El futuro democrático europeo: el compromiso de todos y todas
En 2007, a través de la resolución sobre el “Apoyo del sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y la consolidación de las democracias nuevas o restauradas” de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se declaró el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia. Con este día se pretende recordar que “la democracia, el desarrollo y el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
Además, se quiere invitar a los Estados a que fomenten programas que aseguren y promuevan las democracias, ya que no hay que olvidar que las democracias comparten características, pero que no existe un modelo único. Reafirma con ello la Asamblea “la necesidad de respetar debidamente la soberanía, el derecho a la libre determinación y la integridad territorial”.
Sin embargo, nuestras sociedades actuales se enfrentan a escenarios donde la democracia está puesta en peligro. No solo la libertad de prensa ha experimentado un declive a nivel mundial, sino que en líneas generales el grado de democratización de los países a nivel global descendió en 2020 por primera vez desde 2010. Solo el 45,3% de la población mundial en 2023 vive en países democráticos según “The Economist”. En este mapa realizado por el mismo periodico se muestran los índices de democratización global.
Entre los peligros ante los que las sociedades se ven amenazadas está el surgimiento de autocracias desde dentro de los partidos democráticos. Este es el caso de gobiernos como el de Hungría, donde los derechos fundamentales están siendo menoscabados a partir de las mismas personas e instituciones que se encuentran en el poder.
La Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2023, sobre la vulneración del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en Hungría y la inmovilización de fondos de la UE (2023/2691(RSP)) pone de relieve una vulneración de la independencia de las instituciones, una detección de 1993 irregularidades en relación con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y un uso de la fuerza desmesurado, entre otras problemáticas. El Parlamento Europeo condena así en esta resolución “los esfuerzos deliberados y sistemáticos del Gobierno húngaro por socavar los valores fundacionales de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE”.
Del mismo modo, la degradación del ambiente se posiciona, por ejemplo, en países latinoamericanos como uno de los grandes factores que pueden deteriorar la calidad de las democracias, produciendo “el riesgo de transitar a escenarios de mayor escasez, principalmente de bienes públicos como el acceso al agua, un mayor impacto de los desastres naturales y, en definitiva, agravar la vulnerabilidad de los países ante sus efectos”
La polarización, por otro lado, también debilita el diálogo democrático, pues en estos contextos el contrario se interpreta como un enemigo al que vencer y no como alguien con quien discutir y negociar. Se crea con esto la concepción de un “nosotros” y un “ellos”, percibiendo al contrario como una amenaza. Contra esta concepción, el uso de cualquier herramienta está legitimado, también aquellas que son antidemocráticas.
Por todo ello, desde FIBGAR apoyamos firmemente las democracias sólidas y la construcción de un Estado de Derecho fuerte y sostenible. De esto modo, llevamos a cabo diferentes iniciativas que promocionan los valores y las políticas democráticas. Los cursos “La Jurisdicción Universal: El compromiso para un mundo mejor” y “Guardianes del planeta: los derechos de los pueblos indígenas” fomentan a través de una formación accesible a todo el mundo el conocimiento de herramientas legales y realidades sociales que armonizan con el concepto de democracia e igualdad.
Por otro lado, a través del proyecto PATFox, FIBGAR da visibilidad a uno de los problemas que amenazan nuestras democracias actualmente. Este es el uso de las conocidas como “SLAPPS”, que son demandas abusivas interpuestas contra personas u organizaciones – en la mayoría de los casos contra periodistas, activistas o alertadores – que han denunciado prácticas sospechosas, con el único objetivo de intimidar y, en última instancia, silenciar. Con este proyecto se busca instruir a los abogados de estos defensores de los derechos humanos para poder hacer frente a esta guerra jurídica estratégica utilizada por poderes políticos y empresariales.
Laura María Cabello Pérez, colaboradora de FIBGAR.
