¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de marzo.
Relator especial de la ONU considera que hay «indicios razonables» de genocidio en Gaza
Francesca Albanese, Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967, ha presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su último informe, titulado “Anatomía de un Genocidio”.
Albanese defiende que se dan evidencias suficientes para entender que el Estado de Israel está cometiendo el crimen de genocidio en su operación de defensa frente al ataque terrorista sufrido el 7 de octubre de 2023. Más aún, afirma que las acciones del Estado de Israel se ven motivadas por una lógica genocida inherente al proyecto colonizador de Palestina; así, alude a los “patrones históricos del genocidio”, entendiendo la comisión de este crimen como un proceso siempre precedido de fases de persecución y discriminación que preceden a la de aniquilación. En ese sentido, Albanese realiza una genealogía de la ocupación israelí, enfatizando el proyecto colonial que le subyace y calificando los actos analizados como una “tragedia anunciada”.
Tras esto, y una vez diseccionado los elementos constitutivos del genocidio, – actos intencionados, que pueden ir desde el asesinato hasta el traslado forzoso de niños, que pretenden destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal – describe los múltiples actos de genocidios realizados por el Estado de Israel, como el asesinato del 30.000 palestinos (el 70 % de las víctimas son mujeres y niños), el sometimiento deliberado a condiciones de vida para la destrucción física de los palestinos, o infringir daños mentales y físicos graves a la población, no sólo a través de los ataques armados, sino mediante la destrucción a gran escala de infraestructura civil, detenciones masivas, privación de recursos básicos (por ejemplo, de suministros médicos, como antibióticos o desinfectantes, teniendo que realizarse procedimientos, como amputaciones, sin anestesia).
Como conclusión, Albanese recomienda a los Estados miembros, entre otras medidas, el embargo de armas al Estado de Israel, así como la imposición de sanciones contra el mismo, e insta a la Asamblea General de la ONU a diseñar un plan que acabe con “el ilegal e insostenible status quo” en Palestina que opera como la causa estructural de esta última escalada en Gaza.
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Las víctimas del exdictador chadiano Hissène Habré comienzan a ser indemnizados
Hissène Habré, quién se mantuvo en el poder de Chad entre 1982 y 1990, fue condenado en 2016, por crímenes de guerra y de lesa humanidad, a cadena perpetua. Dicha condena se dio en el marco de un proceso penal que supuso un auténtico hito para la justicia universal, puesto que se llevó a cabo en Senegal – donde llevaba 20 años exiliado – mediante la creación, por medio de la Decisión 401 (XVIII) adoptada por los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, de las Cámaras Africanas Extraordinarias, creadas ad hoc con el objetivo de enjuiciar los crímenes del exdictador.
Además de acabar con la impunidad de Habré, a efectos de contribuir a la reparación de las víctimas las Cámaras Africanas Extraordinarias tenían el mandato de crear un fondo fiduciario que financiase las indemnizaciones para víctimas y familiares. Pese a que dichas indemnizaciones han comenzado a ser recibidas por los beneficiarios, las sumas abonadas representan menos de 10 % de lo concedido por la justicia. Así, 10.700 víctimas recibirán 1.529 dólares, cuando el tribunal de apelación que ratificó la condena de Habré fijó unas cantidades que iban desde los 16.000 dólares hasta los 32.000.
Pese al indudable valor de este ejemplo de justicia penal internacional, el cual fue la culminación de un enorme esfuerzo de asociaciones de víctimas y de derechos humanos para tratar de investigar en diversos foros los crímenes de Habré – se llegó a presentar incluso una demanda ante el Comité de Tortura de la ONU –, se debe garantizar una debida reparación de las víctimas, así como desarrollar políticas activas de memoria que contribuyan a su dignificación. En ese sentido, en otro proceso en Chad contra agentes del anterior régimen dictatorial, un tribunal impuso al Estado la obligación de erigir un monumento en honor a los asesinados bajo el régimen de Habré y crear un museo en el principal centro de detención y tortura; mandato que, por el momento, ha sido ignorado por el actual gobierno chadiano.
