La trata de personas: una esclavitud moderna
La trata de personas supone una grave vulneración de derechos humanos que atenta directamente contra garantías tan básicas como la vida, la libertad o la seguridad. Los tratantes despojan a las víctimas de su dignidad y las consideran mera mercancía. Esta serie de derechos vulnerados por el delito de trata, y que se consideran inherentes e inalienables al ser humano, viene regulada en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en 1948. Este instrumento será el punto de partida de toda la legislación desarrollada posteriormente en materia de trata y existente a día de hoy.
A nivel internacional, la primera definición del delito de trata viene dada por el Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños del año 2003, más conocido como el Protocolo de Palermo, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El concepto de trata del Protocolo de Palermo fue recogido en el ordenamiento jurídico español a través del artículo 177 bis del Código Penal, que indica que la trata consiste en la captación, el trasporte, el traslado, la acogida o la recepción de una persona empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad, con alguna de las siguientes finalidades: la imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad; la explotación sexual, incluyendo la pornografía; la explotación para realizar actividades delictivas; la extracción de órganos; o la celebración de matrimonios forzados.
A pesar de la gravedad de este delito, España sigue siendo uno de los principales países de Europa de destino y tránsito de víctimas de trata, según el Tercer Informe de Evaluación del Grupo de Expertos del Consejo de Europa en la Lucha contra la Trata de Personas (GRETA). Conforme al Informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) sobre la Trata y Explotación de Seres Humanos en España, en el año 2023 fueron identificadas un total de 502 víctimas de trata. De ellas, el 60% habían sido explotadas sexualmente y más del 70% del total de las víctimas eran mujeres y niñas. Se puede afirmar, por lo tanto, que la trata tiene rostro de mujer.
Si bien los diferentes estados están haciendo esfuerzos por combatir el fenómeno de la trata, la perfección de las estrategias por parte de los tratantes es más rápida que el desarrollo y la implementación de las medidas de protección a las víctimas. Además, los avances en la tecnología incrementan la captación de las víctimas a través de redes sociales y plataformas digitales, lo que dificulta aún más el trabajo de detección de posibles víctimas. Y es que la trata es uno de los negocios más rentables del mundo junto con el tráfico de drogas y armas, generando cada año unos beneficios estimados de 150.000 millones de dólares.
Con una mirada a mejoras futuras, España tiene la oportunidad de ampliar su marco de protección a las víctimas de trata gracias a la publicación de la Directiva (UE) 2024/1712 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por la que se modifica la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, que deberá ser transpuesta en el ordenamiento jurídico español antes de julio de 2026. Esta Directiva introduce cambios tan relevantes como el considerar la maternidad subrogada como una nueva forma de explotación o penalizar la difusión de material de contenido sexual a través de internet.
En definitiva, si bien la trata constituye una grave vulneración de derechos humanos y un delito, también es un negocio sumamente fructífero para los tratantes, quienes adaptan sus estrategias de captación y explotación a la realidad social, siendo esta la de un mundo globalizado y tecnológico. Esto hace que muchas víctimas de trata, sobre todo mujeres y niñas, se queden sin identificar y, por lo tanto, desamparadas. Es por ello por lo que los estados deben aunar sus esfuerzos en el desarrollo e implementación de medidas necesarias para la prevención del delito y la protección a las víctimas, debiendo ser estas el epicentro de cualquier política de actuación.
Claudia Hernández Cortés
