¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Abril 2025
Hungría le informa a la Corte Penal Internacional que se retira del Estatuto de Roma en vísperas de la visita del Primer Ministro Israelí
Con esta decisión, Hungría se convierte en el primer país de la Unión Europea en dejar de hacer parte de la Corte Penal Internacional.
Este anuncio coincidió con la visita oficial a Budapest del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto emitida por dicha Corte. Viktor Orbán, Primer Ministro húngaro, había invitado a Netanyahu poco después de que la orden fuera emitida en noviembre, y le reafirmó que la orden de la Corte no tendría efectos en su país.
Cómo ha sido de conocimiento público, el Fiscal de la Corte Penal Internacional acusó a Netanyahu de ser el presunto responsable de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos durante el conflicto entre Israel y Palestina. Netanyahu por su parte, se ha dedicado a calificar las acusaciones como antisemitas y rechazó la legitimidad de la Corte. Por su parte, el Primer Ministro Orban, ha criticado a la Corte señalándola de ser un tribunal político.
Esta decisión de Hungría se enmarca dentro de sus últimas decisiones de política exterior que priorizan la soberanía nacional frente a las instituciones internacionales, además de que refuerzan sus estrechos vínculos con Israel. La Corte, por su parte, ha manifestado que esta decisión de Hungría no afectará sus operaciones ni las investigaciones en curso, aunque sí que podría animar a otros países a cuestionar su participación en el tribunal si consideran que las decisiones son políticamente motivadas.
Mientras tanto, en el resto de Europa, los demás países miembros de la Corte han expresado su disposición de cumplir con las órdenes de arresto, en contraste con la posición húngara. La ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, calificó la decisión de Hungría como «un mal día para el derecho penal internacional» y defendió que nadie en Europa está por encima de la ley, reafirmando el compromiso de su país con el Estatuto de Roma.
Lastimosamente, el conflicto entre Israel y Palestina continúa intensificándose, con Israel expandiendo su ofensiva en Gaza. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, más de 50.000 palestinos han muerto, según las autoridades gazatíes. Netanyahu, que sigue defendiendo el derecho de Israel a protegerse, ha rechazado las acusaciones de la Corte como intentos de obstaculizar sus labores de defensa.
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El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprueba la creación de un grupo de trabajo para la protección de las personas mayores
Esta medida de Naciones Unidas responde a años de presión por parte de organizaciones como, AGE Platform Europe y Helpage International España, que han denunciado la falta de instrumentos específicos contra la discriminación por edad. La decisión fue tomada por un amplio consenso, el cual estuvo motivado en la búsqueda de llenar el vacío que existe actualmente en el derecho internacional.
El nuevo grupo de trabajo tiene como objetivo establecer un marco legal claro que permita a las personas mayores reclamar justicia y reparaciones en casos donde se vean vulnerados sus derechos. Actualmente, no hay tratados internacionales que aborden de manera explícita temas como la eliminación del edadismo o la discriminación por razones de la edad, lo que ha resultado en vacíos normativos y protecciones insuficientes.
El proceso de este grupo de trabajo seguirá el modelo de otros instrumentos exitosos, tal como el de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El grupo de trabajo realizará dos sesiones anuales en Ginebra y organizará una reunión preparatoria antes de fin de año, asegurando la participación activa de personas mayores y organizaciones representativas para garantizar un enfoque inclusivo.
Con una población mundial que envejece rápidamente, ante lo que se ha estimado que habrá más de 1.500 millones de personas mayores de 65 años proyectadas para 2050, Naciones Unidas considera esta iniciativa esencial. La convención busca cerrar brechas legales y establecer estándares universales que garanticen el respeto, la dignidad y la protección efectiva de los derechos de las personas mayores en todo el mundo.
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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluye su 58ª sesión ordinaria adoptando varias resoluciones e iniciativas claves
Esta sesión ordinaria finalizó el pasado 4 de abril. En el transcurso de dichas jornadas se adoptaron 32 resoluciones y se extendieron 16 mandatos temáticos y específicos por país.
En relación con la situación en los Territorios Palestinos Ocupados, el Consejo instó a la Asamblea General de la ONU a considerar el establecimiento de un mecanismo internacional, imparcial e independiente para investigar y enjuiciar a los responsables de los crímenes más graves cometidos desde 2014 por todas las partes involucradas. Además, se adoptaron resoluciones sobre los derechos humanos en los Altos del Golán sirios ocupados, el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y los asentamientos israelíes en los territorios ocupados.
Durante la sesión, se renovaron por un año los mandatos de varios relatores especiales y comisiones de investigación, incluyendo aquellos centrados en países como Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Irán, Ucrania, Siria, Mali, Haití y Sudán del Sur. Estas extensiones reflejan la continua preocupación del Consejo por las violaciones de derechos humanos en diversas regiones del mundo.
