Riesgos y amenazas de la ausencia de memoria democrática: un estudio de caso de Nicaragua
Introducción
Los procesos de transición democrática son históricamente complejos y frágiles, marcados simultáneamente por la necesidad de romper con regímenes autoritarios y la demanda política por instituciones fuertes. La experiencia que tuvieron diversos países demuestra que una transición meramente formal no garantiza su durabilidad y, en este sentido, la construcción de una memoria democrática constituye un factor determinante para la sostenibilidad de los sistemas post-autoritarios.
La forma en la que una sociedad interpreta su pasado influye directamente en la percepción de legitimidad de sus instituciones y en los límites de lo que se considera aceptable en un orden democrático. Cuando la violencia del pasado es relativizada, se debilitan también las bases mínimas de derechos humanos y se abre un espacio para la normalización de prácticas autoritarias en el presente, lo que convierte la memoria democrática en un terreno de disputa política permanente, con el objetivo de sostener las bases del futuro democrático.
Las democracias actuales van en franco retroceso, ya que la mayoría de las democracias liberales presentan deficiencias que atentan en contra de su propia existencia. En el presente artículo se busca argumentar que algunos procesos de transición que llevaron a las políticas de memoria han resultado insuficientes para evitar los retos de sociedades cada vez más complejas. Para ello, se examinará el caso de Nicaragua, que ejemplifica el riesgo de una política de memoria deficiente y sus consecuencias sobre las libertades y derechos de los ciudadanos de dicho país.
Memoria Democrática y Revisionismo Histórico
En las últimas décadas, diversas sociedades latinoamericanas han tenido que lidiar con un desafío incómodo: reconstruir sus democracias tras períodos de autoritarismo, violencia política y graves violaciones de derechos humanos.
No se trata solo de corregir instituciones, sino de repensar lo que pasó y cómo se cuentan esas historias. La memoria democrática se ha convertido en un elemento central para el fortalecimiento del Estado de derecho, al vincular el reconocimiento de las víctimas con la construcción de garantías de no repetición. Sin embargo, este ejercicio se desarrolla en un terreno de disputa, marcado por tensiones entre recordar y olvidar, así como por el surgimiento de discursos revisionistas y negacionistas que buscan resignificar, relativizar o incluso negar hechos históricos. Entender estas dinámicas es clave para analizar cómo se configuran las memorias públicas y qué impacto tienen en la calidad democrática contemporánea.
La memoria democrática no es simplemente el recuerdo compartido del pasado, sino una práctica política y cultural mediante la cual las sociedades reconocen, preservan y transmiten experiencias de violencia, resistencia y vulneración de derechos, con el objetivo de fortalecer valores cívicos compartidos y consolidar instituciones democráticas. En contextos post-autoritarios, la memoria se convierte en un elemento inevitable de la vida pública: constituye un “pasado que no quiere pasar”, que insiste en el presente y obliga a la institucionalidad republicana a enfrentarlo (Jelin, 2002, p. 13). Las democracias no se construyen sólo mediante reformas institucionales, sino también con disputas sobre lo que significa ese pasado y quién es responsable de él.
Es pertinente establecer una distinción entre memoria e historia. Mientras la historia aspira a una reconstrucción coherente y cronológica basada en criterios metodológicos, la memoria es dinámica, fragmentaria y orientada al presente, ya que expresa necesidades de reconocimiento, pertenencia y reparación (Ameave, 2025, p. 19). Esta diferenciación permite comprender que la memoria democrática no busca sustituir el conocimiento histórico, sino actuar en el espacio público como herramienta de reconocimiento social y político de hechos traumáticos.
Desde una perspectiva funcional, la memoria democrática desempeña un doble papel. Por una parte, cumple una función reparadora al reconocer a las víctimas y restituir su dignidad en la narrativa pública. Por otra, ejerce una función preventiva al establecer marcos simbólicos y normativos que inhiben la repetición de la violencia política. En esta línea, Haas y Lindstam (2024) evidencian que las narrativas históricas inclusivas fortalecen el sentido de pertenencia y aumentan la participación política de grupos históricamente marginados, mientras que las narrativas exclusivas generan efectos de inhibición y exclusión. En consecuencia, el modo en que una sociedad recuerda no es neutral: incide directamente en la distribución de ciudadanía y representación.
