Ucrania: la masacre de Bucha y la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos
La semana pasada las imágenes de las calles de Bucha sembradas de cuerpos, muchos de ellos maniatados, han dado la vuelta al mundo.
Según el Gobierno ucraniano, en la ciudad de Bucha, al noroeste de Kiev, han sido hallados cientos de cadáveres de civiles que parecen haber sido ejecutados sumariamente por las tropas rusas en retirada. Por su parte, Rusia niega toda responsabilidad e insiste en que la matanza sería un “montaje”.
Sumándose a la consternación de la comunidad internacional, tanto el Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidieron abrir una investigación independiente sobre lo sucedido, que lleve a una rendición de cuentas efectiva.
En particular, Michelle Bachelet afirmó que: «los informes que surgen de esta y otras áreas plantean preguntas serias e inquietantes sobre posibles crímenes de guerra, violaciones graves del derecho internacional humanitario y violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos». Así, pidió la exhumación e identificación de todos los cuerpos y la preservación de las pruebas, a fin de garantizar la verdad, la justicia, reparaciones y la rendición de cuentas.
A raíz de las preocupaciones manifestadas por la Alta Comisionada sobre las violaciones y abusos del derecho internacional humanitario cometidas por parte de Moscú, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió ejercer su derecho de suspender la membresía del Consejo de Derechos Humanos de un país que “cometa graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos”.
La petición de suspensión de Rusia, presentada por Estados Unidos, fue respaldada por 93 países. En contra votaron 24 países, entre ellos la propia Rusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua y Siria. Mientras, 58 Estados optaron por la abstención, incluidos Brasil, Egipto, El Salvador, India, México, Nigeria, Pakistán o Arabia Saudí.
Desde su creación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2006, sólo se ha suspendido a Libia, bajo el régimen de Muamar el Gadafi, en respuesta a la represión de las protestas de 2011, aunque meses después fue readmitida.
Acusado de crímenes de guerra en Darfur comparece ante la Corte Penal Internacional
Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (conocido por su nombre de guerra Ali Kushayb), presunto ex líder de la milicia progubernamental Janjaweed, aliada con el expresidente de Sudán Omar al Bashir, compareció ante la Sala de Primera Instancia I de la Corte Penal Internacional (CPI), al ser acusado de 31 cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, materializados, entre otros casos, en limpiezas étnicas, asesinatos, torturas y violaciones presuntamente cometidas contra la población civil de Darfur, al oeste de Sudán, entre agosto de 2003 y al menos abril de 2004.
Esta región del oeste de Sudán fue escenario de una feroz guerra civil que comenzó en 2003, entre el Gobierno de Sudán y tres movimientos rebeldes no árabes. Según la ONU, el conflicto en la región del país africano ha provocado la muerte de 30.000 personas y millones de desplazados.
El juicio contra Ali Abd-Al-Rahman, que se declara inocente y niega los cargos en su contra, es el primero en la Corte Penal Internacional que se ocupa del conflicto de Darfur, cuya investigación salió adelante gracias a una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de 2005. Por eso, el fiscal Karim Khan calificó el juicio como “un momento importante para tratar de despertar a la paz de su letargo y tratar de moverla, movilizarla, a la acción”.
Lee aquí sobre las investigaciones de la Corte Penal Internacional acerca del caso Darfur.
Etiopía: Civiles de Tigray son blanco de «crímenes contra la humanidad».
Según un nuevo informe realizado por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, en el norte de Etiopía, se están realizando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, entre ellos asesinatos, violaciones en grupos, detenciones arbitrarias, saqueos, desplazamientos forzados y negación de ayuda humanitaria.
Desde noviembre de 2020, cuando el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, lanzó una operación militar contra el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), la región está viviendo un feroz conflicto armado entre las fuerzas gubernamentales y el TPLF.
Las fuerzas armadas de seguridad de Amhara, aliadas del Gobierno nacional, estarían cometiendo una campaña de limpieza étnica contra la etnia tigrayana. Asimismo, las autoridades de la zona occidental de Tigray y sus aliados estarían perpetrando crímenes contra los civiles en Amhara.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido al gobierno federal etíope y a sus socios internacionales y regionales tomar medidas para proteger a todas las comunidades del oeste de Tigray, la liberación de los pobladores detenidos arbitrariamente y que los funcionarios de alto nivel que dirigieron estas campañas sean llevados ante la justicia y castigados por violar el derecho internacional humanitario.
Lee el informe completo aquí.
