¿Está impulsando la Liga Árabe una carta unificada sobre jurisdicción universal?
A finales de julio, la Liga de los Estados Árabes organizó un simposio en El Cairo bajo el título “Activación del papel de los tribunales nacionales en el enjuiciamiento de los autores de crímenes internacionales como garantía para combatir la impunidad.” El evento, celebrado en la sede de la Liga, fue organizado por el Centro Árabe de Investigaciones Jurídicas y Judiciales—dependiente del Consejo de Ministros de Justicia Árabes—en cooperación con la Secretaría General de la Liga. Reunió a expertos jurídicos, representantes de la sociedad civil y funcionarios regionales para debatir cómo los tribunales nacionales árabes pueden desempeñar un papel más activo en la lucha contra la impunidad por crímenes internacionales.
La Liga de los Estados Árabes, conocida comúnmente como la Liga Árabe, es una organización regional fundada en 1945 con el objetivo de promover la cooperación política, económica y cultural entre los países árabes. Actualmente está compuesta por 22 Estados miembros de Oriente Medio y el norte de África. Aunque históricamente se ha centrado en la coordinación política y diplomática, las discusiones recientes reflejan un creciente interés en el uso de herramientas jurídicas para abordar cuestiones de justicia y rendición de cuentas.
Durante el simposio, los participantes destacaron la importancia de la Corte Penal Internacional (CPI) como pilar del sistema de justicia global. Las intervenciones incluyeron reflexiones sobre el papel de la CPI en el abordaje de los presuntos crímenes cometidos contra el pueblo palestino y examinaron estrategias más amplias para documentar violaciones, preparar expedientes legales y avanzar hacia la rendición de cuentas tanto por vías internacionales como nacionales. También se hizo hincapié en el fortalecimiento del papel de la sociedad civil, los colegios profesionales y las instituciones jurídicas nacionales.
Una aportación destacada provino del Consejo Asesor Científico de la Asociación de Abogados de Kuwait, que presentó una propuesta integral para el desarrollo de una carta árabe unificada que refuerce el principio de jurisdicción universal en la región. Según el Consejo, esta carta podría proporcionar un marco jurídico y político que permita a los Estados árabes enjuiciar a personas acusadas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, independientemente del lugar en el que se hayan cometido los delitos o de la nacionalidad del presunto autor. El núcleo de esta propuesta radica en la incorporación del principio de jurisdicción universal en los sistemas jurídicos nacionales, lo que facultaría a los tribunales internos para actuar sin limitaciones territoriales, incluso en ausencia del acusado.
La propuesta contempla la creación de una unidad jurídica especializada en el seno de la Liga de los Estados Árabes, encargada de documentar violaciones, brindar asistencia técnica y coordinar esfuerzos legales conjuntos ante tribunales internacionales. Asimismo, plantea el establecimiento de una base de datos regional centralizada que recopile pruebas e identifique sospechosos, con el fin de facilitar investigaciones y enjuiciamientos transnacionales. El Consejo subrayó también la necesidad de actualizar la legislación interna para armonizarla con los principales instrumentos internacionales, como los Convenios de Ginebra, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Estatuto de Roma de la CPI. La propuesta incluye además la creación de órganos judiciales y fiscalías especializadas en crímenes internacionales, y alienta a los Estados árabes a firmar acuerdos de cooperación judicial que faciliten el intercambio de expedientes y pruebas.
La sociedad civil fue identificada como un actor clave en este proceso. El Consejo abogó por campañas jurídicas y mediáticas coordinadas para sensibilizar sobre el principio de jurisdicción universal. También instó a las organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales a participar activamente en la documentación rigurosa de violaciones y en la elaboración de expedientes legales detallados que cumplan con los estándares probatorios exigidos en sede judicial.
Si bien la propuesta aún se encuentra en una fase inicial y requeriría un amplio consenso político para avanzar, su presentación en un foro regional auspiciado por la Liga Árabe indica una creciente conciencia sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en el mundo árabe. Queda por ver si esta iniciativa se traducirá en desarrollos institucionales concretos o en marcos jurídicos regionales, pero las discusiones apuntan a un posible cambio en la forma en que los crímenes internacionales podrían abordarse desde una perspectiva regional.
Alessia Schiavon, Directora, FIBGAR
