“Bebés robados”: una revisión anual
El pasado 4 de febrero la Fiscalía General del Estado solicitaba a las fiscalías provinciales datos sobre los llamados “bebés robados” en España, como hace anualmente desde la aprobación de la Circular 2/2012. En virtud de esta, las fiscalías provinciales deben remitir “copia de los decretos de incoación, decretos de exhumación, y decretos de archivo o en su caso denuncia o querella que se interpongan en todos los asuntos que tramiten por sustracción de recién nacidos».
Se busca así saber si continúan las denuncias por bebés robados y “verificar la información relacionada» con este tipo de diligencias durante 2021. No obstante, se trata de un tema en el que los avances escasean, ya que se producen con mucha lentitud, o el caso es archivado en la mayoría de los casos.
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El impacto medioambiental de las empresas: limitaciones que no suficientes
La Comisión Europea presentó el miércoles 23 de febrero una propuesta para minimizar el impacto destructivo de las empresas en sus trabajadores, comunidades y el medio ambiente. Con el potencial de ser un referente de la lucha contra la impunidad corporativa, la Coalición Europea por la Justicia Corporativa (ECCJ, en inglés) ha advertido de sus fallos y limitaciones.
La propuesta establece, en líneas generales, que las compañías europeas que tengan más de 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros deben prevenir abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de toda su cadena de suministro, con la “debida diligencia”. Para otras industrias más dañinas, como la agricultura y la moda, solo tendrá que haber 250 trabajadores y 40 millones de beneficios. Sin embargo, esta decisión incluye solo a un tímido 0.2% de las compañías europeas, no logrando por tanto conseguir el efecto deseado.
Por otro lado, la propuesta sugiere crear nuevas figuras de supervisión para imponer sanciones, o la prueba de que las compañías que soliciten contratos públicos no hayan sido sancionadas con anterioridad por falta de diligencia.
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Ecocidio y el apoyo de las instituciones europeas
El pasado 16 de febrero el Parlamento Europeo mostró su apoyo a la ley del ecocidio, en su informe anual de derechos humanos y democracia, alentando a los Estados miembro a apoyar la criminalización del ecocidio en la Corte Penal Internacional, así como examinar su relevancia en la legislación de la UE.
Más concretamente, en el artículo 49 del informe se recoge que “ el cambio climático es una de las mayores amenazas a las que se enfrentan los derechos humanos tanto de nuestra generación como de las venideras”, que hay una “estrecha relación existente entre los derechos humanos, un medio ambiente saludable, la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático”, “anima a la Unión y a los Estados miembros a que promuevan el reconocimiento del ecocidio como delito internacional en virtud del Estatuto de Roma de la CPI y pide que la Comisión estudie la pertinencia del ecocidio en el Derecho y la diplomacia de la Unión”, y finalmente “solicita a la Unión y a los Estados miembros que adopten iniciativas audaces para luchar contra la impunidad de los delitos contra el medio ambiente a escala mundial”.
Ucrania: las graves consecuencias humanitarias
Desde la madrugada del 24 de febrero, las tropas rusas comenzaron operaciones militares en Ucrania, ante el horror y estupor de la población civil, así como de la comunidad internacional.
El viernes 25 Naciones Unidas alertó de la potencial cifra de civiles que podrían huir, alcanzando los 5 millones. En efecto, muchos ya han cruzado la frontera hacia Moldavia, Rumanía y Polonia, según la portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados, Shabia Mantoo. La portavoz estimaba en flujo de 1 a 3 millones de refugiados solamente hacia Polonia.
Se trata, por tanto, de una crisis humanitaria y de refugiados, que afectará desproporcionadamente a la población civil, con escasez de petróleo, suministros médicos y financieros, y atención sanitaria. En esta línea, el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, anunció el jueves 24 que dotaría al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de 20 millones de dólares para hacer frente a las necesidades urgentes.
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