¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 13 al 19 de febrero
El estado de la democracia en el mundo 2022
El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Internacional (IDEA) acaba de publicar su informe, que analiza la calidad democrática en un contexto en el que a tendencias de largo fondo, – como el incremento de la desigualdad o la emergencia climática – se le añaden la actual crisis de coste de la vida, las previsiones de inminente recesión mundial y la emergencia de conflictos armados de gran relevancia, como la guerra de agresión rusa a Ucrania.
Pese a que frente a este panorama los sistemas democráticos devienen más relevantes que nunca, se aprecia un estancamiento en la innovación institucional dentro de las democracias más consolidadas, así como un aumento de la involución democrática en muchos otros países, lo cual los acerca a la categoría de regímenes autoritarios. En el ámbito de la ciudadanía, resulta especialmente preocupante el significativo descenso de la confianza en la democracia, como muestra que un 52% de los encuestados se ven atraídos por un gobierno con un líder fuerte que no rinda cuentas ante el Parlamento.
En definitiva, la tendencia global se define por un declive democrático materializado en mayor deterioro que democratización. Entre 2016 y 2021, los países que avanzaron hacia el autoritarismo duplicaron al número de países que experimentaron mejoras democráticas (ver figura 1.5 del informe).
Para que las democracias sean capaces de afrontar exitosamente un escenario tan complejo como el descrito, desde IDEA se recomiendan políticas públicas que, entre otras cuestiones, luchen contra la desigualdad y aborden la desconfianza hacia los gobernantes mediante el aumento de la transparencia y de la participación ciudadana. Resumiendo es fundamental que las democracias sean capaces de responder a las necesidades de las mayorías sociales en un contexto de incertidumbre e inestabilidad, puesto que la alternativa no es otra que el avance de los autoritarismos.
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Altos cargos de la compañía energética Shell demandados por su defectuosa estrategia climática
Debido a las dificultades de luchar contra los daños al medio ambiente en el plano de la justicia internacional, cada vez son más frecuentes los litigios climáticos ante tribunales nacionales (ya sea contra actores privados o contra los propios Estados); sin embargo, el enfoque de esta demanda es realmente novedosa.
La organización ClientEarth argumenta que las trasformaciones que se irán experimentando a nivel global como consecuencia de la transición energética hacen necesaria una estrategia de adaptación de la compañía, con el objetivo de que no se amenacen sus beneficios por destinar demasiadas inversiones a proyectos basados en combustibles fósiles.
Esta demanda ha contado con el apoyo de grandes fondos de inversión, que exigen que el Consejo de Administración diseñe una estrategia que afronte el riesgo climático, en cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas de la Ley de Sociedades. También se hace referencia a la obligación de cumplimento de la sentencia de un tribunal holandés que condenaba a Shell a reducir las emisiones de carbono derivadas de sus actividades en un 45% para 2030.
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La justicia europea da la razón al denunciante francés del caso LuxLeaks
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado al Estado luxemburgués por vulnerar el derecho a la libertar de expresión (artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos) de Raphael Halet, un antiguo empleado de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) que participó en filtraciones de documentos fiscales en 2012.
Halet fue condenado por un tribunal luxemburgués a pagar 1.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la divulgación de documentos confidenciales; condena que fue inicialmente ratificada por el TEDH en 2021.
No obstante, tras el recurso interpuesto por Halet, el TEDH ha ponderado los intereses en conflicto – básicamente, la relevancia pública de la información filtrada y los perjuicios ocasionados por su divulgación – y , partiendo del principio de proporcionalidad, ha estimado que la injerencia en el derecho a libertad de expresión no “era necesaria en una sociedad democrática”, requisito fundamental para poder aceptar una restricción a un derecho reconocido por el CEDH.
Esta decisión es una gran noticia para la defensa de las personas alertadoras de corrupción, cuya protección deber ser garantizada por los mecanismos del Estado de derecho habidas cuentas de la relevancia de su papel y de las represalias que acostumbran a sufrir.
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Madrid, 20 de febrero de 2023.