La memoria democrática, no obstante, no constituye un relato único ni consensuado. De acuerdo con Jelin, las memorias son objetos de disputa permanente, pues diversos actores compiten por imponer interpretaciones del pasado que respondan a intereses políticos y sociales presentes (Jelin, 2002, p. 55). Vidal-Beneyto refuerza esta dimensión conflictiva al señalar que la memoria colectiva no surge espontáneamente, sino que resulta de prácticas selectivas ejercidas por actores con legitimidad suficiente para establecer un relato dominante. En tal sentido, memoria, identidad y dominación se encuentran estrechamente vinculadas (Vidal-Beneyto, 2007). Por lo tanto, recordar y olvidar forman parte de una misma dinámica política: toda memoria pública implica también silencios, exclusiones y jerarquías.
El revisionismo histórico puede ser observado en la reinterpretación deliberada del pasado con fines políticos o ideológicos. Su propósito es distorsionar hechos, relativizar crímenes y reconfigurar la narrativa pública para legitimar proyectos políticos actuales. El negacionismo, por su parte, constituye una forma extrema de este fenómeno, al rechazar directa o indirectamente violaciones graves de derechos humanos o al invertir la posición de víctimas y perpetradores.
Estos fenómenos deben entenderse como expresiones de poder. Dado que la memoria colectiva se construye mediante prácticas selectivas, el revisionismo opera precisamente como una estrategia para controlar qué versiones del pasado obtienen legitimidad social e institucional (Vidal-Beneyto, 2007). Según Jelin, las transiciones democráticas tienden a abrir la esfera pública para relatos antes censurados, pero también generan disputas intensas por el sentido del pasado, donde memoria, verdad y justicia aparecen estrechamente vinculadas (Jelin, 2002, p. 68). En este contexto, el revisionismo y el negacionismo funcionan como mecanismos para bloquear demandas de responsabilidad histórica y debilitar procesos de justicia.
Bautista (2018) contribuye a esta comprensión al observar que el revisionismo no se sostiene únicamente por desinformación, sino por estructuras ideológicas que ofrecen un relato emocionalmente atractivo centrado en la grandeza nacional, enemigos internos y promesas de restauración. En consecuencia, la refutación basada exclusivamente en hechos resulta insuficiente, ya que el revisionismo opera también como un dispositivo de identidad política.
A esto se añade la dimensión del entorno digital contemporáneo. Ortu et al. (2026) demuestran que sistemas de inteligencia artificial pueden reproducir narrativas revisionistas, especialmente mediante mecanismos de omisión o “sanitización”, donde los hechos centrales se suavizan o desaparecen del relato. Este mecanismo torna más difícil identificar el revisionismo, al presentarse bajo la apariencia de narrativas neutrales que, sin embargo, vacían de contenido crítico la violencia histórica.
En síntesis, el revisionismo y el negacionismo no constituyen meros debates académicos, sino amenazas directas a la memoria democrática. Al distorsionar el pasado, erosionan la capacidad social de exigir responsabilidad histórica y rendición de cuentas, debilitan el reconocimiento de las víctimas y comprometen la calidad democrática, al alterar los marcos colectivos desde los cuales una sociedad define justicia, pertenencia y legitimidad política.
El caso de Nicaragua
Basándonos en la definición de memoria democrática utilizada anteriormente, entendida como el acto no sólo de recordar fechas emblemáticas para la lucha democrática sino la internalización de valores como la verdad y la justicia, así como también la reparación de las víctimas, es posible establecer distintos casos en los cuales la memoria democrática ha sido un factor de vital importancia para la no repetición.
