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¿Sabes qué pasó? Boletín semanal del 02 al 06 de mayo de 2022

El Comité de Derechos Humanos reconoce que el juicio contra Lula da Silva violó las garantías del debido proceso

Esta semana el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó sus conclusiones sobre la denuncia presentada por Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil de 2003 a 2010, sobre cómo fue llevado a juicio en la investigación de corrupción más grande de la historia de Brasil: la Operación Lava Jato, una amplia indagación criminal que destapó la corrupción entre la empresa estatal de petróleo y gasolina, Petrobrás, varias empresas constructoras y políticos brasileños.

En 2016 el exmandatario fue llevado a juicio por su supuesta participación en dos casos. Durante la investigación el juez federal Sergio Moro ordenó la intervención de los teléfonos de Lula, de sus familiares y de su abogado. Las escuchas fueron publicadas en los medios de comunicación, antes de que fueran emitidos los cargos.Moro tambiénordenó la detención de Lula a efectos de interrogarlo. Este hecho se filtró en la prensa que difundió fotografías y videos de Lula en las que aparecía como si estuviera detenido.

En julio de 2017 Lula fue condenado por Moro a 9 años de prisión y, en enero de 2018, el Tribunal Regional Federal extendió la condena a 12 años. Lula comenzó a cumplir condena, impidiéndosele presentarse en los próximos comicios. En 2021 el Tribunal Supremo Federal anuló la condena dispuesta, sosteniendo que el Juez Moro no tenía competencia para investigar a Lula y, asimismo, derogó la investigación por falta de imparcialidad del ex magistrado.

Según lo establecido ahora por el Comité de Derechos Humanos, la investigación y el enjuiciamiento no se llevaron a cabo en el respeto de las garantías del debido proceso ya que se violaron los derechos de Lula, en particular el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos.

Puedes leer el comunicado aquí

Suecia: el Juicio por Crímenes De Guerra a un Exfuncionario Iraní

El próximo 14 de julio la justicia sueca anunciará su veredicto sobre el caso Hamid Noury, exfuncionario iraní, acusado de estar implicado en ejecuciones masivas de 30.000 opositores, presuntamente ordenadas por el ayatolá Ruhollah Jomeiní, fundador de la República Islámica de Irán, en la fase final de la guerra contra Irak, en 1988.

Noury, colaborador del fiscal adjunto de la prisión de Gohardasht, en el momento de los hechos, fue detenido en noviembre de 2019 en el aeropuerto internacional de Estocolmo y procesado por crímenes de guerra gracias al principio de jurisdicción universal.

El caso ha tensado las relaciones entre los dos países. En respuesta al anuncio del Tribunal Distrital de Estocolmo, Irán ha manifestado la intención de proceder a la ejecución del científico con doble nacionalidad iraní-sueca, Ahmadreza Djalali, acusado por Teherán de espionaje.

Puedes leer la noticia aquí.

ONU en Ucrania: justicia y la rendición de cuentas para disuadir y prevenir la violencia sexual

La violencia sexual como arma de guerra o perpetrada en el seno de un conflicto armado representa una flagrante violación de derechos humanos, que ocasiona severos traumas físicos y emocionales a la víctima que en ocasiones pueden tener consecuencias devastadoras e irreparables.

Se trata de un arma muy potente que persigue humillar y mancillar al pueblo atacado, rompiendo el tejido social y familiar, con traumáticas consecuencias que no se acaban con el cese de las hostilidades.

Por ello, esta semana Naciones Unidas y Ucrania han firmado un marco de cooperación que respalda el diseño y la ejecución de intervenciones prioritarias en las áreas de justicia y rendición de cuentas como pilar central para disuadir y prevenir la violencia sexual.

El acuerdo aborda la prestación de servicios integrales para las supervivientes, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva, los servicios médicos y de salud mental especializados, la asistencia jurídica y el apoyo a los medios de subsistencia, la reforma del sector de la seguridad con perspectiva de género, así como la prevención de la trata de personas.

También se está trabajando para garantizar que haya servicios adaptados a las necesidades de los hombres y los niños.

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Madrid, 09 de mayo de 2022.