¿Sabes qué pasó? Boletín mensual de julio
Se publicó el Informe anual sobre el Estado de Derecho 2024 de la Comisión Europea.
El pasado 24 de julio la Comisión Europea ha publicado su 4ª edición del Informe anual sobre el Estado de Derecho, que examina de manera sistemática y objetiva la evolución del Estado de Derecho en todos los Estados miembros en igualdad de condiciones. Este abarca cuatro pilares: los sistemas judiciales nacionales, los marcos de lucha contra la corrupción, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como otros controles y equilibrios institucionales. El informe indica que, en comparación con la primera edición adoptada en el año 2020, los Estados miembros y la UE en su conjunto están mucho mejor preparados para detectar, prevenir y abordar los retos emergentes.
La vital importancia del Informe radica en que se ha convertido en un efectivo impulsor de reformas positivas: se revela que un 68 % de las recomendaciones formuladas en 2023 se han abordado, total o parcialmente, por los distintos Estados. Ello es coincidente con la percepción que tienen los ciudadanos de la UE, ya que, según una encuesta reciente del Eurobarómetro, 7 de cada 10 consideran que la Unión desempeña un papel importante a la hora de ayudar a defender el Estado de Derecho en su país.
Esta edición continúa con la práctica introducida en el año 2022 de ofrecer recomendaciones especificas para todos los Estados miembros, además de una evaluación de los avances realizados en aplicación de las recomendaciones del año previo. Asimismo, el informe de este año incluye, por primera vez, cuatro capítulos sobre la evolución de la situación en Albania, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, que buscan ayudar a las autoridades de estos Estados a seguir avanzando en el proceso de adhesión y a prepararse para la continuación de los trabajos sobre el Estado de Derecho como futuros Estados miembros.
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Juzgado de Buenos Aires reconoció a víctimas que interpusieron querella contra Álvaro Uribe Vélez
El 1 de julio, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 de Buenos Aires (Argentina), reconoció que las víctimas -familias de 4 víctimas identificadas, de siete víctimas sin identificar y tres organizaciones defensoras de derechos humanos- que interpusieron la querella en noviembre de 2023 en contra de Álvaro Uribe Vélez, tienen el pleno derecho de actuar dentro del proceso toda vez que han sido claramente afectadas por los hechos denunciados.
La acción judicial se había presentado en el marco de la jurisdicción universal, que permite investigar y juzgar a autores de graves crímenes que afecten derechos humanos, perpetrados en cualquier lugar del mundo, cuando no han sido investigados en sus propias naciones. En este caso, contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, denunciado por crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido que se cometieran en Colombia, entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, más de 6.000 casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas. Estas, ilegítimamente, se habrían presentado como bajas en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército colombiano, también conocidos como ‘falsos positivos’, en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.
En el marco de una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado y la violencia política, esta causa refiere enorme importancia en miras a un acceso efectivo a la justicia, verdad y reparación integral. Asimismo, la admisibilidad de la querella del 1 de julio viabiliza la adhesión de otras víctimas y organizaciones, así como la práctica de pruebas que fortalecen la investigación en contra del primer expresidente de Colombia que estaría siendo indagado por crímenes de lesa humanidad.
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En busca de justicia por crímenes contra la humanidad en Siria
En el marco de la utilización del principio de jurisdicción universal, el pasado 3 de julio se llevaron adelante cinco arrestos en Alemania y tres en Suecia de sospechosos aliados con el gobierno del presidente sirio Bashar al-Assad por supuesta participación en crímenes contra la humanidad en Siria.
Los cinco detenidos en Alemania, según lo informado por la fiscalía federal, están acusados de participar en una violenta represión de una protesta pacífica contra el gobierno en el distrito de Al-Yarmouk en Damasco el 13 de julio de 2012, hechos por los que también han sido los arrestados en Suecia.
Estas detenciones se han llevado adelante días después de que la Corte de Apelaciones de París dictamine que la orden de arresto internacional contra el presidente sirio Bashar Assad emitida por Francia por presunta complicidad en crímenes de guerra durante la guerra civil de Siria es válida y sigue vigente. Por su parte, representan los últimos intentos por buscar justicia para las víctimas de las graves vulneraciones de derechos cometidos durante la guerra civil de Siria entre las tropas de Assad y los grupos armados de oposición, incluido el Estado Islámico, que estalló después de que el gobierno reprimiera las protestas pacíficas a favor de la democracia en 2011 y que ha dejado un saldo de más de medio millón de víctimas fatales, obligando a huir a otros tantos millones de personas de sus territorios.
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Es detenido un empresario español en la primera causa abierta en España por crímenes cometidos durante la guerra civil de Sierra Leona
La Audiencia Nacional de España, solicitó la detención del ciudadano español por su presunto papel en el apoyo al grupo rebelde sierraleonés Frente Revolucionario Unido (FRU), concretándose la misma en Málaga el pasado 2 de julio.
Durante la guerra civil que asoló este país africano entre marzo de 1991 y enero de 2002, el FRU esclavizó a civiles en el distrito de Kono, al este de Sierra Leona, obligándolos a trabajar en las minas de diamantes. El detenido está acusado por participar en el comercio ilegal de los llamados diamantes de sangre, que financiaban la guerra civil, organizar mercantiles para blanquear su venta en Europa y por complicidad en los crímenes cometidos en la guerra civil.
Este caso supone el segundo en que un ciudadano europeo es detenido por actos relacionados al tráfico de diamantes de sangre procedentes de Sierra Leona. En 2015, Michel Desaedeleer había sido detenido en España tras una denuncia presentada en Bélgica en 2011, quien murió en el año 2016 antes de poder ser juzgado en Bruselas.
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El Gobierno español aprueba el II Plan Nacional de Derechos Humanos de la mano de la sociedad civil
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 23 de julio el Real Decreto por el que se crean y regulan los órganos de coordinación, seguimiento y participación del II Plan Nacional de Derechos Humanos (2023-2027). El II Plan había sido aprobado el 6 de junio de 2023, con 16 objetivos generales, 71 objetivos específicos y 421 medidas, y entre sus objetivos principales están el velar por el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de cooperación de España, garantizar derechos humanos, la igualdad de mujeres y hombres, y de la igualdad de trato y protección de grupos específicos.
En ese sentido y para garantizar la coordinación, el seguimiento y la evaluación del II Plan, y seguir dando voz a todas las instituciones y organizaciones que han estado implicadas en su elaboración, se ha creado a través de este Decreto Real un Comité de dirección y una Comisión interministerial de seguimiento, órganos que se adscribirán al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales.
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