivo, no basta con garantizar su existencia legal; es necesario que los gobiernos, instituciones y organizaciones creen mecanismos eficientes, accesibles y comprensibles para que la información llegue a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus socioeconómico, ubicación geográfica o habilidades tecnológicas.
Uno de los obstáculos más comunes es la burocracia gubernamental y la falta de infraestructura adecuada para gestionar el acceso a la información. En muchos casos, aunque existan leyes de acceso a la información, la complejidad de los procesos para solicitar datos o la falta de voluntad política para divulgar información pueden hacer que el derecho se vuelva ineficiente y, en consecuencia, inaccesible para muchos.
La digitalización de los procesos administrativos, la capacitación de los funcionarios y el fortalecimiento de las instituciones de control son claves para mejorar la eficiencia y eficacia en la entrega de información. En la era digital, internet y las plataformas electrónicas han transformado radicalmente la manera en que las personas acceden a datos y recursos informativos. No obstante, la brecha digital sigue siendo una barrera significativa, especialmente en regiones con limitado acceso a tecnologías de la información y la comunicación.
La universalización del acceso a internet y la creación de plataformas accesibles para toda la población son esenciales para asegurar que el derecho al acceso a la información sea verdaderamente inclusivo y equitativo. Además, la utilización de datos abiertos por parte de los gobiernos puede impulsar la transparencia y fomentar la innovación, ya que permiten que la información pública esté disponible de manera gratuita y accesible para su uso, análisis y distribución por parte de cualquier persona o entidad.
La revolución tecnológica y el auge de la inteligencia artificial (IA) presentan tanto oportunidades como desafíos significativos en este sentido. Por un lado, la IA tiene el potencial de facilitar el acceso a grandes volúmenes de información, mejorar la eficiencia en la búsqueda y análisis de datos, y personalizar el acceso a la información. Sin embargo, estas tecnologías también traen consigo retos complejos que pueden comprometer la equidad y la transparencia en el acceso. Uno de los principales desafíos en el contexto de la IA es la falta de transparencia en los algoritmos que procesan y gestionan la información. A menudo, los algoritmos de IA funcionan como “cajas negras”, donde los usuarios no comprenden cómo se toman las decisiones o cómo se prioriza la información que reciben.
Por lo tanto, el acceso universal a la información es un derecho fundamental que no solo fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, sino que también empodera a los ciudadanos para participar activamente en la toma de decisiones que afectan sus vidas. A medida que avanzamos hacia un mundo más interconectado y digitalizado, es crucial que los gobiernos y las instituciones trabajen juntos para superar los desafíos y garantizar que este derecho sea accesible para todos, sin importar su situación socioeconómica o ubicación geográfica. Solo así podremos construir sociedades más justas, equitativas y sostenibles, donde la información fluya libremente y contribuya al bienestar y desarrollo de todas las personas.
Javier Graña, colaborador de FIBGAR
28 de septiembre de 2024
