Myanmar y la lucha contra la impunidad: vías de justicia dentro y fuera de la región
Myanmar ha atravesado durante décadas conflictos armados internos, tensiones étnicas y graves vulneraciones de derechos humanos que han afectado a numerosas comunidades en distintas regiones del país. Arduamente se han documentado patrones persistentes de violencia contra la población civil, que contrastan con la ausencia de mecanismos efectivos internos para investigar y sancionar a los responsables de estos abusos.
Dentro de ese contexto, la población rohinyá ha sufrido una persecución sistemática caracterizada por la negación de su ciudadanía, restricciones a su libertad de movimiento, discriminación estructural y episodios recurrentes de violencia. Las denominadas “operaciones de limpieza” llevadas a cabo en el estado de Rakhine provocaron el desplazamiento forzado de cientos de miles de personas hacia Bangladesh y dieron lugar a numerosas denuncias tanto ante mecanismos internacionales como nacionales.
Las investigaciones realizadas por organismos internacionales y mecanismos de derechos humanos han documentado asesinatos generalizados, desplazamientos forzados, destrucción deliberada de aldeas, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual sistemática contra la población civil. La Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Myanmar concluyó que la violencia sexual fue utilizada de manera deliberada como una herramienta para intimidar, aterrorizar y castigar a comunidades enteras. Mujeres, niñas, hombres, niños y personas de identidades sexogenéricas diversas fueron víctimas de violaciones, esclavitud sexual y otras formas de violencias sexuales y de género cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Asimismo, en este caso el hecho de que agentes estatales hayan utilizado cuentas falsas de Facebook para difundir sistemáticamente narrativas falsas, exacerbando la persecución y el desplazamiento del pueblo rohinyá ha expuesto una problemática compleja del uso de la tecnología actual: cómo los gobiernos pueden utilizar la desinformación como arma para dominar el espacio informativo, suprimir los derechos humanos e incitar a la violencia.
En ese sentido, aunque los crímenes cometidos contra la población rohinyá constituyen uno de los episodios más documentados de violencia masiva en Myanmar, la situación se agravó aún más tras el golpe militar de febrero de 2021.
La toma del poder por parte de las fuerzas armadas desencadenó una nueva etapa de conflicto armado interno, caracterizada por una intensificación de los ataques contra la población civil. Organismos internacionales han documentado bombardeos contra escuelas, hospitales, edificios religiosos y otras infraestructuras civiles, así como el uso continuado de la tortura, el trabajo forzoso y la violencia sexual. El conflicto ha provocado el desplazamiento de millones de personas, profundizando una crisis humanitaria, política y económica que continúa afectando a todo el país. En ese sentido, las denuncias posteriores al golpe de Estado de 2021 evidencian la persistencia de patrones de persecución, represión y violencia contra distintos grupos de la población civil.
En los últimos años, el Mecanismo Independiente de Investigación para Myanmar (IIMM) ha recopilado pruebas sobre torturas sistemáticas en centros de detención controlados por el ejército, incluyendo palizas, descargas eléctricas, estrangulamientos, violencia sexual y ejecuciones sumarias. Según sus investigaciones, estos abusos responden a patrones organizados que involucran no solo a los perpetradores directos, sino también a mandos responsables de supervisar los lugares donde se cometieron los crímenes.
En este contexto, la persistencia de estas violaciones y ausencia de mecanismos internos independientes capaces de investigar y juzgar estas conductas han contribuido a consolidar un escenario de impunidad que continúa afectando a las víctimas y sus comunidades, reforzando la necesidad de respuestas judiciales más allá de las fronteras de Myanmar.
La búsqueda de justicia para los crímenes cometidos en Myanmar
En Myanmar, la continuidad del conflicto, la participación de las fuerzas armadas en los abusos denunciados y la ausencia de instituciones independientes han dificultado enormemente la posibilidad de llevar adelante investigaciones internas efectivas. De ese modo, esta falta de acceso efectivo a la justicia dentro de Myanmar ha llevado a víctimas, organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil a recurrir a mecanismos internacionales y a jurisdicciones nacionales extranjeras para intentar obtener una efectiva rendición de cuentas.
En ese sentido, diversas instancias internacionales han avanzado en la documentación de los hechos y en la recopilación de pruebas. Pero, a pesar de ello, existen restricciones jurisdiccionales que han dejado fuera importantes aspectos de la violencia ocurrida en Myanmar, en razón de que el país no es Estado Parte del Estatuto de Roma. Estas limitaciones han reforzado la importancia de la jurisdicción universal como una herramienta complementaria indispensable para estos perseguir crímenes internacionales, que de otro modo podrían quedar en la sombra de la impunidad.
