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Pronunciamiento del Consejo de Participación de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana

Mayo de 2021

Los miembros del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), órgano representativo de la Sociedad Civil ante el que rinde cuentas esta Agencia, deseamos trasladar a la opinión pública la honda preocupación que sentimos ante la situación generada por la avalancha de solicitudes que se han venido produciendo por parte de diversos grupos parlamentarios de Les Corts para acceder al contenido de determinados expedientes de denuncias llegadas a la Agencia y cuya investigación o no está concluida o está judicializada.

Es necesario recordar que la AVAF rinde cuentas a Les Corts a través de su Memoria Anual, al igual que a la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda y está sometida a los controles parlamentarios mediante los mecanismos previstos en la Ley 11/2016. La AVAF informa puntualmente de todas las investigaciones que lleva a cabo y de los expedientes de investigaciones concluidas a través del Informe Final de Investigación, documentos que se pueden consultar, debidamente anonimizados, en su portal de Transparencia. Además, en caso de que la Agencia detecte alguna conducta presuntamente delictiva, está obligada a ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal.

Sin embargo, el pretendido acceso por parte de los diputados de Les Corts a los expedientes de las investigaciones que están aún en curso y que contienen los detalles de las personas que han alertado de las posibles irregularidades y datos personales de los sujetos investigados o denunciados, supone una vulneración del principio de independencia de la Agencia Valenciana Antifraude, siendo una grave amenaza para la propia existencia de la AVAF. La posibilidad de que el representante de un partido político pueda tener un acceso libre y completo al contenido de las investigaciones en curso y conocer los hechos objeto de investigación, o quiénes han sido las personas que han denunciado esas supuestas irregularidades, desincentivará a los alertadores, pondrá en riesgo el resultado de las mismas, así como la protección real y efectiva de los denunciantes y potenciará el uso partidista de las investigaciones de la Agencia.

Permitiendo el acceso libre y completo al contenido de los expedientes en curso de la AVAF se causará un daño irreparable a la propia razón de ser de la Agencia. De este modo, la creación de la AVAF por Les Corts, que está recibiendo merecidos elogios en ámbitos nacionales e internacionales, como un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, habrá dejado de tener sentido.
Los abajo firmantes, conscientes de este riesgo y de las tremendas consecuencias que pueden acarrear este tipo de situaciones para la propia imagen de la Comunitat Valenciana, emplazan a los grupos parlamentarios para que:

1. Insten las acciones necesarias para garantizar el efectivo cumplimiento de la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Directiva europea 2019/1937 de protección de los alertadores y de los principios y fines que inspiraron la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción. En concreto, el principio de independencia, el de confidencialidad de la información y documentación contenida en los expedientes de investigación y el principio rector de protección de los denunciantes.
2. Insten la modificación del artículo 12 del Reglamento de les Corts Valencianes en el siguiente sentido: “Los diputados y diputadas no podrán solicitar a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción documentación e informes relativos a expedientes de investigación que se encuentren en tramitación o inmersos en un procedimiento judicial o investigación por el Ministerio Fiscal”.

Como representantes de la Sociedad Civil, solicitamos la modificación urgente de dicho artículo del Reglamento de Les Corts. Adoptando esta medida, se evitarían las injerencias políticas sobre la Agencia Valenciana Antifraude, creada por ley para la prevención y detección de desvíos de fondos públicos. Y se impediría, por tanto, la posibilidad de que los partidos políticos utilizaran a su antojo una institución que es una salvaguarda para todos los ciudadanos.

La AVAF tiene, además, la obligación de impulsar la integridad y la ética en todas las capas de nuestra sociedad, así como defender una cultura contraria a las prácticas corruptas como primer paso para la erradicación del fraude y la corrupción en nuestra sociedad. Por ello, como miembros de su Consejo de Participación, apoyamos el trabajo que está realizando la AVAF, mostramos nuestra disconformidad con la situación creada a raíz de las solicitudes por parte de grupos políticos de Les Corts de los expedientes aludidos en este escrito, y solicitamos la modificación urgente del artículo 12 del Reglamento de les Corts Valencianes en el sentido expresado y razonado en este Pronunciamiento.

Organizaciones participantes:

1. Sr. Rodrigo Lledó Vásquez. Fundación Internacional Baltasar Garzón.
2. Sra. Ana María Fuertes Eugenio. Vicepresidenta del Consejo de Participación de la AVAF, Fundación por la Justicia.
3. Sr. Fernando Jiménez Sánchez. Catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Murcia.
4. Sra. Consuelo Vidal Hernandis. Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5. Sra. Ana Móner Romero. Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios.
6. Sra. Irma Ferrer Peñate. Acción Cívica contra la Corrupción.
7. Sr. Rafael Castro Torres. Alertadores Contra la Corrupción, Whistle Blower.
8. Sr. Juan Carlos Galindo Gómez. Asociación Española Sujetos Obligados en Prevención del Blanqueo.
9. Sr. Francisco Gaspar Latorre. Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).
10. Sr. Rafael Maurí Victoria. Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
11. Sr. Peter Matjašič. Open Society Initative for Europe (OSIFE).
12. Sr. José Ribera Facundo. Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció.
13. Sra. Azahara Peralta Bravo. Plataforma por la Honestidad.
14. Sra. Antonia Ferrer Sapena. Tactical Whistleblower.
15. Sr. Jesús Sánchez Lambás. Transparencia Internacional España.
16. Sr. Iván Martínez López. World Compliance Association.
17. Sra. Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado Fundación Hay Derecho.

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Fundación Internacional Baltasar Garzón, FIBGAR.