Los delitos relacionados con el medioambiente han experimentado un aumento exponencial en los últimos años, algo que está íntimamente relacionado con el cambio climático y la creciente escasez de recursos.
En 2016, un informe conjunto de INTERPOL y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP en inglés) estimó que el daño económico ligado a los delitos medioambientales era de entre 75.000M y 218.000M de dólares, mientras que en 2019 el Banco Mundial calculó que el daño alcanzaba los 1-2 billones de dólares por delitos como la tala de árboles, la pesca ilegal y el tráfico de fauna.
El declive de la biodiversidad en la fauna y flora o el alza de los precios en productos esenciales como los hidrocarburos o la alimentación más básica está provocando y provocará que las redes criminales se aprovechen de la explotación del medioambiente y de la inestabilidad social que ello conlleva.
Como consecuencia, las autoridades nacionales y las sociedades se enfrentarán a toda una serie de retos para frenar la degradación de la naturaleza y el aumento de las consecuencias del cambio climático que estas prácticas provocan. Entre ellas, mayor cooperación entre las autoridades transfronterizas junto con un aumento en la inversión de más medios para destapar las redes criminales o la modernización de las legislaciones medioambientales para que no sean meras sanciones administrativas sino delitos de carácter penal, entre otros retos.
Con el fin de analizar con mayor profundidad las características de los delitos medioambientales, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), publicó el día 27 de junio de 2022 el análisis más completo hasta la fecha. Este trabajo comprende las conclusiones de cientos de investigaciones apoyadas por el Europol’s Analysis Project EnviCrime.
En primer lugar, cabe señalar que los delitos medioambientales abarcan una serie de actividades que violan la legislación ambiental y causan daños o riesgos significativos para el medio ambiente, la salud humana o ambos. Estos delitos pueden incluir, entre otros: la recogida, transporte, recuperación o eliminación inadecuados de residuos; la explotación ilegal de una planta en la que se lleva a cabo una actividad peligrosa o en la que se almacenan sustancias o preparados peligrosos; la matanza, destrucción, posesión o comercio de especies animales o plantas silvestres protegidas; o, la producción, importación, exportación, comercialización o uso de sustancias que agotan la capa de ozono, entre otros.
Previo a este informe, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medioambiente, D. John H. Knox, ya lanzó una serie de advertencias acerca del impacto de los delitos medioambientales en los derechos fundamentales, reunidas en el informe Principios Marco sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente del año 2018.
En él ya se indicaba que para el pleno disfrute de los derechos humanos es crucial un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible “incluidos los derechos a la vida, al más alto nivel posible de salud física y mental, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación adecuada, al agua potable y el saneamiento, a la vivienda, a la participación en la vida cultural y al desarrollo”.
La falta de agua potable, la higiene indebida, la contaminación del aire que respiramos por la quema de combustibles fósiles o carbón, o la explotación intensiva de las tierras de pueblos indígenas son algunas de las prácticas más comunes y de mayor impacto en los derechos humanos. Asimismo, estas situaciones afectan especialmente a los niños por las consecuencias en el crecimiento y desarrollo fisiológico, y en los llamados migrantes climáticos, personas obligadas abandonar sus países de origen como consecuencia del cambio climático, derivando en mayores violaciones de derechos humanos en su paso por las distintas fronteras.
Regresando al informe de Europol, las principales tendencias descubiertas son que estos delitos tienen un impacto decisivo en las sociedades. Aunque se haya aumentado la investigación trasfronteriza, sigue siendo una ardua tarea para las autoridades nacionales y europeas destapar las actividades ilegales del crimen organizado.
El perfil de quienes cometen este tipo de delitos son pequeños empresarios que complementan su negocio legal con actos ilegales dentro de la actividad a la que se dedican como la gestión de residuos o la pesca.
Resulta una actividad tan lucrativa por el escaso riesgo de ser descubierto y las mínimas sanciones administrativas por delitos ambientales previstas.
Las mayores redes de tráfico están establecidas en los países del centro y este de Europa, quienes reciben los residuos procedentes del oeste de Europa. Fuera de la Unión Europea, los destinos más frecuentes de estos residuos es el Sudeste asiático con deshechos plásticos y África con residuos electrónicos.
En el plano legal, el fraude documental, la discrepancia entre las distintas legislaciones ambientales dificultan aún más la captura de las redes criminales, además de la corrupción de las autoridades que ignoran o participan de estos delitos.
Especial atención presta el informe al rol del cambio climático como función de empuje y atracción en la criminalidad medioambiental, teniendo en cuenta que la creciente escasez de recursos naturales desencadenará en la delincuencia organizada mayor interés debido a los mayores beneficios que producirán estas acciones.
Por otro lado, el Parlamento Europeo y los Estados miembros han acordado en la propuesta de una Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) crear unos estándares a las grandes compañías por los que tendrán que informar acerca de su impacto medioambiental y social, independientemente auditado. Por lo tanto, esta normativa tendrá como sujetos de aplicación a las entidades de interés público con más de 500 trabajadores y un volumen de negocios neto de 40.000.000 de euros, especialmente a los bancos, compañías de seguros y a aquellas consideradas como entidades de interés público por las autoridades nacionales. En total, cubrirá a alrededor de 11.700 grandes empresas.
Estos estándares se elaborarían mediante informes del European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) entre 2022 y 2025 con el fin de crear unas guías conceptuales generales que encauzarán el cuerpo legislativo junto con otro tipo de normativas más específicas, llegando a una plataforma para reportar sobre la sostenibilidad de las compañías.
Además, los estándares tendrían tres áreas sobre las que las compañías han de proporcionar información como son la estrategia, la implementación y la forma de medir los resultados. Todo esto acerca de tres temas sobre los que se reportará la actuación de las grandes empresas: medio ambiente, social y gobernanza.
El primer informe se presentó en febrero de 2021, en él se buscaba crear unos principios generales y conceptos para futuras regulaciones y estándares como puede ser: el bien general; la calidad de la información; la información retrospectiva y futura; los niveles y límites a reportar; la doble materialidad, la dimensión de materialidad según el impacto y la materialidad financiera.
Como hemos podido observar, los delitos medioambientales son una práctica relativamente novedosa que crece preocupantemente a costa de las consecuencias del cambio climático. Además del impacto económico que estos tienen en las arcas públicas, estos delitos afectan gravemente en la salud de los ciudadanos y de su entorno natural, provocando enfermedades, migraciones forzadas e inestabilidad social.
Por ello, la legislación medioambiental ha de terminar de conformarse y dotarla de la relevancia que merece, introduciendo castigos punitivos además de las sanciones administrativas. Asimismo, las autoridades nacionales necesitan de mayores medios para poder destapar las redes de tráfico y las empresas tapadera de estos delitos, dada la capacidad de adaptarse a nuevas rutas y nuevos compradores de los criminales. Por último, se ha de profundizar en la coordinación entre las autoridades transfronterizas puesto que los delitos más graves son de carácter internacional.
En caso contrario, los derechos humanos se verán desprotegidos en un futuro con mayor carestía de recursos naturales, condiciones más extremas de supervivencia y flujos migratorios masivos como consecuencia del cambio climático y los delitos medioambientales.
Rubén Cavero Carmona, colaborador de FIBGAR.
