Guerra en Ucrania, un año después: acabar con la impunidad
El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, contraviniendo los principios básicos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Durante estos doce meses, el conflicto se cobró la vida de 8006 civiles y provocó 13.287 heridos, desplazando 14 millones de personas de sus hogares y dejando cerca de 18 millones de personas en situación de necesidad extrema, como ha destacado esta semana el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Varios informes así como la investigación llevada acabo por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de las Naciones Unidas han denunciado traslados forzados, tortura, asesinato de civiles, ejecuciones brutales, casos de violencia sexual de género, incluso contra menores.
Estas atrocidades han desencadenado múltiples esfuerzos sin precedentes en la lucha contra la impunidad.
En el marco de un procedimiento planteado por Ucrania pocos días después de la invasión rusa y fundado en la controversia en la interpretación y aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, emitió tres medidas provisionales instando Rusia a suspender inmediatamente las operaciones militares, así como a asegurarse de que sus unidades armadas no promuevan tales operaciones, solicitando a ambas partes a renunciar a cualquier acción que pudiera agravar la disputa ante la Corte, en la que, cabe destacar varios Estados – entre ellos España – han presentado sendas declaraciones de intervención.
Desafortunadamente, si bien las tres medidas fueron vistas alrededor del mundo como una reivindicación de la causa ucraniana, el tribunal carece de medios para garantizar su cumplimiento.
Por su parte, la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió abrir una investigación acerca de la situación en Ucrania, a instancias de 39 países miembro del Estatuto de Roma. Además, envió un equipo forense y de investigación en el país- mayor despliegue de efectivos sobre el terreno enviado por la CPI a un país-con el objetivo de contribuir a la recopilación de pruebas mediante el fortalecimiento de la cooperación con las autoridades locales en Ucrania.
Pese a que ni Ucrania ni la Rusia son estados parte del Estatuto de Roma, Ucrania ya en 2014 ha ejercido en dos ocasiones sus prerrogativas para aceptar legalmente la jurisdicción de la Corte sobre los presuntos crímenes contemplados en el Estatuto de Roma que se produzcan en su territorio, en caso de que la Corte decida ejercer esas competencia.
Por tanto, la Corte es, en principio, competente respecto de todos los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio nacional de Ucrania desde el 21 de noviembre de 2013, con la excepción del crimen de agresión (por razones jurídicas); sobre este último la CPI sólo puede ejercer su jurisdicción si el Consejo de Seguridad de la ONU le remite una situación correspondiente (art. 15ter), lo que resulta imposible debido al poder de veto del que dispone Rusia en calidad de miembro permanente, o si tanto el Estado agresor, como el Estado víctima, son Estados Partes (art. 15bis (4), (5)).
Como respuesta para salvar los limites competenciales de la CPI, el Presidente ucraniano, Vlodomir Zelensky, propuso en septiembre de 2022, la creación de un tribunal internacional ad hoc, con objeto de procesar por un presunto crimen de agresión a altos mandos rusos. Esta propuesta ha sido bien recibida por parte de la comunidad internacional, destacando el explícito apoyo de la Unión Europea. El principal problema que presenta esta opción es que de acuerdo con el capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, la creación de este tipo de tribunales requiere de una resolución del Consejo de Seguridad, por lo que de nuevo el poder de veto ruso se erige como un obstáculo difícil de superar.
Asimismo, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia Criminal (EUROJUST) dio soporte a Lituania, Polonia y Ucrania para la conformación de un equipo de investigación conjunta (JIT, por sus siglas en inglés) el 25 de marzo de 2022. Desde entonces, al equipo se han sumado Estonia, Lituania, Eslovaquia y Rumania, así como la oficina del fiscal de la CPI. Desde esta instancia, Eurojust coordina y brinda asistencia a las autoridades nacionales para la investigación y la recopilación de evidencias de crímenes. Por añadido, en este proceso se ha impulsado la participación de las organizaciones de la sociedad civil, puesto que se consideran, tal y como ha calificado el fiscal Karim A.A. Khan “socios fundamentales en nuestro objetivo común de lograr la rendición de cuentas por los crímenes internacionales”.
Por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó el 4 de marzo de 2022 la RES 49/1, por la cual se creó la Comisión de Investigación independiente, con el mandato de investigar y recabar pruebas de presuntas violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Ucrania. El 18 de octubre de 2022, la comisión emitió un informe en el que concluía que en Ucrania se han cometido crímenes de guerra y vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, siendo estos actos imputables en su inmensa mayoría a las fuerzas armadas rusas.
Por último, la jurisdicción universal sería otra vía para enjuiciar estos crímenes internacionales. En ese sentido, varios países, entre ellos Suiza, han creado unidades para recabar pruebas —sobre todo a partir de testimonios de personas refugiadas— para posibles futuros juicios en tribunales nacionales o internacionales.
Si bien los intentos de castigar las violaciones del derecho internacional por parte de Rusia no son ajenos a dificultades estructurales, sobra decir que hay que aunar esfuerzos para superar estos obstáculos y agotar todas las posibilidades con el objetivo de la búsqueda de la justicia y de la lucha contra la impunidad.
Adolfo Labajos, colaborador de FIBGAR.
Madrid, 24 de febrero de 2023.
