La tendencia mundial a reprimir las protestas pacíficas: el caso Ecuador
El 13 de junio las comunidades indígenas comenzaron a salir a la calle para exigir al gobierno reformas sociales y económicas, entre ellas la reducción en el precio de la gasolina, una moratoria y una renegociación de deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero privado, además de impedir que se embarguen bienes o propiedades por falta de pago de las deudas. También piden precios “justos” en los productos agrícolas; políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. No ampliar la frontera extractiva minera y petrolífera, el fin de la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, así como un mayor presupuesto para sanidad y educación.
Ante las distintas movilizaciones y protestas, que se han extendido a varias ciudades del país, deviniendo en bloqueo de carreteras, enfrentamiento con fuerzas de seguridad y la paralización del transporte público, el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en la capital y en seis de las 24 provincias, restringiendo la libertad de asociación, de reunión y de tránsito y permitiendo el uso «progresivo de la fuerza» para «neutralizar las acciones violentas».
Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian que la represión por parte del gobierno está causando una crisis de derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, malos tratos y criminalización de los manifestantes, periodistas y grupos de defensores de derechos humanos.
El caso de Ecuador es un claro ejemplo de aquella preocupante tendencia mundial a reprimir militarmente las protestas pacíficas denunciada por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voulé, en su informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 13 de junio pasado.
Como bien destaca Voulé, la imposición del estado de emergencia no da carta blanca a los Estados para violar los derechos humanos, incrementar la violencia y favorecer la impunidad.
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Retorno voluntario: Costa de Marfil ejemplo a seguir
En las últimas dos décadas, los marfileños huyeron de dos guerras civiles, acontecidas entre 2002 y 2007 y entre 2011 y 2012, y más tarde también por el miedo a que el resultado y la crisis desatada en torno a las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2020 provocasen un nuevo episodio de violencia.
En el año 2020, ya se reportaban 308.000 personas desplazadas, número que ha ido aumentado con el tiempo.
Después de dos décadas de conflictos internos se ha decretado un proceso para terminar con el estatus de refugiados de los marfileños que entrará en efecto el 30 de junio, dando paso a una nueva era para este país. Debido a las nuevas resoluciones de paz, más de 300,00 refugiados marfileños han decidido regresar a sus casas voluntariamente.
Como ha sido señalado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, en ocasión de la celebración del Día Mundial de los Refugiados, el caso de Costa de Marfil, que ha reconocido que detener la guerra y los conflictos era el único antídoto al desplazamiento forzado, es un ejemplo a seguir por parte de los Estados.
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Escalas de violencia en República Democrática del Congo
Desde los años Noventa, la República Democrática del Congo (RDC) ha sido testigo de conflictos armados. Ahora la violencia se ha ido intensificando debido al resurgimiento del grupo rebelde M23 (Movimiento del 23 de mayo) ocho años después de su derrota por las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo.
El Movimiento se fundó a principios de 2012 como una escisión del extinto Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), un grupo de rebeldes en su mayoría de origen ruandés que luchó contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) en suelo congoleño. Según numerosos informes, investigaciones y declaraciones de testigos oculares, el M23 ha sido cómplice y responsable de infracciones graves del derecho internacional cometidas contra mujeres y niños en situaciones de conflicto armado en la República Democrática del Congo, como asesinatos, mutilaciones, actos de violencia sexual, secuestros y desplazamientos forzados.
Desde mayo de este año se han reportado 23 muertes de civiles y 16 heridos, junto con miles de personas desplazadas. Estos ataques también han llevado a la propagación de un discurso de odio incrementando así más tensiones.
La ONU ha condenado estos ataques por parte del grupo M23 ya que representan una amenaza en los avances que se han llevado a cabo con el Programa de Desarme, Desmovilización, Recuperación Comunitaria y Estabilización.
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Madrid, 27 de junio de 2022.
