Las principales ONGs de protección de alertadores piden una reforma urgente tras un despido en Naciones Unidas
Esta semana el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) rescindió el contrato de trabajo de John O’Brien, quien alertó sobre sospechas de corrupción en la gestión de un proyecto de energía en Rusia, en el que el PNUD gastó 40 millones de euros entre 2010 y 2017.
Esta no es la primera vez que Naciones Unidas, que desde años promueve la importancia de proteger a los alertadores, no protege a los que alertan de irregularidades al interior de la institución.
Ya pasó con el caso de Emma Reilly, abogada de derechos humanos y empleada contratada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), despedida por haber revelado que empleados de ACNUDH habían proporcionado a China información sobre disidentes uigures.
Desde FIBGAR manifestamos profunda preocupación por el hecho de que trabajadores de Naciones Unidas que denuncian de irregularidades sufran represalias y se enfrenten a violaciones de sus derechos laborales y del debido proceso. La confianza se ve absolutamente socavada y conlleva el escalofriante efecto de disuadir al personal de denunciar irregularidades y malas prácticas.
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Chipre: expertos en Derechos Humanos piden soluciones urgentes para la tragedia de personas desaparecidas.
A lo largo de su historia Chipre ha vivido varios períodos de violencia que han involucrado a sus dos principales comunidades étnicas, grecochipriotas y turcochipriotas.
Durante estos periodos, sobre todo durante la crisis posterior a la independencia de 1963-1964 y en 1974, cuando Turquía ocupó militarmente la parte septentrional del país y expulsó a miles de personas, se produjeron tanto desapariciones forzadas como ejecuciones sumarias llevadas a cabo por ambos bandos.
En 1981 fue establecido por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el Comité sobre Personas Desaparecidas en Chipre. Si bien el Comité ha obtenido grandes logros, en los últimos años la búsqueda se ha ralentizado y aún quedan desafíos significativos.
Por ello, felicitamos el llamamiento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias para un progreso más rápido hacia la identificación y devolución de los restos de los desaparecidos, así como la creación de un marco legal adecuado como medida de prevención de las desapariciones forzadas.
Verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición y memoria son derechos de las víctimas y, por consiguiente, todos los Estados en los que han ocurrido violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos tienen el deber internacional de adoptar todas las medidas posibles para garantizarlos.
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República Centroafricana: la esperanza del Tribunal Penal Especial
La República Centroafricana lleva inmersa en un conflicto desde 2012, cuando estallaron los enfrentamientos entre la milicia mayoritariamente cristiana anti-Bakala y la coalición rebelde principalmente musulmana, que costaron la vida de miles de personas y dejaron dos tercios de la población dependiendo de la ayuda humanitaria.
En 2015 fue creado el Tribunal Penal Especial, un tribunal híbrido sin precedentes, compuesto por magistrados locales e internacionales y con el mandato de investigar y enjuiciar las violaciones graves de Derechos Humanos cometidas en el país desde 2003.
Siete años después de su creación se celebrará el primer juicio que versa sobre la masacre de 46 civiles, la cual tuvo lugar en mayo de 2019, en pueblos al norte de las regiones Koundjili y Lemouna. El Fiscal del caso asegura que los asesinatos fueron llevados a cabo por el grupo rebelde 3R y, a tres de sus miembros, les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Desafortunadamente, pese a la firma del acuerdo de paz de 2019 entre el Gobierno centroafricano y 14 grupos armados, y el alto el fuego unilateral de octubre de 2021, continúan cometiéndose abusos graves contra la población civil.
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Madrid, 25 de abril de 2022.
