¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 5 de diciembre al 11 de diciembre
El ecocidio en los debates en torno a la Asamblea de los Estados Parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
La Asamblea de los Estados Parte es el órgano legislativo y fiscalizador de la Corte Penal Internacional, y congrega a todos los Estados que han ratificado el Estatuto de Roma. Su 21ª sesión se celebró en la Haya del 5 al 10 de diciembre.
En esta ocasión Stop Ecocide International, junto con otras organizaciones de la sociedad civil y con el copatrocinio de la República de Vanuatu, organizó un evento paralelo (side event)para debatir acerca de la relevancia de que el ecocidio se incorpore al catálogo de crímenes internacionales que son competencia de la CPI. La República de Vanuatu fue el primer Estado en solicitar en 2019 ante la Asamblea de Estados Parte la tipificación del delito del ecocidio en el Estatuto de Roma, seguido de Maldivas; propuesta a la que cada vez más Estados se han adherido.
En el evento paralelo – que se puede visualizar en diferido – se recalcó el papel clave que debe jugar la CPI para afrontar la emergencia climática, en un contexto de impunidad para los daños graves al medioambiente, puesto que su mandato es perseguir los crímenes de mayor gravedad que afectan a la comunidad internacional.
Stop Ecocide, a petición de parlamentarios suecos, fue la organización que convocó el Panel Internacional de Expertos Independientes – del que es partícipe el director de FIBGAR, Rodrigo Lledó – que en junio de 2021 presentó una propuesta de redacción del tipo penal de ecocidio.
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El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa preocupación ante sentencias de muerte en Myanmar
Volker Türk, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha denunciado las sentencias de muerte dictadas por tribunales militares en las últimas semanas en Myanmar. Estas sentencias se dan en el marco de juicios secretos en los que se vulneran el derecho a un juicio justo y en los que, en algunos casos, se les niega a los acusados la asistencia letrada.
Se estima que de los 16.500 opositores que han sido detenidos, unos 1.700 han sido sometidos a juicios sumarios por tribunales secretos creados ad hoc. La cifra de condenados a muerte asciende a 139.
Estos hechos se enmarcan en una clara estrategia de represión de la oposición a la dictadura militar que gobierna el país desde 2021.
En 2008, en Myanmar se promulgó una nueva Constitución, culminando un complejo proceso de transición democrática tras décadas de dictadura militar, proceso en el que el ejército tuvo gran capacidad de influencia y que resultó en el mantenimiento de altas cotas de poder. No obstante, en las últimas elecciones de noviembre de 2020, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo – vinculado a los militares – empeoró notablemente sus resultados e impugnó la contienda electoral alegando fraude. Tras semanas de tensión, el 1 de febrero los militares dieron un golpe de Estado, asumiendo todos los poderes el Comandante en Jefe, Min Aung Hlaing y declarando el estado de emergencia.
Desde entonces, la ya complicada situación en materia de derechos humanos no ha hecho más que empeorar.
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Petición popular en Suiza para que las multinacionales aumenten su rendición de cuentas.
La plataforma “Coalición por unas Multinacionales Responsables” ha logrado reunir 217.509 firmas para apoyar su petición ante el Gobierno Federal.
Desde que en 2020 la propuesta de reforma de la Constitución para el aumento del control de la actuación de compañías suizas en el exterior fuese rechaza por los cantones (pese a obtener la mayoría del voto popular), la cuestión ha seguido teniendo presencia en el debate público, lo que ha culminado en esta iniciativa emanada de la sociedad civil. A ello han contribuido varios escándalos de multinacionales involucradas en casos de violaciones de derechos humanos o daño al medioambiente.
Esta noticia nos remite a la problemática más amplia del enorme poder de las multinacionales – caracterizadas por complejas estructuras jurídicas que dificultan su rendición de cuentas (accountability)–, en un mundo globalizado y de las dificultades que los Estados tienen para controlar su actuación.
Es importante resaltar que el Consejo de Derechos Humanos, en 2014, creó el Grupo de Trabajo intergubernamental sobre las empresas transnacionales, que tiene por misión principal elaborar un borrador un instrumento jurídico vinculante a nivel internacional, que sea capaz de articular mecanismos de control para que las violaciones de derechos humanos de estas entidades no queden impunes.
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Madrid, 12 de diciembre de 2022.
