Entre el reconocimiento y el abandono: la deuda pendiente con las víctimas de la tortura
El 26 de junio, como todos los años desde 1997, se conmemora el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Lo cierto es que, comúnmente, al referirse a este día se termina haciendo un hincapié especial en los instrumentos jurídicos internacionales destinados a erradicar la tortura. Sin embargo, la relevancia del día no está acentuada en la celebración de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (conocido como CAT). En realidad, el foco del día fue pensando para no olvidar a aquellas personas que han sido víctimas de tortura y cómo luchan día a día para recuperarse.
En paralelo a este instrumento internacional, en junio de 2025 la Organización Mundial Contra la Tortura publicó el Índice Global sobre la Tortura. En él, concluyen que, a pesar de la ratificación de 175 Estados al CAT, ninguna región ni sistema político es inmune a esta práctica. Se trata como una especie de “as bajo la manga” para las fuerzas de seguridad de los Estados, y toma lugar en comisarías, cárceles y contextos de conflictos armados. En América Latina, México, El Salvador y Colombia figuran entre los países clasificados con “alto riesgo”. El informe, de esta manera, deja expuesta la brecha entre el compromiso jurídico y la realidad.
Las víctimas de tortura están amparadas jurídicamente por el artículo 14 del CAT, en el que se expresa que los Estados están obligados, además de protegerlas contra la tortura, a velar por una indemnización adecuada y justa a las víctimas. Si bien se trata de un artículo que precisa poco acerca de cómo evaluar lo que equivale a “justo y adecuado”, la intención va más allá de quedarse en una reparación monetaria, que es lo que tienden a interpretar los Estados al hacer uso del mismo.
Más bien, el artículo 14 vela por una reparación integral a las víctimas. Más que dinero, las víctimas y sobrevivientes necesitan ser contenidas tanto médica como psicológicamente. Se busca lograr una rehabilitación lo más completa posible. Por esto mismo, no basta con una solución monetaria inmediata, el proceso de apoyo debe abordar a las personas desde un enfoque humanista y no como una mera consecuencia que se debe reparar con la solución más rápida.
En este contexto, el 20 de enero de 2026 Alice Jill Edwards, relatora especial de las Naciones Unidas, brindó un nuevo instrumento internacional en materia de tortura y tratos humanos o degradantes. Se trata de la Carta de los Derechos de las Víctimas y los Supervivientes de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, documento construido a partir de la perspectiva de supervivientes.
La Carta tiene intención de ser adoptada como un marco de acción legal por los Estados, y es una herramienta invaluable para este propósito, ya que fue elaborada a partir de los testimonios, experiencias y opiniones de quienes han sido víctimas de estas prácticas. Busca ser más que un recurso jurídico, es una guía en detalle en la que los supervivientes se dirigen directamente a los Estados para explicar qué es concretamente lo que necesitan de ellos en el proceso.
Más de 120 personas contribuyeron con sus experiencias al texto, y son ellas quienes presentan siete artículos que cubren cuatro pilares de acción: rendición de cuentas, justicia, reparación y rehabilitación. Particularmente, el artículo 6 detalla qué debe contemplar tanto la reparación como la rehabilitación y cómo deben llevarse a cabo: atención médica, servicios sensibles al género y a la edad, confidencialidad, acompañamiento en las repercusiones socioeconómicas. Son ellas quienes, sobre todo, destacan que se debe reparar su dignidad, que es el blanco principal de la tortura.
Si bien por primera vez en la historia del derecho internacional existe un instrumento jurídico redactado por los mismos destinatarios de la norma, es un hecho histórico que se da en simultáneo a la caída abrupta de recursos económicos destinados para el Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura (UNVFVT por sus siglas en inglés).
ElFondo financia a cerca de 200 ONG que brindan asistencia directa a supervivientes. Con 175 dólares, se puede costear un año completo de reparación integral: atención médica y psicológica, y asesoramiento legal. Es un modelo extraordinariamente eficiente que ha visto reducido su presupuesto en casi un 85%. Esto es porque existía una dependencia casi estructural de los aportes de Estados Unidos que se han visto minimizados con el actual gobierno.
En concreto, la situación económica del UNVFVT implica exponer a una vulnerabilidad aún mayor a las víctimas que dependen financieramente del mismo y que, en paralelo, buscan amparo jurídico por parte del Estado.
Es por esto por lo que, en este contexto, el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura no puede reducirse a la conmemoración simbólica de los compromisos jurídicos asumidos. La emergencia de instrumentos como la Carta de los Derechos de las Víctimas y los Supervivientes ha logrado que el foco vuelva a colocarse sobre las voces de quienes han sufrido estas prácticas.
Sin embargo, la tensión que evidencia la reducción de recursos demuestra que no basta con marcos legales precisos, depende, más bien, de la voluntad política de los Estados sostenerlos y hacerlos operativos. Sin financiación adecuada, los avances jurídicos que se han logrado corren el riesgo de volverse promesas vacías. En última instancia, la prioridad siempre debe estar puesta en garantizar los medios necesarios para la rehabilitación integral de las víctimas, asegurando que su dignidad no sea vulnerada nuevamente por inacción o indiferencia.
Ana Nerea Saad Moisés, Colaboradora de FIBGAR
