Francia avanza en la persecución penal por crímenes internacionales cometidos en Siria: condena histórica y nuevo proceso en curso
En mayo de 2024, la justicia francesa marcó un hito en la lucha contra la impunidad internacional al condenar a cadena perpetua, en ausencia, a tres altos responsables del régimen sirio por crímenes de guerra y de lesa humanidad. El caso, centrado en la desaparición y asesinato de los ciudadanos franco-sirios Patrick y Mazen Dabbagh, representa uno de los procesos judiciales más significativos fuera de Siria por las atrocidades cometidas bajo el gobierno de Bashar al-Assad.
Los condenados Ali Mamlouk, exdirector de la Oficina de Seguridad Nacional; Jamil Hassan, exjefe de la inteligencia aérea; y Abdel Salam Mahmoud, entonces director del centro de detención de Mezzeh; fueron señalados como responsables directos de la cadena de mando que permitió, e incluso promovió, la práctica sistemática de la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada de miles de personas. La investigación comenzó en 2016 tras la denuncia de familiares y organizaciones como FIDH, LDH y el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión, y culminó ocho años después con una sentencia que pone en evidencia la maquinaria represiva del Estado sirio.
El tribunal penal de París escuchó testimonios escalofriantes durante las audiencias de mayo de 2024. Se documentó el uso sistemático de tortura, incluso contra menores de edad, y las condiciones inhumanas de los centros de detención, como el de Mezzeh, conocido por sus abusos. Siendo así que, uno de los testigos narró cómo los detenidos eran colgados del techo durante horas, golpeados con cables eléctricos y mantenidos en celdas infestadas de ratas.
Además del fallo contra estos tres funcionarios, la justicia francesa ha abierto otro frente judicial: el caso contra Adib Mayaleh, exgobernador del Banco Central sirio y exministro de Economía. Detenido en París en diciembre de 2022, Mayaleh enfrenta cargos por su presunta complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, al haber facilitado el financiamiento de operaciones del régimen sirio eludiendo sanciones internacionales.
Mayaleh intentó acogerse a la inmunidad funcional como exalto funcionario del Estado sirio. Sin embargo, la Corte de Casación de Francia, en una decisión adoptada el 25 de julio de 2025, desestimó ese argumento y declaró que la inmunidad no puede aplicarse en casos que involucren violaciones graves al derecho internacional humanitario. El tribunal reafirmó que los crímenes como la tortura y la desaparición forzada no pueden quedar impunes, sin importar el rango o la función oficial del acusado.
Esta misma decisión anuló, sin embargo, la orden de arresto emitida contra el propio Bashar al-Assad, reconociendo la inmunidad personal que protege a los jefes de Estado en ejercicio. A pesar de ello, la continuidad del caso contra Mayaleh mantiene viva la posibilidad de responsabilizar penalmente a otros miembros del círculo de poder sirio.
En un contexto global donde los mecanismos de justicia nacionales muchas veces fallan ante crímenes de Estado, el avance de la jurisdicción universal en Francia representa una herramienta fundamental para las víctimas y sus familias. Este tipo de procesos, aunque complejos y prolongados, demuestran que la justicia puede alcanzarse incluso fuera del territorio donde ocurrieron los hechos, cuando existen tribunales dispuestos a actuar.
David Cañón Galán, colaborador FIBGAR
