Etiopía: violación de Derechos Humanos durante el conflicto de Tigray
El conflicto, que comenzó en noviembre de 2020, sigue dejando horribles escenas de manifiestas violaciones de Derechos Humanos. Sin ir más lejos, el pasado 15 de febrero Amnistía Internacional publicó un informe en el que se confirmaban numerosos casos de asesinatos y violaciones en la región etíope de Amhara.
Las víctimas entrevistadas por la Organización hablaron de la brutal violencia a la que ha tenido que hacer frente la población civil desde que el TPLF (Frente de Liberación del Pueblo de Tigray) tomase el control el pasado mes de julio.
La población de la zona ha sufrido casos de ejecuciones sumarias y crímenes de abusos sexuales que, según una investigación llevada a cabo por Naciones Unidas, entran dentro de la categoría de crímenes de guerra. Actualmente, el conflicto se ha cobrado miles de vidas, ha provocado que dos millones y medio de personas hayan tenido que huir de sus hogares, y que casi 400.000 personas más estén en riesgo de hambruna.
Aquí puedes consultar el informe de Amnistía Internacional.
Guatemala: los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas
El pasado miércoles, la comunidad indígena de Agua Caliente, del municipio de El Estor, ha testificado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el objetivo de conseguir que el Gobierno guatemalteco les conceda titularidad sobre sus tierras y derechos sobre sus recursos naturales.
Este caso podría tener grandes implicaciones que beneficiarían a los Pueblos Indígenas de América Latina ya que, según indican algunos abogados de esta comunidad, por primera vez se darán las condiciones para decidir si los Gobiernos deben reconocer a los Pueblos Indígenas sus derechos de soberanía permanente sobre sus recursos naturales.
Si bien la decisión será relevante para las comunidades indígenas en general, será particularmente importante para la comunidad de Agua Caliente que, actualmente, ‘conviven’ con una gran mina de níquel propiedad de un grupo de inversiones suizo.
Varias veces desde FIBGAR hemos denunciado las constantes vulneraciones de derechos humanos que sufren los pueblos indígenas. Una vez más, hacemos un llamamiento para que se haga realidad lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Ucrania: la respuesta europea al inminente conflicto
Recientemente, la Conferencia de Presidentes de la Unión Europea ha emitido una declaración acerca de la situación en Ucrania. En esta, indican que la amenaza no sólo afectará a este país, sino a la seguridad de Europa en su conjunto.
Del mismo modo, la Conferencia recuerda que la amenaza del uso de la fuerza es contraria a los principios de la Carta de Naciones Unidas, así como a los principios básicos del Derecho Internacional, por lo que demanda que Rusia cese su amenaza militar.
La declaración también deja ver la intención de apoyo por parte de la Unión Europea, cuando los miembros de la Conferencia señalan que los Estados Miembros proveerán el apoyo político, económico, financiero y técnico que Ucrania necesite para salvaguardar su integridad territorial y su sistema democrático.
Aquí puedes leer la declaración completa.
Francia: implementación de una Directiva para la protección de los ‘whistleblowers’
El Parlamento francés ha aprobado recientemente una nueva Ley destinada a incluir en su Ordenamiento Jurídico interno las previsiones legales necesarias para la trasposición de la Directiva europea sobre protección de alertadores contra la corrupción.
Francia ha sido uno de los pocos países que ha implementado esta regulación de forma efectiva. De hecho, Bruselas ha abierto un procedimiento sancionador contra 24 países, entre los que se encuentra España, por no transponer a sus respectivos
Ordenamientos Jurídicos la Directiva ‘Whistleblowing’, cuyo plazo finalizó
el pasado 17 de diciembre.
Esta Directiva tiene como principal objetivo proteger a aquellas personas que, siendo conocedoras de infracciones del Derecho de la Unión, decidan alertar a las autoridades competentes. Se trata, por tanto, de una importante herramienta en la lucha contra la corrupción. Diversos expertos achacan la falta de trasposición por parte de España al
hecho de que, en este contexto, partimos desde cero ya que actualmente carecemos de vías para alertar sobre corrupción de forma anónima. Igualmente, también se hace referencia a que habría que modificar diversas normas orgánicas, y a la complejidad que eso conlleva. No obstante, la voluntad política juega un papel clave en este asunto, toda vez que la Directiva afectará también a sectores de la economía, como el financiero o el energético, en los que conjugar los intereses de los lobbies será necesario.
Puedes leer la noticia completa aquí.
