
¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Marzo 2025
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado a Nicaragua que libere presos políticos
La Corte Interamericana de Derechos Humanos por medio de Resolución del 5 de marzo de 2025 adoptó medidas urgentes contra Nicaragua para la liberación inmediata de seis presos políticos.
Entre los presos se destaca el líder indígena miskito Steadman Fagot Muller, dos militares retirados, una abogada, una empresaria y una trabajadora de la Conferencia Episcopal Española, Cáritas. Además, dicha resolución exige que el gobierno informe sobre el paradero, condiciones de detención y garantice el acceso de los abogados de confianza a los expedientes judiciales.
Esta resolución responde a denuncias de detenciones arbitrarias en el contexto de la represión política que vive dicho país, desde las protestas de 2018. El gobierno de Daniel Ortega ha intensificado la persecución de opositores, con más de 300 muertos según la Naciones Unidas y el cierre de varias organizaciones civiles.
Si bien Nicaragua reconoce la competencia de la Corte IDH, ha ignorado resoluciones previas y abandonó la Organización de Estados Americanos (OEA) en el año 2023. Por ello, la Corte fijó un plazo a finales de marzo para que el Estado informe sobre las acciones tomadas respecto a la orden.
Con esta decisión, la Corte refuerza la presión internacional sobre Nicaragua por sus constantes violaciones a los derechos humanos y la falta de garantías judiciales. Sin embargo, la negativa del gobierno de Ortega a acatar las resoluciones de dicho ente judicial genera incertidumbre sobre el cumplimiento de esta orden. Por lo anterior, la comunidad internacional seguirá exigiendo la liberación de los presos políticos y el respeto a los derechos fundamentales en este país.
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Por orden del Tribunal Penal Internacional es detenido el expresidente filipino Rodrigo Duterte
El pasado 11 de marzo fue detenido el expresidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en el aeropuerto de Manila tras una orden del Tribunal Penal Internacional donde se le acusa de crímenes de lesa humanidad. Posterior a la detención, las autoridades procedieron a remitirlo a La Haya donde responderá en juicio por las imputaciones en su contra.
Es importante mencionar que Duterte, durante su periodo del 2016 a 2022, impulsó una sangrienta guerra contra las drogas en su país, en la que se estima que decenas de miles de personas fueron ejecutadas extrajudicialmente.
Esta detención ha generado opiniones divididas en Filipinas, mientras el presidente Ferdinand Marcos Jr. ha confirmado que la detención se realizó siguiendo los procedimientos legales, la hija de Duterte y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha denunciado la captura como una persecución política. Además, su defensa argumenta que este Tribunal internacional no tiene jurisdicción sobre el caso, ya que Filipinas se retiró en el año 2019. Sin embargo, el país sigue siendo parte de Interpol, lo que permitió la ejecución de la orden de detención.
Las políticas de Duterte contra el narcotráfico fueron, sin duda, de las más controvertidas durante su mandato. Pese a ser una mano dura contra el crimen, organizaciones de derechos humanos han denunciado que la mayoría de las víctimas fueron personas de bajos recursos a las cuales se les negó un debido proceso.
La detención de Rodrigo Duterte ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad de líderes que han cometido crímenes de lesa humanidad. Si bien el caso pondrá a prueba la efectividad del Tribunal Penal Internacional, también va a generar tensiones políticas dentro de Filipinas.
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Represión policial causa cientos de heridos en marchas de jubilados en Argentina
El 13 de marzo de 2025, una manifestación pacífica de jubilados en Argentina fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad bajo la dirección de la Ministra de Defensa Patricia Bullrich.
La Comisión Provincial por la Memoria calificó este operativo como el más violento del país desde 2001, en el cual se registraron al menos 672 personas heridas, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, ancianos, mujeres y jóvenes.
La denuncia mencionó la presencia de más de 1.000 agentes de diversas fuerzas de seguridad que iniciaron actividades abusivas contra la población civil, con el aparente objetivo de impedir la concentración de los manifestantes, quienes se habían acercado de manera pacífica a la Plaza del Congreso.