En Nicaragua, 1984, Daniel Ortega gana las elecciones con el 67% (CSE, 1984) de los votos en un contexto marcado por la guerra civil, un estado de emergencia que limitaba ciertas libertades civiles y el intento de boicot de algunos sectores de la oposición representados en la Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN). Nicaragua venía convirtiéndose con el pasar de la Guerra Fría en un punto neurálgico en la disputa por el control de América Latina entre el bloque soviético y el bloque estadounidense, de esta forma unos y otros actores eran financiados por las grandes potencias del momento para inclinarse hacia un lado o hacia el otro de los conflictos diplomáticos propios de aquella época.
El conflicto producido por la contra, la aplicación de la Ley de Servicio Militar Patriótico y la intervención de EE. UU. marcaron el primer gobierno de Daniel Ortega. El final de la dictadura de Anastasio Somoza supuso grandes retos para el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En un inicio se lograron avances en cobertura y calidad de la salud, así como en la asistencia al sistema educativo, sin embargo, todos los avances se vieron ensombrecidos por el voraz avance del autoritarismo. Que operó, por ejemplo, a través de políticas como la operación Navidad Roja en la que hubo ejecuciones sumarias, quema de aldeas y desplazamiento de la población en la Costa Caribe (CIDH, 1981), así como también, la aprobación de la Ley General de Medios de Comunicación que suponía la criminalización de la libertad de prensa, intentando lograr una hegemonía comunicacional clara (Leiken & Rubin, 1987) y el Servicio Militar Patriótico, que, a pesar de estar justificado por el estado de guerra contra ‘‘la contra’’, fue implementado forzosamente, lo que también supuso un punto de ruptura con la iglesia católica (Close, 1988).
Estos elementos se fueron sumando y suponiendo un franco retroceso en materia de calidad democrática, un avance que llevó a la victoria de Violeta Barrios de Chamorro. A rasgos generales, el gobierno de Barrios de Chamorro permitió un proceso de desmovilización y pacificación de la contra y del Ejército Popular Sandinista (EPS) con los acuerdos de Toncontín (Close, 1999), y además, aplicando una reforma económica con un plan de choque y un plan de privatizaciones, bajó la inflación y sobre todo, logró despolarizar y reconciliar a la sociedad nicaragüense con su política de ‘‘perdón y olvido’’ (Anderson & Dodd, 2005). Este sería el inicio del retorno del autoritarismo a Nicaragua.
La transición hacia la democracia en Nicaragua dejó muchos temas sin resolver de fondo, y en medio, se desenvolvieron una serie de acontecimientos como el pacto Alemán-Ortega que reformaron las leyes electorales, la constitución y acordaron repartirse cuotas de poder. Es de esta forma que los límites constitucionales que evitarían un retorno al autoritarismo fueron desmontados a partir de acuerdos políticos ajenos al control ciudadano.
Por otro lado, la derecha se fragmentó como consecuencia de los escándalos de corrupción del partido liberal y Daniel Ortega cambió el enfoque confrontativo e impulsó una agenda de aparente reconciliación nacional. Todos estos cambios, en su conjunto, aunque no exclusivamente, permitieron el regreso del sandinismo al poder, un movimiento político que mutó para incluso perseguir y apresar a miembros del mismo movimiento que veían con preocupación la consolidación autoritaria.
La vuelta al autoritarismo en Nicaragua no fue mera casualidad, no fue un golpe de mala suerte: fue la consecuencia de un proceso de transición democrática poco efectiva en garantizar la memoria del pasado reciente de dicho país, así como también de las fallas de los gobiernos sucesivos que en conjunto a escándalos de corrupción y nepotismo desencantaron a la población civil. El riesgo de una transición mal consolidada es y siempre será la regresión autoritaria.
Uno de los elementos más claros que determinaron el regreso de Daniel Ortega al poder fue sin lugar a duda, la incapacidad de los gobiernos democráticos de garantizar la movilidad social ascendente. Nicaragua en 1990 tenía niveles de pobreza del 50.3% (Banco Mundial, 2003) y para 2005 seguía siendo considerado como uno de los países más pobres de América Latina (Banco Mundial, 2008). Esto claramente configuraba un contexto de frustración y reclamos sociales que se entendían en el tiempo mientras que la clase política se fragmentaba tras repetidos y variados escándalos de corrupción, como los del caso La Huaca (Aparicio, 2006) durante el gobierno de Arnoldo Alemán y el pacto Alemán-Ortega.