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Primera condena en Portugal contra un miembro del Estado Islámico
Esta condena por crímenes internacionales de guerra – la primera por delitos de esta naturaleza en Portugal – se da en el seno de la cooperación judicial instalada a través del Equipo de Investigación de las Naciones Unidas para Promover la Rendición de Cuentas por los Crímenes Cometidos por Daesh/ISIL (UNITAD, por sus siglas en inglés).
Este organismo fue creado mediante la resolución 2379 (2017) del Consejo de Seguridad, tras el llamado a la comunidad internacional realizado por el gobierno iraquí, solicitando asistencia para garantizar la rendición de cuentas de los miembros del grupo terrorista, que controló grandes extensiones de terreno del país entre junio y diciembre de 2017. En ese sentido el UNITAD, se creó para contribuir a la recopilación, conservación y almacenamiento en Iraq de pruebas de actos que puedan constituir crímenes internacionales cometidos por el grupo terrorista EIIL (Dáesh), así como dar soporte a terceros Estados con jurisdicciones competentes para enjuiciarlos.
Gracias a la infraestructura aportada por el equipo, la Fiscalía General de Portugal llevó a cabo una investigación en la que el continuo soporte del Consejo Judicial Supremo iraquí fue fundamental durante todo el proceso, garantizando la conservación de pruebas o permitiendo a los testigos declarar mediante videoconferencia. Así, se consiguió salvar los obstáculos inherentes a la persecución, en virtud del principio de jurisdicción universal, de crímenes internacionales perpetrados fuera del Estado enjuiciador, caracterizada por las dificultades en materia probatoria para el establecimiento de responsabilidades penales.
Por el momento, el UNITAD ha colaborado con hasta 15 investigaciones en terceros Estados que han resultado en condenas de miembros del Estado Islámico, lo que se puede calificar como un éxito de la cooperación internacional con objeto de avanzar en la rendición de cuentas de los autores de crímenes internacionales.
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Una delegación de CEAQUA viaja a Argentina para comparecer por los crímenes franquistas
Miembros de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina se desplazaron a Buenos Aires para comparecer ante Juzgado de lo Criminal y Correccional Federal n.º 1, donde se están investigando la comisión de crímenes contra la humanidad durante el período franquista y la primera fase de la Transición (1939-1978).
La delegación aportó pruebas documentales, periciales y testificales con el objeto de contribuir a la demostración de la existencia de una política estatal sistemática y generalizada de persecución de la población civil. Asimismo, pretende contribuir a nuevas imputaciones de nuevos presuntos autores de crímenes internacionales, así como volver a procesar al exministro Rodolfo Martín Villa.
Ante la persistencia de la impunidad en el Estado español, justificada en base a la Ley de Amnistía de 1977, las víctimas siguen teniendo que luchar para obtener justicia y reparación fuera de nuestras fronteras, siendo la querella argentina la única que investiga los crímenes del franquismo.
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La Asamblea General adopta una resolución histórica sobre la IA
El núcleo de la resolución se basa en la exigencia a los Estados de abstenerse de hacer uso de sistemas de inteligencia artificial incompatibles o que supongan un riesgo para los derechos humanos. Asimismo, se incidió en la capacidad de la inteligencia artificial para, alineándose adecuadamente con los objetivos de progreso, contribuir a la consecuencia de las metas marcadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Otro aspecto relevante que fue apuntado es la palpable desigualdad en materia de desarrollo tecnológico, existente tanto a nivel global, como dentro de los propios países. Por ello, se instó a los Estados y otras partes involucradas – sector privado, centros de investigación, etc. – a sumar sinergias para lograr el acceso inclusivo y equitativo a estas tecnologías, cerrar la brecha digital y aumentar la alfabetización digital.
Este pronunciamiento se da en un contexto de irrefrenable desarrollo de la inteligencia artificial que hace ineludible la responsabilidad de “gobernar esta tecnología en lugar de dejar que nos gobierne«, tal y como afirmaba Thomas-Greenfield, embajadora y representante permanente de EE.UU. ante la ONU. Bajo esta premisa, el 13 de marzo fue aprobada por el Parlamento Europeo el histórico reglamento que regula la inteligencia artificial en la Unión Europea.
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