Justicia o Silencio: Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo y el Abuso de Normas Antiterroristas
Este 21 de agosto se celebra el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo para hacer escuchar sus voces, apoyar sus necesidades y respetar sus derechos. Es una manera de honrar a los supervivientes que han sufrido las consecuencias devastadoras de los ataques terroristas. Este día también ofrece una oportunidad crítica para reflexionar sobre cómo algunas normativas antiterroristas, diseñadas inicialmente para proteger, han sido utilizadas indebidamente para restringir derechos fundamentales. Se explorará la importancia y apoyo de las víctimas de ataques terroristas así como la urgente necesidad de limitar el uso abusivo y arbitrario de la legislación antiterrorista para silenciar voces disidentes.
Ante todo, es crucial el reconocimiento del sufrimiento y el impacto en las vidas de las víctimas de terrorismo y sus familias dado que constituyen un grupo único de personas que requieren de medidas rehabilitadoras y reparadoras. Entre estas medidas se incluyen procesos formales de reparación, reconocimiento legal, conmemoraciones públicas y actividades de recuerdo y memoria. “Ningún homenaje sobra, ningún recuerdo está demás” como sostiene Irene Villa, víctima de un atentado de ETA con coche bomba.
Asimismo, las víctimas de terrorismo y sus familias tienen derecho a recibir asistencia y apoyo práctico, emocional y psicológico tal y como se establece en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. La Asamblea General de Naciones Unidas ha subrayado la obligación de los Estados Miembros de cumplir con esos derechos, en concreto en la Resolución 73/305.
A su vez, es fundamental educar y concientizar sobre las diversas formas de terrorismo y sus consecuencias. La educación fomenta la empatía, promueve la paz y el diálogo, previene el extremismo y fomenta una comprensión profunda del tema.
Sin embargo, no existe una definición consensuada internacionalmente del término terrorismo, aunque ha habido esfuerzos por llegar a un tratado internacional, actualmente no existe una Convención contra el terrorismo. Esto tiene como consecuencia el surgimiento de una brecha que posibilita el abuso y mal uso del término.
Para combatir el terrorismo, se vuelve imprescindible la promoción y protección de los derechos humanos. La adopción de medidas eficaces contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos se complementan y se refuerzan mutuamente tal como se establece en la Resolución 72/165. Paradójicamente, en la actualidad, se está observando cómo las normas antiterroristas son frecuentemente usadas de forma indebida para restringir los derechos fundamentales como la libertad de expresión y el debido proceso.
En la medida en que se implementen estas normativas antiterroristas de forma arbitraria -cuando no existe realmente un objetivo de garantizar la seguridad y proteger a la sociedad del terrorismo- se utilizarán recursos de forma desviada sin atender verdaderas amenazas. Ello fomenta la impunidad y perpetúa un abuso sistemático sin garantías procesales ni transparencia para los imputados. El uso indebido de la legislación antiterrorista desvirtúa y compromete la colaboración internacional que debe existir entre naciones para combatir el terrorismo.
Uno de los pilares de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, Resolución A/RES/60/288, son las medidas para asegurar el respeto de los derechos humanos para todos y el imperio de la ley como base fundamental de la lucha contra el terrorismo. Se requieren legislaciones antiterroristas que cumplan con la normativa internacional referida a los derechos humanos. Tal como dijera António Guterres: “Tenemos que luchar juntos contra el terrorismo con métodos que no comprometan el estado de derecho y los derechos humanos”
Así como es necesario educar en qué es terrorismo, es igual de necesario educar en qué no es terrorismo. En el contexto global cada vez más complejizado se observa una tendencia que atenta contra la democracia y el estado de derecho. Esta tendencia refiere al uso de normas antiterroristas para silenciar a opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, entre otros, etiquetados de “terroristas”. De este modo, se busca reprimir críticas legítimas lo que provoca el miedo y la censura.
Esto es alarmante y debe preocupar a toda la comunidad internacional. En varios países, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas han sido acusados de terrorismo simplemente por llevar adelante su labor. En el cortometraje lanzado por Fionnuala D. Ní Aoláin, la anterior Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, se observa claramente lo expuesto.
Uno de los casos destacados en el cortometraje es el de Ramy Shaath, un destacado defensor de los derechos humanos y activista político egipcio-palestino. En julio de 2019, Shaath fue arrestado bajo acusaciones de cometer “actos terroristas”. Estas acusaciones se basaron en su presunta divulgación de rumores y mentiras sobre el estado egipcio a través de las redes sociales. Dichas acusaciones carecían de pruebas sólidas y fueron percibidas como un pretexto para reprimir su activismo y silenciar su voz crítica. Shaath fue detenido sin un juicio justo durante dos años y medio, encarcelado en condiciones inhumanas y en régimen de aislamiento. Su detención culminó en enero de 2022 luego de una intensa campaña internacional a favor de su liberación. Este caso es un claro ejemplo de cómo las normas antiterroristas pueden ser abusadas para silenciar voces disidentes, reprimir la crítica y la oposición política.
Ahora bien, pensando en cómo prevenir dicho abuso, cabe mencionar el documento de conclusiones del Taller de la Sociedad Civil sobre el Fortalecimiento del Liderazgo de la Sociedad Civil y la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo que presenta recomendaciones clave para abordar el uso indebido de la legislación antiterrorista. Sintéticamente, dichas recomendaciones refieren a la necesidad de fortalecer los marcos jurídicos y políticos que protejan libertades fundamentales y asegurar el cumplimiento de principios internacionales de legalidad, proporcionalidad, necesidad y no discriminación al aplicar medidas antiterroristas. Asimismo, se deben aumentar los compromisos financieros con organizaciones independientes de la sociedad civil para programas de derechos humanos, espacio cívico e igualdad de género, y apoyar financieramente a las entidades de la ONU que lideran dichas temáticas. Además, es crucial facilitar la participación inclusiva de la sociedad civil en todas las etapas de las medidas antiterroristas e implementar sus recomendaciones, especialmente en cuanto a los derechos de las mujeres según la CEDAW. Por último, deben establecerse mecanismos de supervisión independientes para corregir violaciones de derechos humanos y limitar el impacto negativo de las medidas antiterroristas en la sociedad civil.
En conclusión, la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo no solo nos recuerda la necesidad de apoyar a quienes han sufrido las desgracias del terrorismo, sino que también nos desafía a cuestionar y rectificar el uso indebido de las normativas antiterroristas. Para enfrentar este desafío, es necesario el trabajo multilateral y conjunto de todos los Estados dispuestos a aplicar, de manera coherente, transparente y respetuosa con los derechos humanos, determinados límites a la hora de definir el terrorismo.
Así como el terrorismo es una amenaza compleja y grave que atraviesa a toda la humanidad también lo es el uso abusivo, arbitrario e indiscriminado de dicho concepto con el fin de censurar la voz disidente y restringir libertades fundamentales. Acabar con dichas amenazas requiere de una labor de promoción y sensibilización sobre las repercusiones de los actos terroristas y sobre aquellos que si bien llevan la misma etiqueta, no lo son. Por ello, se vuelve crucial una definición clara y universal de lo que constituye terrorismo que anule la brecha para posibles abusos e interpretaciones vagas.
Mariana Larrosa Fernández, colaboradora de FIBGAR.
21 de agosto de 2024.