Estos esfuerzos de rendición de cuentas abarcan un amplio periodo temporal, y es posible identificar dos grandes ejes. Por un lado, las iniciativas orientadas a investigar los crímenes cometidos contra la población rohinyá y otras minorías étnicas antes del golpe de Estado de 2021, incluidos los hechos ocurridos durante las denominadas “operaciones de limpieza”. Por otro, las investigaciones que buscan abordar las violaciones de derechos humanos y los presuntos crímenes internacionales perpetrados tras la toma del poder por parte de la junta militar. Aunque se trata de contextos diferenciados, ambos fenómenos revelan patrones persistentes de violencia e impunidad que han impulsado la búsqueda de mecanismos de justicia más allá de las fronteras de Myanmar.
Las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel central en este proceso. Además de documentar violaciones de derechos humanos y acompañar a las víctimas, han impulsado iniciativas destinadas a activar estos mecanismos jurisdiccionales fuera de Myanmar. Estos esfuerzos han buscado no solo promover investigaciones penales, sino también garantizar que las experiencias de las víctimas sean escuchadas y reconocidas en espacios judiciales y públicos.
El surgimiento de iniciativas de jurisdicción universal en la región Asia-Pacífico
Uno de los desarrollos más significativos de los últimos años ha sido la aparición de esfuerzos regionales orientados a utilizar la jurisdicción universal para investigar crímenes cometidos tras el golpe militar de 2021. Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con grupos de víctimas y defensores de derechos humanos, han impulsado acciones judiciales en distintos países de Asia y del Pacífico con el objetivo de ampliar las posibilidades de acceso a la justicia.
Entre los actores más activos en este ámbito destaca el Myanmar Accountability Project (MAP), que ha promovido litigios estratégicos en distintas jurisdicciones de la región, identificando marcos jurídicos nacionales que permitan la persecución de crímenes internacionales y colaborando con organizaciones locales para presentar las denuncias correspondientes.
Uno de los primeros avances en este aspecto se produjo en Turquía, donde se abrió una investigación relacionada con denuncias de tortura vinculadas a Myanmar. Aunque inicialmente el caso estuvo relacionado con víctimas rohinyás, posteriormente se incorporaron denuncias sobre crímenes cometidos tras el golpe de Estado de 2021. La apertura de esta investigación fue considerada un precedente importante al tratarse de uno de los primeros procedimientos aceptados relacionados con la violencia posterior al golpe.
También se han impulsado iniciativas en Filipinas e Indonesia. En ambos países, organizaciones de derechos humanos y víctimas han explorado las posibilidades que ofrecen los ordenamientos jurídicos nacionales para activar investigaciones sobre crímenes internacionales cometidos en Myanmar. Aunque estos esfuerzos han enfrentado obstáculos procesales y políticos, han contribuido a abrir un debate regional sobre el alcance de la jurisdicción universal y las responsabilidades de los Estados frente a crímenes de especial gravedad.
Otro de los casos más destacados es el promovido en Timor Oriental por la Organización de Derechos Humanos Chin (CHRO), que presentó una denuncia relacionada con crímenes presuntamente cometidos contra la población del estado de Chin tras el golpe militar. Entre los hechos denunciados se incluyen violencia sexual, ataques contra hospitales y edificios religiosos, desplazamientos forzados y otros actos que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. La iniciativa ha sido presentada como un ejemplo del creciente protagonismo que está adquiriendo la sociedad civil regional en la búsqueda de justicia.
Más allá de los avances procesales concretos, estas iniciativas han contribuido a introducir el debate sobre la jurisdicción universal en los países de la región Asia-Pacífico, a cuestionar los límites del tradicional principio de no injerencia que ha caracterizado históricamente a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, y a generar una mayor discusión pública sobre el acceso a la justicia para las víctimas de Myanmar.
Al mismo tiempo, han permitido visibilizar las demandas de las víctimas y ampliar las posibilidades de cooperación entre organizaciones locales, mecanismos internacionales y autoridades judiciales, contribuyendo a preservar pruebas, visibilizar las violaciones cometidas y mantener abiertas vías de acceso a la justicia que de otro modo permanecerían cerradas.
Aunque todavía enfrentan importantes desafíos jurídicos y políticos, estas iniciativas reflejan una creciente voluntad de explorar mecanismos que permitan combatir la impunidad.
