Kenia ante la jurisdicción universal: una denuncia histórica por los crímenes cometidos en Sudán
El 9 de junio de 2026, doce víctimas sudanesas presentaron ante la Fiscalía de Kenia la primera denuncia del país por crímenes de guerra y de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal, señalando a diez presuntos miembros de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por hechos cometidos en Jartum durante el conflicto armado en Sudán.
Desde abril de 2023, Sudán atraviesa un conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) que ha tenido consecuencias devastadoras para la población civil. Se han denunciado graves violaciones del derecho internacional —asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ataques contra civiles— en un contexto en el que las posibilidades de acceder a mecanismos efectivos de rendición de cuentas continúan siendo limitadas.
El 9 de junio de 2026, Legal Action Worldwide (LAW) y el African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS), representados por el bufete keniano Otieno Ogola and Company Advocates, presentaron ante el Director de la Fiscalía Pública de Kenia (DPP) una denuncia penal en representación de doce víctimas sudanesas. La presentación solicita que las autoridades kenianas investiguen a diez presuntos miembros de las RSF por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Jartum y sus alrededores entre el 15 de abril de 2023 y marzo de 2025.
La iniciativa constituye un hito para la justicia keniana: se trata de la primera denuncia presentada en el país por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad bajo el principio de jurisdicción universal. De prosperar, permitiría que hechos cometidos fuera de Kenia y vinculados al conflicto sudanés sean investigados por sus autoridades nacionales, abriendo una nueva vía para las víctimas ante las limitaciones que actualmente enfrentan los mecanismos de rendición de cuentas disponibles.
El conflicto en Sudán y los crímenes denunciados
Las doce personas sobrevivientes representadas en la denuncia relataron haber sido víctimas de detenciones ilegales, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, además de haber presenciado el asesinato de familiares. Los hechos habrían tenido lugar en diferentes centros de detención de Jartum y sus alrededores, entre ellos la prisión de Soba, el complejo de Al-Riyadh y otros centros informales utilizados por las RSF.
La violencia sexual ocupa un lugar especialmente relevante entre los crímenes denunciados. Tanto hombres como mujeres describieron su utilización como mecanismo de castigo, intimidación y humillación contra personas consideradas simpatizantes de las SAF. Entre los testimonios recogidos se encuentran casos de violación y esclavitud sexual, así como el de un superviviente que denunció haber sido violentamente interrogado, mantenido durante semanas en la oscuridad y obligado bajo amenaza de arma de fuego a cometer un acto sexual contra otro detenido.
La posibilidad de investigar estos hechos fuera de Sudán adquiere especial relevancia ante las dificultades existentes para garantizar la rendición de cuentas dentro del país. A ello se suman las limitaciones de los mecanismos internacionales disponibles: la competencia de la Corte Penal Internacional respecto de Sudán se encuentra circunscrita a la situación de Darfur, mientras que otros mecanismos internacionales de investigación no cuentan con competencia para perseguir penalmente a los responsables.
La jurisdicción universal en Kenia
Kenia cuenta con un marco jurídico que permite la investigación y persecución de crímenes internacionales. La International Crimes Act de 2008 incorporó al ordenamiento keniano los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra y estableció mecanismos para la cooperación del país con la Corte Penal Internacional.
La aprobación de esta legislación estuvo estrechamente vinculada al debate sobre la rendición de cuentas por la violencia postelectoral de 2007 y 2008. La aprobación de esta legislación estuvo estrechamente vinculada al debate sobre la rendición de cuentas por la violencia postelectoral de 2007 y 2008. Entre sus antecedentes se encuentra el denominado caso Baby Pendo, relacionado con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes policiales durante la violencia posterior a las elecciones presidenciales de 2017 — la primera aplicación de la ley, aunque referida a hechos ocurridos dentro del territorio keniano.
La denuncia presentada en junio de 2026 introduce, por tanto, una dimensión diferente: por primera vez se solicita a las autoridades kenianas que empleen este marco para investigar crímenes cometidos fuera del país. Esta iniciativa resulta especialmente significativa en un contexto regional en el que la utilización de la jurisdicción universal continúa siendo limitada. Su activación desde un Estado africano respecto de crímenes cometidos en otro país del continente plantea la posibilidad de fortalecer las respuestas regionales frente a la impunidad y demuestra que la persecución de crímenes internacionales mediante jurisdicciones nacionales no constituye una herramienta reservada a los tribunales europeos.
Una denuncia histórica contra miembros de las RSF
La presentación del 9 de junio es resultado del trabajo conjunto de las víctimas, LAW y ACJPS, con representación jurídica en Kenia de Otieno Ogola and Company Advocates. En el centro del procedimiento se encuentran las doce mujeres y hombres sudaneses que han aportado sus testimonios sobre los crímenes sufridos y presenciados. Como expresó uno de los supervivientes al momento de presentar la denuncia, la posibilidad de hacer oír su voz ante una jurisdicción nacional representa también una forma de llamar la atención regional e internacional sobre las violaciones sufridas por la población civil sudanesa.
La presencia de víctimas de violencia sexual entre quienes impulsan el procedimiento resulta particularmente relevante: permite reconocer esta violencia no como una consecuencia secundaria del conflicto, sino como una forma susceptible de constituir un crimen internacional autónomo y generar responsabilidad penal individual.
