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¿Sabes qué pasó? Boletín semanal del 4 al 10 de julio de 2022

Senegal/Gambia: autoridades suizas han iniciado una investigación criminal por presunta tala ilícita de madera

La Oficina del Fiscal General (OAG, por sus siglas en inglés) de Suiza ha recientemente solicitado asistencia legal internacional a las autoridades gambianas en la investigación contra el empresario suizo, Nicolae Bogdan Buzaianu, por presunta tala ilícita de madera.

Las investigaciones empezaron en 2019 cuando la ONG TRIAL International denunció ante el Ministerio Fiscal de la Confederación Suiza la explotación y exportación ilegal del preciado y protegido palisandro, cometida entre 2014 y 2017 por la empresa Westwood, fundada por el empresario suizo y el exdictador gambiano Yahya Jammeh.

Yahya Jammeh llegó al poder tras un golpe de estado en 1994 y durante más de 20 años y con total impunidad dirigió una implacable maquinaria de terror con asesinatos, violaciones y torturas hasta 2017, cuando aceptó ceder el poder a su sucesor Adama Barrow tras semanas de crisis política.

Según un informe de 2015 sobre el comercio de palisandro chino, alrededor del 95% de esta madera noble de Gambia exportado a China proviene del sur de Senegal, sobre todo en la región senegalesa de Casamance, en la frontera con Gambia. Desde 1982 esta zona se encuentra en una situación de conflicto entre el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance (MFDC), que aboga por la independencia de la región, y el Gobierno senegalés. Se trata del conflicto armado actual más longevo del continente y curiosamente uno de los menos conocidos.

La explotación ilegal de recursos naturales en situaciones de conflicto puede considerarse un acto de pillaje, que está prohibido por el Protocolo adicional II de 1977 de los Convenios de Ginebra de 1949 (art. 4, párr. 2, apdo. g)) y del Estatuto de la Corte Penal Internacional (art. 8, párr. 2, apdo. e), inciso v)), además del propio derecho suizo.

Asimismo, hay otras dos investigaciones abiertas por la OAG a petición de TRIAL International en contra de actores económicos por actos de pillaje, en la República Democrática del Congo, por tráfico ilícito de minerales, y en Libia, por vertidos de petróleo.

A través de estos casos se busca poner fin a la impunidad generalizada de los actores económicos que destruyen el medio ambiente y explotan ilegalmente los recursos naturales, alimentando así las causas de los conflictos.

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Reino Unido llega a un acuerdo económico con la alertadora del caso EULEX

En 2012, Maria Bamieh, entonces fiscal jefe británica de la Misión de Estado de Derecho de la Unión Europea en Kosovo (EULEX), destapó un escándalo de corrupción en el seno de EULEX.

EULEX fue establecida en Kosovo en 2008 tras su declaración de independencia no reconocida por Serbia, con la misión de monitorear e instruir al sistema judicial local, así como investigar casos concernientes a corrupción, crímenes de guerra y crimen organizado.

Según Bamieh, algunos funcionarios de EULEX recibieron sobornos para archivar dosieres criminales de notorios gangsters kosovares y otros pusieron trabas en las investigaciones en las que estaban implicados políticos y empresarios.

Por haber alertado sobre lo que estaba aconteciendo, Bamieh sufrió represalias. Fue señalada como la responsable de las filtraciones a la prensa y, en consecuencia, como medida preventiva, fue suspendida en 2014.

Además, Bamieh alegó que nunca recibió apoyo por parte de la Oficina de Exteriores, Commonwealth   y   Desarrollo   (FCDO) del Reino Unido que, por el contrario, le instó a hacer la vista gorda ante esta cuestión. 

Ante una demanda contra el FCDO por despido improcedente, las autoridades británicas han decidido llegar a un acuerdo económico de 423.000 libras esterlinas con la alertadora.

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Tribunal de Justicia de la Unión Europea: la legislación lituana de asilo es incompatible con la legislación europea

El pasado 2 de julio de 2021, Lituania proclamaba el Estado de emergencia ante la llegada de un masivo flujo migratorio proveniente de Bielorrusia.

Ante esta situación, el país adoptó una nueva legislación que se aparta de las salvaguardias jurídicas europeas relativas al derecho de asilo y la detención arbitraria, ya que permite detener a solicitantes de asilo por el único motivo de residir ilegalmente en el país en casos de afluencia masiva de extranjeros.

Con la sentencia nº 115/2022 de 30 de junio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) constató que la ley nacional lituana que ordena la detención automática de personas que entren irregularmente al país y les niega en la práctica el derecho de asilo es incompatible con la legislación europea, ya que es contraria a la Directiva europea de acogida y obstruye el derecho al asilo.

Desafortunadamente, ante el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE,  las autoridades de Lituania han reafirmado que continuarán llevando a cabo su estricta política migratoria.

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Madrid, 12 de julio de 2022.