El caso Rohingya ante la justicia argentina
Entre las iniciativas más relevantes impulsadas bajo el principio de jurisdicción universal también destaca la causa abierta en Argentina por los crímenes cometidos contra el pueblo rohinyá. La denuncia fue presentada en 2019 por la Burmese Rohingya Organisation UK (BROUK), junto con víctimas y organizaciones de derechos humanos, y se centró en las operaciones de persecución y “limpieza” desarrolladas entre 2012 y 2018 contra esta minoría étnica predominantemente musulmana.
La causa incluye denuncias por asesinatos generalizados, violencia sexual, destrucción de aldeas, detenciones arbitrarias, desplazamientos forzados y otras conductas que fueron calificadas como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tras diversas actuaciones judiciales y una extensa etapa de recopilación de pruebas, el proceso avanzó significativamente hasta dar lugar a órdenes internacionales de detención contra altas autoridades políticas y militares de Myanmar, incluido Min Aung Hlaing.
La experiencia argentina constituye uno de los ejemplos más relevantes de aplicación de la jurisdicción universal respecto de los crímenes cometidos en Myanmar y demuestra cómo tribunales alejados geográfica y culturalmente de los hechos pueden contribuir a la lucha contra la impunidad.
Conclusiones
La continuidad de la violencia, desde las operaciones de limpieza contra la población rohinyá hasta los abusos documentados tras el golpe de Estado de 2021, pone de manifiesto la necesidad de respuestas sostenidas y coordinadas por parte de la comunidad internacional.
En este contexto, la jurisdicción universal se constituye como una herramienta especialmente relevante para abordar situaciones en las que los mecanismos nacionales resultan insuficientes o inexistentes. Las iniciativas impulsadas en distintos países demuestran que la búsqueda de justicia puede desarrollarse a través de múltiples vías y que los tribunales nacionales pueden desempeñar un papel importante en la persecución de crímenes internacionales.
Asimismo, la experiencia de Myanmar evidencia la importancia de la colaboración entre víctimas, organizaciones de derechos humanos, mecanismos internacionales de investigación y autoridades judiciales. La documentación de los hechos, la preservación de pruebas y el acompañamiento a las víctimas por parte de estas estructuras de cooperación han sido elementos fundamentales para impulsar procesos que de otro modo difícilmente habrían llegado a desarrollarse.
Aunque los desafíos siguen siendo enormes, los avances registrados en distintos foros nacionales e internacionales muestran que la rendición de cuentas continúa siendo una aspiración compartida por víctimas, organizaciones y defensores de derechos humanos. Así como que la lucha contra la impunidad no depende exclusivamente de los tribunales internacionales, y que la jurisdicción universal resulta fundamental y decisiva en la investigación de crímenes internacionales y en la protección del derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Federica Carnevale, Responsable de Proyectos de FIBGAR.
Quienes deseen profundizar en el desarrollo procesal de la causa ante la justicia argentina pueden consultar el informe La Jurisdicción Universal en Argentina elaborado por FIBGAR, que analiza de forma cronológica la evolución del caso y sus principales hitos judiciales.
REFERENCIAS:
Asymmetrical Haircuts. Actualización sobre justicia: la jurisdicción universal en los países vecinos de Myanmar. Disponible en: https://www.asymmetricalhaircuts.com/episodes/justice-update-universal-jurisdiction-in-the-neighbourhood-for-myanmar/#transcript
Centro Regional de Información de las Naciones Unidas para Europa Occidental (UNRIC). Los militares de Myanmar cometieron violencia sexual sistemática contra las minorías étnicas. Disponible en: https://unric.org/es/los-militares-de-myanmar-cometieron-violencia-sexual-sistematica-contra-las-minorias-etnicas/
FIBGAR. La Jurisdicción Universal en Argentina. Madrid, 2026. Disponible en: https://fibgar.es/wp-content/uploads/2026/03/Informe-Jurisdiccion-Universal-Argentina-Espanol.pdf
Justice Info. ¿Dará la ASEAN un paso adelante en materia de jurisdicción universal? Disponible en: https://www.justiceinfo.net/en/159252-will-asean-step-up-on-universal-jurisdiction.html
Noticias ONU. Myanmar: investigadores de la ONU denuncian tortura sistemática y nuevas atrocidades tras el golpe militar. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2025/08/1540320 Bradshaw, S. (November 2024). Disinformation and identity-based violence. Stanley Center for Peace and Security. https://stanleycenter.org/publications/disinformation-and-identity/ ; en FIBGAR, Aportaciones Sobre el Impacto de la Desinformación en el Disfrute y la Realización de los Derechos Humanos, 28 de febrero de 2025. Disponible en: https://fibgar.es/wp-content/uploads/2025/03/Aportaciones-sobre-el-impacto-de-la-desinformacion-en-el-disfrute-y-la-realizacion-de-los-derechos-humanos.pdf
