El desmantelamiento del proceso de Memoria, Verdad y Justicia avanza en Argentina
En Argentina, el partido oficialista del presidente Javier Milei ha continuado con su política publica de ataque contra los espacios fundamentales del proceso transicional.
En esta ocasión, se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y juristas que actúan en las causas de lesa humanidad que La Marina ha comenzado una mudanza del extenso Archivo General de la Armada (AGA) y, como parte de ella resolvieron “depurar” la documentación que tienen en su poder, autorizando a triturar la misma. De esta manera, se refuerza una política que ya había comenzado con la decisión del Ministro de Defensa de la Nación –Luis Petri– del pasado año de desmantelar el Equipo de Relevamiento y Análisis Documental (ERyA) que funcionaba desde 2010 para contribuir a las causas de lesa humanidad, acusando a sus integrantes de “perseguir” a las Fuerzas Armadas, y con la decisión del Ejecutivo de eliminar la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la CONADI, vedando además el acceso a los archivos en poder del Estado, entre otras medidas.
Este hecho se observa con suma preocupación, ya que podría afectar a la prueba necesaria para impulsar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, que a día de hoy todavía tienen continuidad. Como un ejemplo de los posibles procesos que se verían afectados, esta documentación resulta esencial en la causa donde se investigan los crímenes cometidos en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) –el más grande del período– y también en otras causas de la provincia de Buenos Aires donde la Armada estuvo involucrada en secuestros, torturas y desapariciones forzadas.
Esta situación toma especial gravedad si se considera que la tarea de elegir qué es lo que se “depura” y qué no –que, según nota enviada por el capitán de navío Jorge Javier Raimondo inició el 9 de enero– se decidiría discrecionalmente dentro del AGA. Siendo este el espacio históricamente sospechoso del manejo de la documentación del período 1979-1983 y la creación de una Comisión Permanente de Estudio de Situaciones Especiales (COPESE), la cual, según distintos organismos y personas que sobrevivieron a los campos de concentración, estaba dedicada a borrar las pruebas del accionar represivo estatal.
Debido a esta urgencia, las distintas querellas de los procesos de lesa humanidad han realizado presentaciones para que se detenga esta destrucción y traslado. La primera en proceder fue la que encabeza Pablo Llonto junto a la fiscalía de Miguel Blanco García Ordás, que requirieron medidas de no innovación a los fines de resguardar esta documentación. La cautelar fue concedida por el Juzgado Federal de San Martin a cargo de la Dra. Alivia Vence, en ella se prohíbe «modificar, mudar, alterar y/o introducir cambios y así evitar cualquier manipulación que pueda alterar o destruir –ya sea total o parcialmente– dicha documentación que está vinculada a crímenes de lesa humanidad”.
De todos modos, a pesar de esta rápida respuesta judicial, resulta sumamente alarmante el hecho de que las irreversibles tareas de depuración hayan comenzado el pasado mes, y que, probablemente, mucha documentación a la fecha haya sido destruida parcialmente.
En ese sentido, consideramos que resulta urgente y necesario que el Estado cumpla con la orden de la justicia y garantice la conservación de todos los documentos que obran en poder de AGA, así como todo otro documento de valor histórico que obre en poder de otras áreas estatales, ya sea porque contienen información única para la memoria institucional o porque están vinculados a los periodos de las mayores violaciones de derechos humanos del país y la región. Lo contrario, llevaría a vulnerar gravemente los derechos de las víctimas, obstaculizar las investigaciones en curso e incluso impedir investigaciones futuras, contrariando además los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de derechos humanos.
Vemos con preocupación que esta situación, en un contexto donde el ataque sistemático a las políticas de derechos humanos por parte del Poder Ejecutivo y todo el sector del oficialismo pone en peligro procesos que la democracia argentina viene transitando con compromiso y siendo un ejemplo en la materia desde el retorno de la democracia hace más de 40 años.
Desde Fibgar, creemos que la justicia, la memoria y la reparación son pilares fundamentales para construir sociedades justas e igualitarias, y anhelamos que estos retrocesos se reviertan en aras de que el país continúe su proceso de afianzamiento democrático.
Federica Carnevale, colaboradora de FIBGAR.
