La tragedia de los migrantes del Nador: la ONU pide investigaciones exhaustivas e independientes
El pasado viernes 24 de junio se vivió la mayor tragedia vista hasta la fecha en la frontera entre Marruecos y las ciudades autónomas españolas Ceuta o Melilla. Un intento de salto de inmigrantes en la valla fronteriza entre Nador y Melilla resultó en decenas de personas muertas y centenares de heridos, víctimas de un uso excesivo de la fuerza.
En un comunicado, el Comité de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW), ha instado “a los Gobiernos marroquí y español a llevar a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre estas muertes y determinar las responsabilidades correspondientes”.
El CMW es el órgano que supervisa la aplicación que deben hacer los Estados Parte de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
Puedes leer el comunicado aquí.
Filipinas: el Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) pide continuar las investigaciones relativas a presuntos crímenes contra la humanidad
En 2016, nada más llegar a la presidencia de Filipinas, Rodrigo Duterte lanzó una violenta campaña de “guerra contra las drogas” que causó miles de víctimas en un contexto generalizado del uso ilegal y arbitrario de la fuerza contra personas relacionadas con el consumo y el tráfico de drogas.
En 2020 el informe solicitado formalmente por la Resolución 41/2 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobada el 11 de julio de 2019 y realizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), documentó casos de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos, así como constantes ataques contra los medios de comunicación, las personas que defienden los derechos humanos y las que se dedican al activismo político.
Ya en febrero de 2018, la Corte Penal Internacional había iniciado un examen preliminar de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno filipino en el contexto de la “guerra contra las drogas”. Sin embargo, a raíz de esta investigación preliminar, al mes siguiente, el presidente Duterte anunció la retirada de Filipinas del Estatuto de Roma y, consecuentemente, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI).
Sin embargo, la CPI sigue manteniendo jurisdicción sobre los crímenes que presuntamente ocurrieron en Filipinas durante el período en que era Estado Parte.
Por ello, en junio de 2021, la entonces Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, pidió autorización judicial para investigar los hechos sucedidos entre el 1 de julio de 2016 y el 16 de marzo de 2019, momento en que se oficializó la retirada de Filipinas de la CPI. La Corte autorizó las investigaciones en septiembre de 2021, para luego suspenderla dos meses más tarde, a raíz del lanzamiento por parte de Filipinas de una investigación interna sobre las ejecuciones extrajudiciales en el marco de las operaciones policiales de lucha contra la droga.
Sin embargo, ante la falta de avances en estas investigaciones internas, la semana pasada, el actual Fiscal Karim Khan decidió solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte reanudar su investigación.
La decisión fue anunciada unos pocos días antes del cambio de Presidencia. Tras una victoria histórica y aplastante en las elecciones presidenciales celebradas en mayo, el pasado jueves Ferdinand «Bongbong» Marcos Jr., el hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos asumió el cargo el cargo de presidente de Filipinas.
Puedes leer la petición aquí.
El Gobierno británico propondrá una nueva legislación para ignorar ciertas sentencias de Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El pasado 15 de junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) emitió una orden judicial para frenar las deportaciones de inmigrantes desde Reino Unido a Ruanda.
Como ya dijimos en un boletín anterior, la nueva y controvertida política de asilo del Reino Unido se caracteriza por enviar refugiados desde el Reino Unido hasta Ruanda para que pidan asilo en el país africano, ya sea para permanecer en este o ser redirigidos a otro tercer Estado seguro.
A raíz de lo ocurrido, el Gobierno británico presentó ante el Parlamento un proyecto de ley que, entre otras cosas, prevé acabar con la primacía de las decisiones del TEDH sobre los tribunales nacionales, provocando que sea el Tribunal Supremo en Londres el que decida en última instancia en materia de derechos humanos. A pesar de que el Gobierno británico asegura que no tiene intención de retirarse de la jurisdicción del Tribunal, de facto supondría violar el artículo 46 de la Convención sobre el efecto vinculante de las sentencias del TEDH.
En términos generales, el proyecto de ley ha sido criticado por suponer una menor implicación de los poderes públicos en la defensa de los derechos humanos, así como permitir que el poder legislativo dictamine cómo los tribunales han de interpretar los derechos humanos.
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Madrid, 04 de julio de 2022.
