¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Diciembre 2024
Las desapariciones forzadas: la grave realidad que azota Colombia
El 5 de diciembre de 2024 el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED), culminó su visita a Colombia. Luego de reunirse con autoridades, víctimas y organizaciones de la sociedad civil, visitar centros de detención y cementerios, la delegación subrayó las deficiencias sistémicas existentes en los sistemas jurídicos e institucionales que obstaculizan la búsqueda de verdad y justicia por parte de los familiares de las víctimas, propiciando la impunidad. También registró que existe una notable falta de claridad sobre el número de personas desaparecidas en el país ante la ausencia de registros centralizados y fiables.
Y, si bien este es un problema que azota al país desde la década de 1940, la delegación constató que es un delito que continuó ocurriendo a lo largo del tiempo sin interrupciones, presentando un grave problema aún en la actualidad.
Se advirtió que esta situación afecta en mayor medida a niños, niñas y adolescentes, líderes sociales y de los pueblos indígenas, migrantes, periodistas, combatientes desmovilizados y maestros, entre otros. Siendo particularmente alarmantes los casos de reclutamiento forzado, de niños y adolescentes, trata de personas, desplazamiento forzado y migración, así como las desapariciones vinculadas a las protestas sociales. Asimismo, la delegación verificó que el miedo a las represalias y la falta de confianza en las autoridades desalientan las denuncias, mayormente en zonas controladas por grupos armados.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Se presentó ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional una solicitud de arresto en la situación en Bangladesh/Myanmar
En el marco de las investigaciones iniciadas en 2019 por los presuntos delitos cometidos durante las olas de violencia de 2016 y 2017 en el estado de Rakhine, Myanmar, y el posterior éxodo rohingya de Myanmar a Bangladesh, en la Oficina Fiscal de la CPI Karim AA Khan KC ha presentado la primera solicitud de orden de arresto ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la Corte Penal Internacional, contra el General de Alto Rango y Presidente interino Min Aung Hlaing, Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa de Myanmar.
Ello en razón de que la fiscalía entiende que hay motivos razonables para creer que éste tiene responsabilidad penal por los crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución de los rohingya, cometidos en Myanmar y Bangladesh, desde el 25 de agosto de 2017 al 31 de diciembre de 2017 por las fuerzas armadas de Myanmar –el Tatmadaw– apoyadas por la policía nacional, la policía de guardia de fronteras y civiles no rohingya.
Este importante paso para la efectividad de la rendición de cuentas y búsqueda de justicia –remarca la Fiscalía– ha sido logrado por el apoyo de los Estados, la sociedad civil, las organizaciones internacionales, y en particular, la cooperación, la confianza y el firme compromiso de la comunidad rohingya.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Sentencia histórica de la Corte Constitucional de Ecuador reconoce el racismo estructural en el país
La Corte Constitucional de Ecuador ha emitido una sentencia histórica reconociendo que, en el contexto de racismo estructural existente en el país, la empresa Furukawa perpetuó durante seis décadas prácticas coloniales análogas a la esclavitud, conocidas como servidumbre de la gleba, contra personas de origen afrodescendiente, consideradas por la empresa como objetos de producción y no como sujetos de derecho.
La sentencia exige reparaciones económicas y simbólicas por estos hechos para los descendientes de las víctimas que impulsaron el proceso. Asimismo, reconoce que este tipo de prácticas continuaron vigentes incluso luego de proclamada la abolición de la esclavitud en 1852, y aún en pleno siglo XXI. Esta resolución implica por sí misma un reconocimiento simbólico no solo para las víctimas de Furukawa, sino para toda la población ecuatoriana afrodescendiente. Asimismo, se espera que sea el punto de partida para un necesario proceso de reparación y reflexión social, en búsqueda de una igualdad real para todas estas comunidades que, aún hoy, son excluidas y vulneradas.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Alerta por las ‘leyes mordaza’ de Bukele en El Salvador
La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha presentado un informe acerca de los peligros que representan para la libertad de prensa y el derecho a la privacidad la aprobación en El Salvador de las leyes sobre ciberseguridad y protección de datos impulsadas por el oficialismo que ostenta el control de la Asamblea Legislativa.
Las disposiciones mencionadas han generado preocupación ya que podrían ser utilizadas para eliminar voces críticas contra el Gobierno a causa de –entre otras medidas– una abstracta regulación del “derecho al olvido”, aumentando los niveles de censura, opacidad y acoso a periodistas u organizaciones independientes, ya existentes en el país. Asimismo, según la organización, resulta alarmante que la ley de protección de datos salvadoreña excluya de su competencia los datos o actividades relacionados con la “seguridad pública, la defensa, la seguridad del Estado, prevención, investigación, detección y represión del delito”, teniendo en cuenta el estado de excepción permanente que sufre el país
Puedes leer la noticia completa aquí.
