Huelga de personal en la agencia indígena brasileña Funai tras la desaparición de Bruno Pereira.
En Brasil, la desaparición del investigador Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips el pasado 5 de junio han provocado revuelo entre el personal de Funai (Fundación Nacional del Indio), una agencia nacional dedicada a la protección de los intereses de las tribus indígenas del país. El personal de Funai denuncia el desmantelamiento que ha sufrido la agencia durante los últimos años, en especial durante el mandato de Jair Bolsonaro.
Bruno Pereira había trabajado para Funai como funcionario desde 2010. Tenía amplia experiencia en la tierra indígena Vale do Javari y fue destituido del cargo en 2019. Prontamente, se unió a la ONG Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari). Su actividad profesional y experiencia le habían puesto en el punto de mira de las bandas criminales que expolian las riquezas de reservas ecológicas de la selva y había sufrido ya varias amenazas.
Lo último que se supo de Pereira y Phillips es que, el 5 de junio, navegaban por la región de Vale do Javari entrevistando a personas indígenas para el próximo libro de Phillips. Esta región es conocida por la caza, pesca y minería ilegales.
El 14 de junio, el personal de Funai convocó una huelga para, en primer lugar, pedir más seguridad y protección para el personal que trabaja en el Amazonas y, en segundo lugar, denunciar la falta de recursos, personal y voluntad política que sufre la agencia. Denuncian un desmantelamiento sistemático de la agencia desde el gobierno y desde el propio liderazgo interno, que tiene como objetivo debilitar la protección hacia los pueblos indígenas en favor de políticas invasivas y expoliadoras de sus tierras.
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Myanmar: la ONU insta a una acción coordinada inmediata para evitar «una generación perdida»
Los niños también se han convertido en un objetivo más de la junta militar en Myanmar: al menos 142 niños han sido asesinados o mutilados por soldados, policías y milicias desde el principio del nuevo régimen; 61 están siendo retenidos como rehenes; 1400 han sido detenidos arbitrariamente; y más de 250000 niños han sido forzosamente desplazados de sus hogares.
Tom Andrews, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, denuncia en su informe los incesantes ataques de la Junta hacia la población infantil e informa sobre las brutales torturas que sufren, incluyendo quemaduras, amputaciones y simulacros de ejecuciones.
El informe tacha de insuficientes las acciones de la comunidad internacional: sólo se han enviado el 10% de los fondos necesarios para implementar el Plan 2022 de Respuesta Humanitaria de Myanmar. Paralelamente, llama al establecimiento de fuertes sanciones económicas que bloqueen el acceso de la Junta a financiación.
Andrews afirma que la falta de acción por parte del Consejo de Seguridad para intervenir en la fatídica situación de Myanmar es un fallo moral por parte de toda la comunidad internacional, y que tendrá fuertes repercusiones en todos los niños del país.
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Cancelado el vuelo desde el Reino Unido a Ruanda tras la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El martes pasado el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) impidió la deportación de siete refugiados desde Reino Unido a Ruanda, tras mucha resistencia por parte del gobierno británico.
Esto sólo fue posible gracias al avance de una de las siete demandas interpuestas, la de un ciudadano iraquí que buscaba asilo en Reino Unido tras sufrir torturas en su país. Gracias a esta demanda, las otras seis pudieron prosperar rápidamente en la Corte y el avión fue detenido.
La nueva y controvertida política de asilo del Reino Unido se caracteriza por enviar refugiados desde el Reino Unido hasta Ruanda para que pidan asilo en el país africano, ya sea para permanecer en este o ser redirigido a otro tercer Estado seguro. Ha sido recientemente establecida y objeto de críticas debido a los numerosos problemas y retos legales que presenta.
El TEDH ha declarado que no se puede garantizar que los refugiados enviados a Ruanda tengan acceso a procesos justos de asilo, ni que se respeten sus derechos como refugiados. Aquellos amenazados con ser deportados son personas que han huido de guerras, torturas y violencia masiva, y muchos de ellos han evitado la deportación porque se ha declarado una brecha en sus derechos. Además, menores de edad también han sido amenazados con estas deportaciones.
El Primer Ministro Johnson ha advertido que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se interpone a la nueva política, Reino Unido podría abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos y dejar de respetar la jurisdicción del Tribunal.
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Madrid, 21 de junio de 2022.