¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – abril de 2026
América Latina y Europa ante la cumbre UE-CELAC: retórica compartida, brechas reales
El investigador Par Engstrom acaba de publicar dos informes encargados por el Parlamento Europeo sobre derechos humanos y rendición de cuentas en América Latina y el Caribe, en el marco de la IV Cumbre UE-CELAC (Santa Marta, noviembre 2025) . El diagnóstico conjunto es claro: la región atraviesa un momento crítico, marcado por tensiones democráticas, un espacio cívico bajo presión, patrones de violencia en evolución y desigualdades estructurales que persisten. Pero Engstrom no se queda solo en el retrato sombrío también subraya la resiliencia de lo que él llama el «mosaico de rendición de cuentas regional”: tribunales, instituciones de control, sociedad civil activa y mecanismos como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El estudio traza asimismo un diagnóstico incómodo: la región latinoamericana combina, al mismo tiempo, retrocesos democráticos acelerados, violencia criminal que desborda a los Estados y un cierre progresivo del espacio cívico mientras mantiene compromisos formales con el derecho internacional de los derechos humanos que rara vez se traducen en protección efectiva. Además, el problema es que su efectividad varía de forma dramática según el país, y es especialmente débil en los contextos donde más se necesita, y donde confluyen presión política, economías ilegales y fragilidad institucional. Asimismo, el informe refleja que el crimen organizado transnacional, las presiones sobre periodistas y defensores, y los marcos comerciales que ignoran las condiciones laborales y ambientales siguen sin encontrar respuestas coherentes.
La cumbre es una oportunidad. Pero el estudio advierte que las relaciones UE-LAC no pueden quedarse en declaraciones de principios compartidos: necesitan instrumentos concretos, diálogo político sostenido y apoyo real a las estructuras de rendición de cuentas en los países. La pregunta es si esta vez habrá voluntad política para pasar de las palabras a los mecanismos.
Colombia: crisis humanitaria y récord de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos
Las cifras hablan solas y son devastadoras: en lo que va de 2026, Colombia ha registrado ya 48 masacres. Solo el último fin de semana de abril se evidenciaron 26 atentados. El Informe Anual 2025 de Amnistía Internacional, presentado en abril de 2026, es categórico: Colombia y Venezuela son dos de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. En Colombia la causa es el conflicto que, a pesar de los acuerdos de paz vigentes, encuentra su permanencia en las disidencias de éste. El programa Somos Defensores documentó 165 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2025, el año con más violencia letal bajo el gobierno de Petro. La Defensoría del Pueblo añade que solo entre enero y marzo de 2026 fueron asesinados 34 líderes sociales y se contabilizaron 35 masacres con 133 víctimas.
En ese sentido, más de nueve millones de colombianos, una quinta parte de la población, son víctimas del conflicto. Las disidencias de las FARC, el ELN y estructuras criminales vinculadas al narcotráfico disputan territorios rurales donde el Estado tiene menor presencia. En esas zonas, defender la tierra o manifestarse políticamente puede costar la vida. Los esquemas de protección existentes no funcionan: en demasiados casos, los líderes habían denunciado amenazas antes de ser asesinados.
Lo que está claro es que la «paz total», tiene sus falencias al no haber logrado aún reducir la violencia estructural que azota a muchas regiones del país, más aún,distintas organizaciones denuncian que, el reclutamiento forzado de menores sigue aumentando.
En este contexto, la comunidad internacional –que en los últimos meses ha puesto el foco en otros conflictos–, no puede permitirse apartar la mirada de un país que acumula décadas de crisis sin resolución.
México: las desapariciones forzadas llegan a la Asamblea General de la ONU
El 2 de abril de 2026, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED) tomó una decisión sin precedentes: invocar por primera vez en su historia el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas para remitir la situación de México a la Asamblea General de la ONU. La conclusión del Comité es grave: existen indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas en México se cometen y se siguen cometiendo como crímenes de lesa humanidad, en múltiples regiones, con patrones que apuntan a la complicidad estructural entre funcionarios públicos y crimen organizado.
Los números dan escala al problema: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas supera los 132.000 casos y la tasa de impunidad ronda el 98%. Según expertos, al ritmo actual de investigación, identificar todos los cuerpos llevaría 120 años. Además, en este contexto, los colectivos de búsqueda –muchos liderados por mujeres– trabajan en condiciones de riesgo extremo: con hostigamiento, criminalización y violencia sexual documentados.
