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La vigilancia a las voces críticas: un desafío urgente para los derechos humanos

El Día de la Protección de Datos, que se celebra cada 28 de enero, tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia de la protección de los datos personales desde una perspectiva de derechos humanos. Esta fecha conmemora la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa en 1981, el primer tratado internacional que establece normas para la protección de datos personales. La protección de estos datos es un derecho fundamental vinculado estrechamente con la privacidad, un derecho esencial para garantizar la dignidad, la autonomía y la libertad individual en la era digital. El respeto a la privacidad no solo es clave para la autonomía de las personas, sino también para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales.

En este contexto, la vigilancia masiva se ha convertido en una amenaza creciente que pone en riesgo derechos humanos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión. Las tecnologías de vigilancia, aunque inicialmente presentadas como herramientas para garantizar la seguridad, se están utilizando cada vez más para silenciar a quienes cuestionan el poder establecido, como periodistas, activistas y defensoras y defensores de los derechos humanos. La vigilancia digital, a través del uso de software espía y el monitoreo masivo de datos, se ha generalizado, afectando gravemente el ejercicio pleno de los derechos fundamentales en todo el mundo. En particular, está contribuyendo a la creación de un «efecto escalofriante» (chilling effect), que inhibe la libertad de expresión y la protesta social al generar un clima de miedo y autocensura. Las personas que se oponen al statu quo, ya sean por medio de investigaciones de corrupción o defensa de los derechos humanos, se ven obligadas a moderar sus acciones, comentarios y críticas por temor a ser monitoreadas, perseguidas o incluso a sufrir represalias.

En Europa, el software espía Pegasus ha sido utilizado para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos, quienes estaban investigando casos de corrupción y abusos de poder. Este tipo de espionaje pone de manifiesto cómo la vigilancia digital se emplea con fines de represión, lo que infringe tanto la privacidad como la libertad de expresión. En América Latina, el uso de Pegasus fue denunciado por espiar a periodistas y defensoras y defensores de los derechos humanos que investigaban corrupción y violaciones de derechos humanos, en particular en paises como en Colombia, El Salvador, República Dominicana y México. En China, el gobierno utiliza tecnologías de vigilancia masiva, como el monitoreo de redes sociales, el reconocimiento facial y el análisis de datos, para controlar a su población y reprimir a las voces críticas, lo que limita gravemente la libertad de expresión y de organización. En Egipto, la vigilancia digital ha sido utilizada para espiar a periodistas y opositores políticos, mientras que en Arabia Saudita, el software Pegasus se utilizó para espiar a periodistas, activistas y disidentes políticos, contribuyendo a un entorno de represión y control.

Estos casos revelan la naturaleza transnacional de la vigilancia digital y sus efectos desestabilizadores en las democracias. El uso indiscriminado de tecnologías de vigilancia no solo infringe el derecho a la privacidad, sino que también atenta contra varios derechos humanos fundamentales. El derecho a la privacidad (artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) y artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege a las personas frente a injerencias arbitrarias en su vida privada. Por su parte, el derecho a la libertad de expresión (artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) garantiza que las personas puedan buscar, recibir y difundir información e ideas sin interferencias. El derecho a la libertad de asociación y manifestación (artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) asegura la posibilidad de reunirse y manifestarse sin temor a represalias. La vigilancia indiscriminada, al interferir en estos derechos, convierte a las personas en sujetos de control y represión, inhibiendo su capacidad de actuar, opinar y organizarse libremente.

La creciente utilización de tecnologías de espionaje como Pegasus plantea un desafío global. Estos sistemas no solo invaden la privacidad de las personas, sino que están diseñados para generar un clima de miedo, censura y autocensura, restringiendo las libertades fundamentales. Los efectos de esta vigilancia no son solo psicológicos, sino también sociales, ya que producen un debilitamiento de la democracia y un retroceso en el respeto de los derechos humanos. Esta situación ha generado alarma en organismos internacionales como el Consejo de Europa, que en diciembre de 2024 publicó un informe subrayando la creciente preocupación sobre el uso indebido de estas tecnologías. El Informe sobre una regulación conforme al Estado de Derecho y los derechos humanos del software espía, adoptado por la Comisión de Venecia en su 141ª Sesión Plenaria (Venecia, 6-7 de diciembre de 2024), aborda la creciente preocupación por el uso de tecnologías de vigilancia, como el software espía, y su impacto en los derechos fundamentales. Este informe subraya la necesidad de establecer marcos legales claros y estrictas regulaciones para garantizar que el uso de estas tecnologías respete los principios del Estado de Derecho y los derechos humanos.

La Comisión de Venecia, como órgano consultivo del Consejo de Europa, desempeña un papel crucial en la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Europa. En este contexto, el informe destaca la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión judicial en el uso de tecnologías de vigilancia. Además, enfatiza que cualquier medida de vigilancia debe ser necesaria, proporcional y estar sujeta a controles efectivos para prevenir abusos y proteger los derechos fundamentales de las personas.

El informe del Consejo de Europa también recomienda que los gobiernos establezcan marcos legales claros para regular el uso de tecnologías de vigilancia, así como garantizar que estas herramientas sean sometidas a una supervisión rigurosa para evitar abusos. Además, aboga por la transparencia en el uso de herramientas de vigilancia, destacando que la falta de rendición de cuentas facilita el uso indebido de estas tecnologías. Las personas afectadas por el espionaje digital deben tener acceso a mecanismos de reparación y compensación, y sus derechos deben ser protegidos de manera efectiva. Solo mediante una regulación adecuada y una mayor transparencia se podrá prevenir que la vigilancia masiva se convierta en una herramienta de control y represión. La vigilancia a las voces críticas no solo infringe la privacidad de las personas, sino que socava los derechos humanos fundamentales. La violación de la privacidad y la libertad de expresión a través de la vigilancia digital y el espionaje pone en riesgo la democracia y la libertad de los ciudadanos. Como señala el informe del Consejo de Europa, es urgente implementar marcos legales que regulen el uso de tecnologías de vigilancia, garantizando la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su ubicación o las circunstancias en las que se encuentren. La lucha por la protección de la privacidad y la libertad de expresión debe ser una prioridad y debe ser acompañada por una cultura de responsabilidad y respeto a los derechos humanos en el ámbito digital.