Día Mundial de las Personas Alertadoras: estado de la Directiva Europea y el trabajo de FIBGAR
El 23 de octubre de 2019 supuso un antes y un después dentro de la Unión Europea: se aprobó la Directiva 2019/1937 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. La elaboración de esta directiva estuvo motivada por la existencia de una fragmentación relativa a la protección de las personas alertadoras en los diferentes Estados miembros.
Aquellas personas que trabajan tanto en empresas privadas como públicas son las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público que nacen en su entorno laboral. Estas personas pueden actuar como alertadores y desempeñar un papel clave para frenar y mitigar esas infracciones. No obstante, las represalias que sufren provocan una falta de motivación para los denunciantes potenciales a la hora de informar sobre sus preocupaciones o sospechas.
Han pasado más de tres años desde la fecha límite establecida para que los Estados miembros transpusieran plenamente la Directiva (UE) 2019/1937 sobre protección de las personas alertadoras. Aunque los 27 países han adoptado alguna forma de legislación nacional al respecto, ninguno ha completado una transposición íntegra y conforme en todos los aspectos.
Ante esta situación, la Comisión Europea ha iniciado procedimientos de infracción contra la mayoría de los Estados miembros por incumplimientos o retrasos en la implementación. En varios casos, incluso se han presentado recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no transponer la directiva y no notificar las medidas de transposición.
A pesar de las deficiencias generalizadas, algunos países han comenzado a dar pasos significativos. En España, por ejemplo, se ha creado la nueva Autoridad Independiente de Protección al Informante, aunque con acumulación de años de retraso, problemas en su operatividad y falta de recursos suficientes, pretende reforzar el sistema nacional de protección para las personas alertadoras y garantiza la confidencialidad de sus denuncias.
También se observan avances en Irlanda, donde se ha publicado el primer informe oficial sobre alertas en organismos públicos, aportando datos clave sobre el impacto real de los mecanismos implementados. Por otro lado, Francia ha registrado un aumento considerable en el número de alertas, aunque acompañado de hallazgos preocupantes en cuanto a la protección y trato que reciben quienes informan de irregularidades.
En Italia, la preocupación gira en torno a la debilidad de las sanciones aplicadas, lo que podría limitar el efecto disuasorio frente a represalias y actos de corrupción. A nivel más estructural, Polonia ha emitido nuevas directrices para reforzar los canales de alerta y mejorar su eficacia.
Estos avances —aunque desiguales— evidencian que la Directiva ha actuado como catalizador del cambio, pero su implementación plena y efectiva sigue siendo un reto en muchos países.
Cada 23 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Alertadoras, una fecha clave para reconocer la valentía, y la injusta desprotección, de quienes alzan la voz frente a la corrupción, el abuso de poder y otras irregularidades que amenazan los principios democráticos y el estado de derecho. Estas personas juegan un papel esencial en la defensa del interés público, exponiendo prácticas ilícitas que, de otro modo, permanecerían ocultas.
Sin embargo, quienes deciden hablar suelen enfrentarse a represalias laborales, aislamiento social, daños psicológicos y, en muchos casos, consecuencias legales. De ahí la urgente necesidad de construir sistemas sólidos de protección y apoyo. La protección efectiva de las personas alertadoras se convierte en una condición esencial para garantizar el pleno cumplimiento de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la justicia y la protección del interés público. La amenazas y represalias que enfrentan quienes informan sobre irregularidades se convierten en violaciones directas a sus derechos fundamentales, incluyendo acoso, despidos infundados, daños físicos y psicológicos y consecuencias financieras, en ocasiones, irreversibles. Es por ello por lo que, en materia de derechos humanos, proteger a quienes alertan debe abordarse como una verdadera obligación de los estados en el marco de sus compromisos internacionales.
FIBGAR, desde sus inicios, ha estado firmemente comprometida con la lucha contra la corrupción y otras formas de abuso de poder, desarrollando proyectos como A Change of Direction, dirigido a la creación de un marco de protección general para quienes alertan en la UE y sus Estados miembros, o EAT (Empowering Adults through Training), que apuntaba a promover la implementación y desarrollo de buzones para el envío seguro y confidencial u anónimo de alertas y reportes.
Aún seguimos recorriendo este camino con la misma convicción y compromiso. Seguimos trabajando incansablemente en nuevas acciones y proyectos que refuercen la transparencia, la protección de las personas alertadoras y el fortalecimiento del Estado de derecho. Se lanzarán novedades al respecto muy pronto.
Ofrecer recursos, atención y otorgar el reconocimiento a las personas alertadoras sigue siendo clave para asegurar la integridad, la rendición de cuentas y la protección de nuestra democracia.
Carmen Coleto Martínez, Responsable de proyectos de FIBGAR
