Víctimas de Desapariciones Forzadas: una herida que no deja de sangrar
Desde el año 2011, cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Esto fue establecido en el año 2010 por resolución A/RES/65/209 de La Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se expresó la preocupación por el aumento de desapariciones forzadas en el mundo y el creciente número de denuncias de hostigamiento a testigos de estos hechos o familiares de personas desaparecidas.
La desaparición forzada se ha usado como estrategia para infundir terror en muchas sociedades. La sensación de inseguridad y angustia por la incertidumbre que la misma genera, afecta a toda la comunidad en su conjunto y perpetua temores por generaciones. Por ello, se considera que las víctimas de este delito no son solo las personas que se encuentran desaparecidas, sino también todo su entorno social y familiar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, incluso, que esto constituye un tipo de tortura y afectación a la integridad mental.
Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en determinadas circunstancias, de ataque generalizado o sistemático dirigido a cualquier población civil, la desaparición forzada constituye un delito de lesa humanidad, resultando imprescriptible, con la obligación de reparar a las familias de las víctimas y a exigir la verdad sobre la desaparición de sus seres queridos. Asimismo, por su gravedad, se prevé en los instrumentos universales y regionales que, en ningún caso se podrán invocar circunstancias excepcionales como estado o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier amenaza pública como justificación de ella; así como tampoco se puede justificar este delito por obediencia a una orden o instrucción de una autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole.
Según Amnistía Internacional, el caso más conocido de desapariciones forzadas masivas en el siglo XX es la última dictadura en Argentina. Durante esta, entre 1976 y 1983, las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos sistemáticas, secuestrando a unas 30.000 personas, torturando, ejecutando a gran escala, arrojando a las víctimas aún vivas desde aviones militares al Río de la Plata o al mar, o disponiéndolas en otros destinos que todavía no se han podido conocer, robando bebes nacidos en cautiverio, entre tantos otros crímenes atroces. Además, de la mayoría de las personas denunciadas como desaparecidas aún no se conoce su paradero, por lo que no pudieron ser recuperadas y restituidas a sus familiares. En muchos casos, tampoco se ha podido reconstruir qué ha sucedido específicamente con cada una de ellas. Todo ello tiene un gran impacto en cuanto al acceso a la verdad de familiares y de la sociedad en su conjunto.
Aún así, el caso argentino es paradigmático ya que, desde la reapertura de los procesos en 2003 con la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ha logrado que muchos de los responsables hayan sido enjuiciados por tribunales civiles ordinarios durante los últimos años. Se estiman a la fecha cerca de 1200 condenas. En ese sentido, en el año 2019, por decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, se intervino la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), donde se encontraron tres archivos físicos con 250 mil fichas con información sobre personas detenidas/desaparecidas, que ayudarán a consolidar los procesos de verdad y justicia. A pesar de ello, organismos internacionales como el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas o nacionales como el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, han manifestado su preocupación por que, a más de 40 años del fin de la última dictadura militar argentina, aún no se sabe cuántos desaparecidos hubo, por la dilación injustificada de los procesos, que, en algunos casos, configuran situaciones de impunidad ya sea por el fallecimiento de los acusados o de las víctimas y testigos/as. Se estima que aproximadamente 350 causas en los que se analizan las responsabilidades por secuestros, torturas y asesinatos se encuentran aún en abiertas y activas. Ante esta falta de información, los organismos de derechos humanos debieron limitarse a estimar la cifra y concluyeron que los desaparecidos fueron cerca de 30.000, un número que con el paso de los años se convirtió en un emblema de la lucha por la «Memoria, Verdad y Justicia».
Mientras tanto, este país, que ha sido pionero a partir de la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y del trabajo de profesionales como el Equipo Argentino de Antropología Forense, y que se ha convertido en un ejemplo mundial de justicia, ha visto una serie de retrocesos los últimos años. Entre 2016 y 2019, luego de una campaña de desprestigio a víctimas y organizaciones, los procesos fueron paralizados bajo el argumento de que era necesario auditar la legitimidad de los pedidos. Hoy en día, según se ha constatado en un informe realizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el grupo de organismos de derechos humanos que integran Memoria Abierta, las políticas de memoria, verdad y justicia se ven nuevamente en peligro en el país: en los últimos meses el nuevo gobierno ha desmantelado todas las áreas estatales encargadas de la búsqueda de la verdad para las víctimas de las desapariciones forzadas, con recortes de fondos públicos y despidos de personal, así como han mediado reuniones en el penal federal de Ezeiza con genocidas condenados, bajo la intención de impulsar leyes beneficiosas para éstos. Además, ha puesto fin a la labor del Equipo de Relevamiento y Análisis documental de los archivos de las Fuerzas Armadas, discontinuando el análisis de documentación desclasificada de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), desarmando el Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social que daba publicidad a los juicios de lesa humanidad, y con el Decreto 727/2024 del pasado 14 de agosto ha decidido desmantelar la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y la Unidad Especial de Investigación dependiente de ella, que tenía como fin investigar la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado, una práctica que ha llevado ininterrumpidamente desde hace dos décadas.
Preocupa que los consensos internacionales sobre la lucha contra las mayores violaciones de derechos humanos estén siendo cuestionados en un contexto de creciente violencia en muchos países del globo. En su informe “Ataques letales pero prevenibles: Asesinatos y desapariciones forzadas de quienes defienden los derechos humanos”, Amnistía Internacional reveló que, en todo el mundo, los Estados incumplen su obligación de proteger de manera efectiva a quienes defienden los derechos humanos frente a estos delitos.
La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. El número de desapariciones forzadas en muchos países ha preocupado a la comunidad internacional los últimos años. Hoy en día, Siria, Zimbabue, Sir Lanka, Venezuela y Colombia son algunos de los países más afectados por esta problemática, con amplias dificultades en la denuncia y acceso a la justicia, llevando a que el universo de víctimas sea mucho más amplio de lo que se registra. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. Además, al responder a distintos fenómenos, sin una investigación exhaustiva es muy difícil saber por cuál de ellos fue producida, impidiendo la consolidación de la justicia.
Las experiencias pasadas y este contexto presente hacen que la prevención y la búsqueda de justicia y verdad sean una necesidad urgente. La importancia de que los Estados garanticen ello es vital en la actualidad, debido a que esta práctica, que vulnera consigo incontables derechos humanos, continúa siendo sumamente conflictiva y consolidada en muchos países.
Federica Carnevale, colaboradora de FIBGAR.
30 de agosto de 2024.
