El Consejo de Europa evalúa las políticas y medidas de España para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica
La violencia contra las mujeres constituye una de las formas más graves de discriminación y una violación fundamental de los derechos humanos: “sus consecuencias físicas, sexuales y mentales, tanto inmediatas como a largo plazo, pueden ser devastadoras”.
En este contexto, el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (“GREVIO”) del Consejo de Europa ha evaluado recientemente las políticas y medidas implementadas por España para prevenir y combatir esta problemática. En el informe publicado el 21 de noviembre de 2024, si bien GREVIO celebró los avances realizados, también identificó áreas críticas que requieren atención urgente para cumplir plenamente con las disposiciones del Convenio de Estambul.
De acuerdo con los progresos y los compromisos legislativos, GREVIO reconoció los importantes esfuerzos de España por fortalecer su marco legislativo y de políticas en materia de violencia de género. Entre los logros destacados, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022 constituye un avance significativo al tipificar como delito cualquier acto sexual realizado sin el consentimiento libre de la persona.
Asimismo, España adoptó un Plan Conjunto Plurianual sobre la Violencia contra las Mujeres (2023-2027) que busca ampliar el alcance de las políticas a formas de violencia más allá de la violencia de pareja. La creación de centros de asistencia integral 24 horas para víctimas de violencia sexual y el incremento constante en la asignación de fondos son medidas clave que fortalecen la respuesta estatal a este fenómeno. A su vez, el enfoque de las fuerzas de seguridad, particularmente el de las unidades especializadas, ha mejorado sustancialmente.
A pesar de estos avances, hay retos persistentes. GREVIO subraya la necesidad de adoptar medidas adicionales para garantizar el apoyo, la protección y el acceso a la justicia para todas las víctimas de violencia contra las mujeres y violencia doméstica. Uno de los principales desafíos identificados es la mejora de la formación de los profesionales que intervienen en estos casos, incluido el Poder judicial. Recomienda establecer programas de formación a profesionales que se desempeñan en sectores clave como justicia, seguridad, salud, educación y bienestar social. Estos programas deben incluir una perspectiva integral que contemple las dinámicas de la violencia de género y las necesidades específicas de grupos vulnerables como es el caso de mujeres migrantes, refugiadas, con discapacidad o que residen en zonas rurales.
Particularmente, GREVIO enfatiza la necesidad de implementar formación obligatoria para los jueces, enfocada en aspectos como la custodia y los derechos de visita, el impacto perjudicial que tiene en los niños la exposición a la violencia contra las mujeres y las particularidades de las dinámicas de la violencia doméstica.
Un aspecto alarmante es la persistencia de la victimización secundaria en los procesos judiciales. A pesar de los avances introducidos por la Ley Orgánica 10/2022, las víctimas de violencia sexual aún enfrentan cuestionamientos sobre su credibilidad, estereotipos perjudiciales entre jueces, la necesidad de realizar múltiples declaraciones y la falta de respeto a su privacidad durante los procedimientos legales. Esta situación no solo perpetúa el sufrimiento de las víctimas, sino que también desalienta la denuncia de estos delitos.
Por último, el informe subraya una preocupación particular respecto al impacto de la violencia sexual en jóvenes. Han aumentado los casos denunciados de violaciones grupales, en los cuales, tanto los perpetradores como las víctimas, suelen ser personas jóvenes. GREVIO señala que la exposición a la pornografía violenta puede influir en la comisión de estos delitos, especialmente cuando no existen espacios educativos que promuevan debates contextuales sobre sexualidad, igualdad de género y roles no estereotipados.
El informe enfatiza el rol de la educación y la necesidad de incorporar programas de educación sexual integral en todos los niveles educativos, con un enfoque en la prevención de la violencia de género. Estos programas deben fomentar el respeto mutuo y la comprensión del derecho a la integridad personal.
Un ejemplo de iniciativas destacadas es el programa «Tenerife Violeta«. Es un servicio público y gratuito del cabildo, cuyo objetivo es ofrecer información y asesoramiento en distintas materias relacionadas con el principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de sexo y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
En conclusión, el informe de GREVIO subraya que, si bien España ha demostrado un compromiso constante y progresos notables en la lucha contra la violencia de género, persisten retos significativos que deben ser abordados de manera prioritaria. La formación integral de los profesionales, la atención a las necesidades de grupos vulnerables, la eliminación de la victimización secundaria y la promoción de la educación en igualdad son pilares esenciales para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Solo a través de un enfoque multidimensional y coordinado, España podrá cumplir plenamente con los estándares del Convenio de Estambul y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres.
Mariana Larrosa Fernández, colaboradora de FIBGAR