El Alto Comisionado de la ONU Volker Türk, que visitó México en abril, fue directo: la impunidad es el hilo conductor de todo. Y, si bien el mecanismo de protección para defensores y periodistas existe, actualmente se encuentra sin recursos ni capacidad preventiva real.
La decisión del CED no implica condena jurídica ni sanciones inmediatas, pero abre una ventana de presión internacional que México no puede ignorar indefinidamente.
Argentina: la protesta social en el banquillo
El sindicato vasco ELA ha denunciado lo que está ocurriendo en Argentina con una claridad que contrasta con el silencio de muchos actores internacionales: bajo el gobierno de Milei, la protesta social está siendo criminalizada de forma sistemática. El caso más documentado es el de Córdoba, en agosto de 2025: una movilización de organizaciones sociales fue reprimida con detenciones arbitrarias, malos tratos y uso desproporcionado de la fuerza, con heridos de gravedad. Entre los detenidos, dirigentes sindicales como Federico Giuliani, quien había participado recientemente en un programa de protección internacional para defensores de derechos humanos en Euskal Herria.
En Misiones, el patrón se repite por la vía judicial: trabajadoras y trabajadores del sector público han sido procesados penalmente por participar en protestas laborales. Dirigentes como Mónica Gurina y Leandro Sánchez fueron condenados por su actividad sindical un proceso que sigue en apelación y que, independientemente del resultado, ya ha cumplido su función disuasoria.
La lógica es conocida: no siempre hace falta encarcelar a alguien para silenciarlo. Basta con abrirle una causa penal, arrastrarlo a años de procedimientos, estigmatizar. Es lo que la literatura jurídica llama «lawfare» aplicado a la protesta social, y en Argentina avanza con menos ruido, pero no con menos efectividad que las represiones más visibles de otros países de la región.
Haití: otra masacre, la misma impunidad
El 29 de marzo, la pandilla «Gran Grif» atacó Petite-Rivière de l’Artibonite, en ese contexto más de 50 viviendas fueron incendiadas y saqueadas, y miles de personas desplazadas..Según el Representante Especial del Secretario General de la ONU en el país, al menos 70 personas fueron asesinadas; por su parte, las autoridades haitianas reconocen provisionalmente 16 muertos y 10 heridos. Amnistía Internacional lo enmarca con precisión: no es una tragedia puntual, es el resultado de la incapacidad estructural tanto del Estado haitiano como de la comunidad internacional para proteger a la población.
Haití lleva años en colapso funcional. Las pandillas controlan territorios enteros, bloquean el acceso humanitario, impiden la actividad económica y reclutan por la fuerza. El Estado no tiene capacidad real de respuesta. Y la comunidad internacional ha oscilado entre la indiferencia, el debate sobre misiones que nunca terminan de materializarse y la condicionalidad política que frena cualquier intervención de fondo.
Lo que hace especialmente grave la situación es la normalización. Cada nueva masacre genera un comunicado, una condena, una exigencia de justicia y luego el silencio, hasta la siguiente. Ese ciclo de violencia e impunidad no se rompe sin una respuesta sostenida, coordinada y con recursos reales algo que, hasta ahora, no ha llegado.
Brasil: condena histórica y violencia policial récord
En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo Federal de Brasil condenó al expresidente Jair Bolsonaro a más de 27 años de prisión por conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Es la primera vez en la historia del país que los responsables de un intento de golpe son juzgados y sentenciados. El Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch lo recoge como un hito democrático relevante, tanto para Brasil como para la región.
Pero el mismo informe documenta realidades que matizan ese avance. Entre enero y noviembre de 2025, la policía mató a 5.920 personas más que el año anterior. En este contexto documento que, e octubre, una sola operación en la favela Penha de Río de Janeiro dejó 122 muertos: la más letal de la historia de la ciudad. Asimismo, constata que, los brasileños negros tienen tres veces y media más probabilidades de ser víctimas de violencia policial que los blancos. Las investigaciones de estas muertes siguen, en muchos estados, en manos de la propia policía, un conflicto de interés que garantiza la impunidad.
El contraste entre la condena a Bolsonaro celebrada como señal de fortaleza institucional y la brutalidad policial cotidiana en las periferias brasileñas ilustra una tensión estructural que el país no ha resuelto: la democracia formal funciona con más solidez que en años anteriores, pero el monopolio legítimo de la fuerza del Estado sigue operando de forma discriminatoria y letal para las poblaciones más vulnerables.
