El Congreso de los Diputados aprueba el Proyecto de ley en materia de protección de alertadores
Ayer, 22 de diciembre de 2022, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento jurídico europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción.
El texto continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.
La aprobación del proyecto de ley llega casi un año después del cumplimiento del plazo fijado por la Unión Europea para la trasposición de la Directiva 2019/1937 del Parlamento y del Consejo Europeo, relativa a la “Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión” y ante la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea.
En febrero de 2022, la Comisión Europea decidió abrir un procedimiento sancionador, enviando cartas de emplazamiento a los Estados Miembros incumplidores, entre ellos España, que, dicho sea de paso, acumula una treintena de infracciones por no trasponer a tiempo distintas directivas comunitarias. Cinco meses después, el 14 de julio de 2022, España recibió un dictamen motivado por parte de la Comisión Europea que concedía a las autoridades españolas un plazo de 2 meses para tomar las medidas necesarias para la trasposición de la Directiva, bajo la amenaza de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de incumplimiento.
Como ya destacamos en otras ocasiones, este retraso prolongado en la trasposición de la Directiva 2019/1937 no es únicamente un incumplimiento del derecho de la Unión, con el reproche que ello supone de cara al buen funcionamiento de las instituciones de la Unión Europea y a las obligaciones contraídas por España.
Constituye, además, una mala praxis que afecta directamente al Estado de Derecho y a los valores democráticos, pudiendo traducirse, en los casos concretos, en desprotección o falta de garantías para aquellos ciudadanos y ciudadanas responsables que, arriesgándose, deciden cumplir con un deber cívico en nombre de la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Alessia Schiavon, Responsable del Departamento Legal de FIBGAR