Este operativo registró disparos con postas de goma, granadas de gas lacrimógeno y el uso de gas pimienta. Al menos cuatro carros hidrantes fueron utilizados para rociar agua a cientos de personas, y numerosos manifestantes sufrieron golpes con puños y escudos. Un caso a resaltar es el del periodista Pablo Grillo, quien fue alcanzado por una granada de gas lacrimógeno y se encuentra en estado crítico.
Este incidente pone de manifiesto una preocupante tendencia de violencia estatal y autoritarismo en Argentina. Por ello, es importante que las fuerzas políticas, gremios y la sociedad civil en general actúen, no permitan que continúe la represión y se garantice el respeto a los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y ciudadanas.
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Israel viola el alto al fuego y bombardea la Franja de Gaza
El 18 de marzo, el ejercito israelí lanzó una serie de ataques aéreos sobre la Franja de Gaza, el cual según fuentes sanitarias Palestinas, dejó más de 400 muertos y cientos de heridos. El gobierno de Netanyahu justificó la ofensiva alegando la negativa de Hamás a liberar a los rehenes restantes.
Las fuerzas armadas israelíes dijeron que los bombardeos continuarían “el tiempo que sea necesario” y que no se limitarían a ataques aéreos, dejando abierta la posibilidad de una ofensiva terrestre. Esta nueva operación militar que acrecienta el conflicto y violencia en la región fue catalogada como el inicio de una campaña más amplia para eliminar la infraestructura militar de Hamás.
La comunidad internacional, por su parte, ha reaccionado con preocupación. El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó los ataques y pidió que se respete el alto el fuego de inmediato, además solicitó que se reanude la asistencia humanitaria y la liberación de los rehenes. Organizaciones humanitarias, por su parte han denunciado la situación en los hospitales de Gaza, que se encuentran colapsados tras meses de guerra, con cadáveres acumulados y falta de suministros médicos.
Esta ruptura del alto el fuego y la intensificación de la ofensiva israelí agravan aún más la crisis humanitaria en Gaza. La escalada del conflicto pone en riesgo cualquier posibilidad de negociación y reaviva la inestabilidad en la región, mientras la comunidad internacional enfrenta el desafío de encontrar soluciones diplomáticas para frenar la violencia y evitar más víctimas.
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La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania ha denunciado que las desapariciones cometidas por fuerzas rusas equivalen a crímenes de lesa humanidad
El informe presentado por La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha denunciado que las desapariciones forzadas de civiles por parte de las fuerzas rusas equivalen a crímenes de lesa humanidad.
El documento ha detallado el modus operandi por medio del cual las autoridades rusas han detenido y hecho desaparecer a funcionarios públicos, periodistas y prisioneros de guerra en las zonas ocupadas de Ucrania. Muchas de estas personas han sido trasladadas a centros de detención o deportadas a Rusia. Además, sus familiares no reciben información sobre su paradero, lo que agrava la situación humanitaria.
La comisión ha relatado, también, el uso sistemático de la violencia en los centros de detención controlados por las fuerzas rusas, incluyendo interrogatorios brutales con descargas eléctricas y amenazas contra familiares. Ha registrado múltiples casos de violencia sexual como una forma de tortura, afectando principalmente a hombres, aunque también se han presentado casos contra mujeres. Además, reporta que se han presentado ejecuciones de soldados ucranianos que se rendían, lo que constituye un crimen de guerra.
Pese a que este informe se centra en las violaciones cometidas por Rusia, tampoco excluye a las fuerzas ucranianas, quienes han cometido crímenes de guerra, como ataques con drones contra soldados heridos que no podían defenderse. Adicional a lo anterior, la comisión denuncia violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades ucranianas contra personas acusadas de colaborar con Rusia.
En conclusión, el informe destaca la gravedad de los crímenes cometidos durante la guerra en Ucrania y la urgente necesidad de justicia para las víctimas. La comisión menciona la necesidad de que ambas partes rindan cuentas para garantizar la justicia y la sostenibilidad de un eventual proceso de paz, y requiere a los estados para que adopten medidas concretas, que permitan detener las afectaciones de la prolongada crisis humanitaria en la región.
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