Por tanto, el regreso de Daniel Ortega y el franco declive de la democracia tras de sí era un escenario esperable, ante la ausencia de controles institucionales, nula memoria histórica, la amnesia política e institucional, así como también la astucia y el cálculo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Conclusión
En síntesis, la memoria democrática no constituye sólo la preservación de la historia, sino el proceso de reconocimiento colectivo que vincula el pasado con responsabilidades presentes. Opera como un mecanismo de defensa democrática al establecer narrativas públicas sobre violaciones de derechos humanos y fortalecer la ciudadanía crítica necesaria para identificar y resistir a prácticas autoritarias. Sin una memoria democrática construida de manera conjunta y deliberada, una sociedad carece de las herramientas para reconocer cuándo sus instituciones están siendo capturadas o desmanteladas.
Los riesgos de su ausencia son significativos, ya que transiciones democráticas que evitan la confrontación con el pasado autoritario terminan en no eliminar el conflicto político, sino en posponerlo en condiciones menos favorables para la defensa institucional. Una población sin memoria compartida sobre los peligros del autoritarismo es vulnerable a la reconfiguración del poder por parte de actores represivos y, en tal escenario, el regreso a sistemas autoritarios puede presentarse no como una ruptura democrática evidente, sino como una de las alternativas políticas, facilitando su consolidación sin la resistencia que una ciudadanía formada en memoria democrática hubiera ofrecido.
Nicaragua es un caso único en América Latina, pues se observan tanto elementos de influencia externa (influencia de EE. UU. y la URSS), cuanto elementos de influencia interna (los partidos políticos, sociedad civil y la iglesia), los cuales han regido históricamente la política del país. Desde la caída de la dictadura de Somoza hasta la regresión autoritaria en 2007 el pueblo nicaragüense se debatía entre opciones populistas de izquierda y derecha que no ofrecían soluciones de fondo a los problemas críticos de dicho país, como la pobreza, corrupción, e inseguridad. Los gobiernos que siguieron al de Daniel Ortega no lograron establecer las bases políticas que desarrollaran una memoria histórica verdadera, que evidenciara los atropellos cometidos por el autoritarismo y, por tanto, permitieron que este regresara a través del voto popular.
La falta de memoria democrática, la debilidad institucional y la colaboración de los actores a favor de intereses particulares y en detrimento de la calidad democrática generaron el punto de partida para la pérdida de la democracia nicaragüense, donde los problemas sociales se ampliaron y las libertades han sido restringidas. Por lo tanto, el caso de Nicaragua ilustra claramente que el sostenimiento de la democracia en el tiempo no depende solamente de la gestión de conflictos presentes, sino de la creación de un relato común que prevenga la regresión autoritaria y que sea aceptado por toda la sociedad civil.
Por David Sebastián Flores Ojeda, politólogo, investigador en el ámbito de políticas públicas y democracia, maestrando en Gobernanza y Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Madrid, y Giulia Medea, graduada en Relaciones Internacionales, especializada en Derechos Humanos, Responsabilidad Social y Ciudadanía Global, y actualmente cursa el Máster en Derechos Humanos y Gobernanza en la Universidad Autónoma de Madrid.
Este artículo fue seleccionado en la convocatoria de artículos (Call for Papers) del Observatorio ALERTA Latam de FIBGAR, dirigida al alumnado del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos a los autores su valiosa contribución a este espacio de análisis y reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta América Latina, y su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia y la democracia en la región.
REFERENCIAS
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Bautista, V. F. (2018). The Pervert’s Guide to Historical Revisionism: Traversing the Marcos Fantasy. Philippine Studies, Historical & Ethnographic Viewpoints, 66(3), 273–300. https://doi.org/10.1353/phs.2018.0026
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