Recomendaciones para el buen funcionamiento de las autoridades estatales y responsables políticos regionales
Desde la European Network of Human Rights Institutions (ENNHRI), la red que reúne a Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de toda Europa para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos en la región, han recopilado la información proporcionada por el Defensor del Pueblo de España sobre la calidad de nuestro Estado de Derecho y realizado una serie de recomendaciones.
A modo de contextualizar la figura del Defensor del Pueblo, su función principal es la de supervisar la actividad de todas las administraciones públicas, tanto la central, como las autonómicas y las locales. Asimismo, entre otras cosas, también supervisa la actividad de empresas públicas, puede interponer recursos de inconstitucionalidad o recurso de amparo ante el Constitucional y vigila cualquier violación de derechos pudiendo actuar por sí mismo abriendo acciones o consultas sin tener que esperar las reclamaciones de ninguna persona.
El Defensor del Pueblo, designado para la defensa de los derechos humanos, quien ahora ocupa su cargo Ángel Gabilondo, tras sus periódicas supervisiones, ha determinado que, en general, el Estado de Derecho, la separación de poderes, así como sus mecanismos de control y equilibrio están funcionando óptimamente en nuestro país.
En concreto, en cuanto a la separación de poderes, Gabilondo reitera que las elecciones legislativas, regionales y locales celebradas durante el año 2023 fueron ejecutadas sin ningún incidente destacable. Asimismo, no se han adoptado leyes ni otro tipo de normas que hayan provocado la apertura de recursos de inconstitucionalidad o que se hayan recomendado modificaciones.
A pesar de ello, el defensor ha identificado algunas irregularidades en ciertos procesos normativos locales como ocurre en la planificación urbanística. Aun así, estas irregularidades no son significativas y se ha recordado a las administraciones su obligación en cuanto a la participación de la sociedad civil en la elaboración de leyes a través de la consulta pública.
El Defensor, ha detectado que, en cuanto a la calidad de acceso a la información, existen numerosos litigios al respecto. Esto indica una palpable falta de respecto a la cultura de la transparencia entre la administración pública del país. Especialmente, estos litigios suelen basarse en cuestiones medioambientales, urbanísticas o procesos selectivos, entre otras. A fin de mejorar esta falta de transparencia, las INDH han llevado a cabo una serie de recomendaciones sobre temas de publicidad y transparencia, y se ha reiterado la obligación de la administración de dar respuesta a las solicitudes de información por parte de los diferentes sujetos.
En lo que respecta a la independencia y efectividad de instituciones independientes (distintas a las INDH), el Defensor recuerda que la Ley 15/2022 de igualdad de trata y no discriminación, a través de la cual debería haberse establecido una Autoridad Independiente para la Igualdad de trato y la no discriminación en enero de 2023. Igualmente, la Ley 2/2023 sobre la protección de alertadores y lucha contra la corrupción, estableció la creación de la Autoridad Independiente para la Protección de alertadores para marzo de 2024. Ambas instituciones aún no han sido creadas.
A pesar de todo ello, el Defensor ha determinado que, en relación con los defensores de derechos humanos y la sociedad civil, no se detectan problemas estructurales graves y generalizados o acciones desproporcionadas o injustificadas por parte de las autoridades españolas. Aun así, hay una cuestión ciertamente preocupante, las conocidas como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPPs). El Defensor del Pueblo no ostenta la potestad para poder realizar una evaluación de los tribunales de justicia e investigar este fenómeno, por lo que persiste su preocupación por el impacto que estas demandas pueden tener en la calidad de la democracia.
Tras la realización de estas diversas supervisiones, entre otras, el Defensor del Pueblo ha determinado que, en España, el Estado de Derecho, así como la separación de poderes y sus mecanismos de control y garantías, operan de manera correcta. Por esta razón no ha emitido recomendaciones específicamente orientadas a mejorar el sistema de equilibrio institucional, sino ciertas sugerencias de supervisión enfocadas en optimizar o ajustar la actuación de las administraciones en relación con los derechos de la ciudadanía.
A pesar de la decisión de Ángel Gabilondo, la ENNHRI ha elaborado recomendaciones y sugerencias para el buen funcionamiento de las autoridades estatales y responsables políticos regionales.
En primer lugar, han puesto el foco en el avance de la implementación de las recomendaciones y decisiones de los actores regionales sobre el Estado de Derecho por parte de las autoridades estatales, de manera oportuna y en cooperación con las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH). Asimismo, consideran de importancia crucial el apoyo a la creación y el fortalecimiento del espacio para INDH independientes y efectivas, ya que son un elemento clave en un sistema saludable de contrapesos. Recomiendan, de igual manera, proteger y fortalecer otros mecanismos de control y equilibrio en toda la región. Por otra parte, resulta fundamental asegurar la implementación efectiva de las sentencias de los tribunales europeos, en consulta con las INDH y la sociedad civil. Además de ello, se recomienda garantizar un enfoque basado en los derechos humanos en las medidas de seguridad. Por último, se insta a abordar otros desafíos persistentes relacionados con el Estado de Derecho, incluyendo problemas estructurales de derechos humanos, reconociendo que el Estado de Derecho y los derechos fundamentales se refuerzan mutuamente.
