España como agente promotor del enfoque de género en la lucha contra la impunidad: una evaluación estratégica desde la justicia global
Desde la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) presentamos el informe “España como agente promotor del enfoque de género en la lucha contra la impunidad: una evaluación estratégica desde la justicia global”, un estudio que analiza el papel de España en la promoción de políticas de justicia internacional con perspectiva de género, así como su potencial para reforzar su liderazgo en este ámbito.
El informe se enmarca en el compromiso de FIBGAR con el fortalecimiento de una justicia global más equitativa. A través de un enfoque cualitativo y multinivel, el estudio combina análisis normativo, revisión de políticas públicas y entrevistas a actores clave del ámbito institucional, académico y de la sociedad civil, con el objetivo de evaluar de manera integral la actuación de España como promotora del enfoque de género en la lucha contra la impunidad, identificando fortalezas, limitaciones y oportunidades estratégicas en su acción exterior.
La investigación se desarrolla en un contexto internacional caracterizado por una creciente tensión entre avances normativos en materia de derechos humanos y una regresión en su implementación efectiva. El debilitamiento del multilateralismo, el cuestionamiento de los sistemas de protección de derechos humanos y la reacción adversa frente a las agendas de igualdad de género han configurado un escenario en el que la lucha contra la impunidad enfrenta desafíos renovados. A pesar de los progresos alcanzados en el reconocimiento jurídico de la igualdad de género y en la persecución de crímenes internacionales, persisten importantes brechas en el acceso a la justicia para mujeres y niñas. En este marco, la integración del enfoque de género en los procesos de lucha contra la impunidad, no solo constituye una exigencia normativa, sino una condición indispensable para garantizar una respuesta efectiva, inclusiva y centrada en las víctimas, lo que refuerza la necesidad de analizar el papel de los Estados en su promoción.
A nivel internacional, el informe identifica una evolución significativa en la incorporación de la perspectiva de género en el derecho internacional, especialmente en el ámbito del derecho penal internacional y la justicia transicional. Sin embargo, se presenta que esta integración ha sido históricamente tardía y fragmentaria, lo que ha contribuido a la persistencia de formas estructurales de impunidad en relación con las violencias basadas en el género. A su vez, el estudio evidencia un contexto global de retroceso en la implementación de los estándares internacionales, con crecientes obstáculos al acceso a la justicia, así como una reacción organizada contra los avances en igualdad de género que impacta directamente en los mecanismos de rendición de cuentas.
En este escenario, el caso de Afganistán se presenta como una situación de especial preocupación para la comunidad internacional. Desde 2021, se han intensificado las restricciones a los derechos fundamentales de mujeres y niñas, lo que ha generado un amplio debate en torno a las herramientas disponibles en el derecho internacional para abordar contextos de discriminación estructural. Este caso pone de relieve la importancia de seguir avanzando en el desarrollo de marcos normativos y mecanismos de rendición de cuentas que integren de manera efectiva el enfoque de género.
En este contexto global, el análisis del caso español refleja una trayectoria con importantes fortalezas. España ha consolidado un marco normativo avanzado en materia de igualdad de género, posicionándose como un actor relevante en la promoción de estándares internacionales. Asimismo, su apuesta por una política exterior feminista, configura una base sólida desde la cual proyectar un liderazgo activo en la integración del enfoque de género en la justicia internacional.
Al mismo tiempo, el análisis ha logrado identificar ciertos ámbitos en los que existen oportunidades de fortalecimiento. Entre ellos, se destaca la restricción de la jurisdicción universal tras las reformas legislativas de 2009 y 2014, que redujeron considerablemente el alcance de esta herramienta clave en la lucha contra la impunidad. Asimismo, se evidencia la importancia de seguir avanzando en la alineación entre los compromisos internacionales asumidos por España y su implementación práctica. Además, se destaca la conveniencia de profundizar en la integración del enfoque de género en la acción exterior y en los mecanismos de rendición de cuentas, con el fin de consolidar una aproximación más sistemática y coherente.
En este sentido, el estudio pone de relieve el potencial de España para fortalecer su papel como actor de referencia, mediante el desarrollo de estrategias que refuercen la coherencia entre prioridades políticas, marcos normativos y prácticas institucionales. Esto implica continuar avanzando en la consolidación de políticas públicas, la asignación de recursos adecuados y la coordinación entre actores relevantes.
El informe concluye que España cuenta con una base sólida para desempeñar un papel destacado en la promoción de la justicia internacional con enfoque de género. Entre las principales recomendaciones, se destaca la necesidad de fortalecer la coherencia entre la política exterior feminista y las acciones concretas en materia de justicia internacional; promover activamente la incorporación del enfoque de género en los mecanismos multilaterales; reforzar el uso estratégico de la jurisdicción universal; y garantizar recursos suficientes para la implementación efectiva de estas políticas. Asimismo, se subraya la importancia de adoptar un enfoque integral e interseccional que permita abordar las múltiples dimensiones de la impunidad, así como de fortalecer la cooperación con la sociedad civil y las organizaciones especializadas.
En este sentido, el informe destaca especialmente el momento actual del proceso internacional de elaboración de una futura Convención sobre la prevención y el castigo de los crímenes de lesa humanidad como una ocasión estratégica para avanzar en la incorporación del enfoque de género. En este contexto, se recomienda que España continúe desempeñando un papel constructivo en las negociaciones, promoviendo la incorporación de un enfoque de género en el contenido del tratado, incluyendo el reconocimiento de formas específicas de violencias sexuales y de género, así como la integración de este enfoque de manera transversal, no solo en la parte sustantiva del instrumento sino también en el desarrollo de los mecanismos de prevención, investigación y sanción. Se trata de una oportunidad relevante para contribuir al fortalecimiento del marco jurídico internacional, promoviendo una respuesta más inclusiva y adaptada a las realidades contemporáneas de la impunidad.
En un contexto global de creciente complejidad, el papel de los Estados resulta determinante para garantizar que la lucha contra la impunidad no deje a nadie atrás. La integración efectiva del enfoque de género no es solo una cuestión de justicia, sino una condición esencial para la construcción de un orden internacional más inclusivo, equitativo y sostenible.
Puedes consultar el informe aquí.