La denuncia también plantea la cuestión de los posibles vínculos entre algunos de los presuntos responsables y Kenia: los denunciantes señalan viajes, presencia o residencia en el país, y actividades logísticas de las RSF en territorio keniano. Estos vínculos adquieren una dimensión adicional dado el propio historial de relación del gobierno keniano con las RSF: las autoridades nacionales del país han recibido en Nairobi al líder de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo («Hemedti»), lo que ha generado tensiones diplomáticas y alimenta el carácter especialmente sensible de la investigación solicitada. Estos elementos refuerzan una de las ideas centrales de la presentación: que el territorio de un Estado no debe convertirse en un espacio seguro para personas presuntamente responsables de crímenes internacionales.
La presentación de la denuncia, sin embargo, no equivale a la apertura de un juicio ni permite anticipar cuál será el resultado del procedimiento. Corresponde ahora al DPP, Renson Ingonga, valorar la información aportada y determinar si se concretará la apertura de una investigación. El caso se encuentra, por tanto, en una fase inicial, pero su sola presentación supone que por primera vez se ha planteado formalmente ante la Fiscalía keniana la posibilidad de investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en otro Estado bajo el principio de jurisdicción universal. De esta manera, la recepción formal de la denuncia por la Fiscalía constituye ya un primer paso hacia la rendición de cuentas.
Kenia como nueva vía para la rendición de cuentas por los crímenes en Sudán
La iniciativa se inserta en un panorama fragmentado de mecanismos nacionales e internacionales destinados a investigar los crímenes cometidos en Sudán. Ninguna de las vías existentes permite actualmente abordar por sí sola la totalidad de los hechos y responsabilidades derivados del conflicto iniciado en abril de 2023.
En particular, la Corte Penal Internacional cuenta con competencia sobre los crímenes cometidos en Darfur como consecuencia de la remisión realizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2005. Esta delimitación territorial implica que otros crímenes cometidos durante el actual conflicto, incluidos aquellos ocurridos en Jartum que son objeto de la denuncia presentada en Kenia, no quedan necesariamente comprendidos dentro del alcance de esa situación.
La jurisdicción universal puede desempeñar en este contexto una función complementaria. La posibilidad de que tribunales nacionales investiguen determinados crímenes internacionales cometidos fuera de su territorio permite ampliar los espacios disponibles para la rendición de cuentas, particularmente cuando el Estado en el que tuvieron lugar los hechos no ofrece vías efectivas y los mecanismos internacionales presentan límites jurisdiccionales o institucionales.
El caso keniano tiene además una dimensión regional particularmente relevante. Como señaló Owiso Owiso, abogado keniano que representa a los denunciantes, la iniciativa pone a prueba el compromiso de Kenia con la justicia internacional, pero también evidencia que las vías para la rendición de cuentas no están completamente cerradas cuando los mecanismos nacionales e internacionales resultan insuficientes. El desarrollo del procedimiento permitirá comprobar hasta qué punto las herramientas jurídicas existentes pueden traducirse en investigaciones efectivas de crímenes cometidos más allá de las fronteras kenianas.
La jurisdicción universal frente a la impunidad en Sudán
La denuncia presentada en Nairobi constituye apenas el comienzo de un procedimiento cuyo desarrollo dependerá de las decisiones que adopten las autoridades kenianas. Su carácter inédito, sin embargo, pone de relieve la importancia de la cooperación entre víctimas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales del derecho para activar mecanismos de rendición de cuentas más allá del Estado en el que fueron cometidos los crímenes.
A la espera de la decisión de la Fiscalía keniana sobre los próximos pasos, esta primera denuncia representa una oportunidad para poner a prueba el alcance de la jurisdicción universal en Kenia y ampliar las posibilidades de rendición de cuentas por los crímenes cometidos en Sudán. Como en tantos otros casos, esta denuncia demuestra que, para las víctimas que buscan verdad, justicia y reparación, la jurisdicción universal puede constituir una herramienta esencial cuando las fronteras territoriales y las limitaciones de otros mecanismos impiden obtener respuestas efectivas.
Por Federica Carnevale, responsable de proyectos de Fibgar.
Referencias
Asymmetrical Haircuts. Justice Update: Universal Jurisdiction for Sudan in Kenya, 2026. Disponible en: https://www.asymmetricalhaircuts.com/episodes/justice-update-universal-jurisdiction-for-sudan-in-kenya/
Capital FM Kenya. Sudan RSF war crimes case reaches Kenya under universal jurisdiction bid, 9 de junio de 2026. Disponible en: https://capitalfm.africa/kenya-sudan-rsf-war-crimes-universal-jurisdiction-dpp-complaint/
Legal Action Worldwide (LAW). Sudán: se presenta en Kenia la primera denuncia por crímenes de guerra contra las RSF, 9 de junio de 2026. Disponible en: https://legalactionworldwide.org/gender-equality-gbv/sudan-first-war-crimes-complaint-against-the-rsf-filed-in-kenya/
República de Kenia. Statement by the Republic of Kenya on the Scope and Application of the Principle of Universal Jurisdiction, 2013. Documento presentado ante Naciones Unidas y aportado para la elaboración de esta entrada. Disponible en: https://www.un.org/en/ga/sixth/68/pdfs/statements/universal_jurisdiction/kenya.pdf