La sesión también abordó temas globales como el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, la privacidad, los derechos culturales y la situación de las personas con albinismo. La próxima sesión ordinaria del Consejo está programada entre el 18 de junio hasta el 12 de julio de 2025.
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Por primera vez, en Estados Unidos se aplica la jurisdicción universal para condenar a un miembro del escuadrón de la muerte de Gambia por cometer actos de tortura
El 15 de abril de 2025, un jurado en Denver, Colorado, declaró a Michael Sang Correa culpable de cinco cargos de tortura y un cargo de conspiración para cometer tortura. Este juicio ha sido el primero en que un jurado estadounidense responsabiliza penalmente a un no ciudadano estadounidense por torturas cometidas fuera de EE. UU.
Correa, exmiembro del escuadrón de la muerte gambiano conocido como los «Junglers», fue acusado de torturar a presuntos conspiradores tras un fallido golpe de Estado en Gambia en 2006. Las víctimas testificaron sobre métodos brutales como golpizas, asfixia con bolsas plásticas y descargas eléctricas.
El juicio estuvo sustentado juridicamente por la Ley de Tortura Extraterritorial de los Estados Unidos, la cual permite procesar en territorio estadounidense a individuos que hayan cometido torturas en el extranjero. Este caso es solo el tercero en que se aplica dicha Ley desde su promulgación en 1994. La acusación fue respaldada por organizaciones como TRIAL International, el Center for Justice and Accountability (CJA) y la Alianza de Organizaciones Dirigidas por Víctimas (AVLO), que han luchado por la justicia para las víctimas del régimen de Yahya Jammeh.
Durante el proceso concurrieron 11 testigos, incluidos sobrevivientes que viajaron desde Gambia y Europa, y donde relataron las torturas sufridas bajo la supervisión de Correa. Entre ellos se encontraba Tamsir Jasseh, actual asesor de la policía gambiana, quien destacó que este veredicto representa un paso hacia la justicia para las víctimas y una señal de que la impunidad puede ser combatida, incluso fuera de Gambia.
La condena de Correa se suma a otros esfuerzos internacionales para rendir cuentas por los abusos cometidos durante el régimen de Jammeh. Por ejemplo, en 2021, la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparaciones de Gambia concluyó que Jammeh y 69 de sus asociados, incluido Correa, cometieron crímenes de lesa humanidad. Aunque muchos responsables siguen sin ser procesados, las recientes condenas en Alemania y Suiza, junto con la de Correa, subrayan la importancia de la jurisdicción universal para garantizar justicia a las víctimas.
El juicio también ha tenido un impacto simbólico en Gambia, donde miembros de la sociedad civil, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos, asistieron al proceso y proporcionaron actualizaciones en tiempo real.
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El aumento de deportaciones masivas de haitianos desde República Dominicana genera una crisis humanitaria
Desde Naciones Unidas se informa la asistencia de 416 personas deportadas en el cruce fronterizo de Belladère, muchas en condiciones de extrema vulnerabilidad. Han informado que han podido ofrecer ayuda inmediata, incluyendo alimentos, kits de higiene, primeros auxilios, referencias médicas y apoyo psicosocial, con atención especial a la salud materna.
En el interior de Haití, la violencia de grupos armados y los recortes de financiación han provocado el colapso de los servicios esenciales. Más de 51.000 personas han sido desplazadas recientemente, donde lastimosamente gran parte han sido menores de edad, los cuales se han tenido que refugiar en asentamientos improvisados o en regiones vecinas. Esta situación ha exacerbado la necesidad de asistencia humanitaria en las áreas centricas.
El Hospital Universitario de Mirebalais, una institución clave con cerca de 300 camas, se vio forzado a cerrar sus operaciones debido a la inseguridad. El hospital ofrecía servicios diarios a más de 850 pacientes, incluidos maternidad y tratamientos oncológicos. Otros centros de salud, como el St. Therese en Hinche y el Hospital Albert Schweitzer en Artibonite, están sobrecargados y carecen de suministros esenciales como oxígeno, atendiendo a miles de pacientes desplazados y heridos.
UNICEF y socios humanitarios, en coordinación con el gobierno haitiano y organizaciones como Caritas, han desplegado clínicas móviles en las zonas afectadas para atender a unas 30.000 personas. Estas clínicas buscan aliviar la presión sobre el sistema sanitario y ofrecer atención básica en comunidades de acogida y campamentos de desplazados, pese a las crecientes limitaciones logísticas y de seguridad.
El Plan de Respuesta Humanitaria para Haití ha informado que se requiere una asistencia de 908 millones de dólares para ayudar a 3,9 millones de personas, pero solo ha recibido el 6% del financiamiento requerido. Las agencias humanitarias apenas han recibido siete millones de los 43,5 millones necesarios para el sector salud. La ONU ha reiterado su compromiso con la población haitiana, aunque su capacidad de respuesta depende críticamente de mejoras en la seguridad y en la disponibilidad de fondos.
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