Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.

Blog

FIBGAR / Derechos humanos  / El Estado de Derecho en España: progreso con carencias estructurales

El Estado de Derecho en España: progreso con carencias estructurales

El Informe anual sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea examina el desarrollo de los Estados miembros en materia de justicia sobre cuatro ejes concretos: el sistema judicial, el marco jurídico anticorrupción, el pluralismo de los medios de comunicación y otros asuntos institucionales sobre los equilibrios y contrapesos.

El objetivo de este informe es tener un control de las medidas de los Estados de la UE para promover los valores europeos y defender la aplicación de la legislación de la Unión. Asimismo, este es el primer año en que el informe recoge recomendaciones específicas para cada país, motivando reformas más profundas y un diálogo continuo.

El primer pilar es el sistema judicial, subdividido a su vez en independencia, calidad y eficiencia. La principal problemática en el primer supuesto es la baja percepción favorable de independencia de los jueces españoles en la población y empresas, representando un 38% y un 41% respectivamente, según el EU Justice Scoreboard 2022. Este último informe de la Comisión Europea evalúa a los Estados miembros según su sistema judicial con los parámetros antes mencionados.

Por otro lado, el informe expresa la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de realizar una reforma para que sean los jueces quienes elijan a los órganos de gobierno del Poder Judicial según los estándares europeos y como piden las principales asociaciones de jueces y juezas. Esto es también una de las recomendaciones del informe ya que la situación lleva siendo “insostenible” y “anómala” como se señaló en el anterior informe y como aseguró el Presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

El informe toca también el marco anti-corrupción. Al respecto, tanto la población como las empresas españolas tienen una alta percepción de corrupción en España, siendo del 89% y 86% respectivamente cuando la media europea ronda el 68%, así como solo un 32% considera que se realizan suficientes esfuerzos para perseguirla según el reciente Barómetro Especial sobre Corrupción 2022.

Como consecuencia, el Consejo de Seguridad Nacional planeó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave 2019-2023 para incrementar la transparencia en la investigación policial y establecer unos estándares de detección y lucha contra la corrupción. Asimismo, en el sector público se está trabajando en implementar códigos de conducta y canales internos de denuncia de prevaricación, además de un refuerzo de la prevención de los conflictos de interés para disponer de mayor información.

Sin embargo, el informe denuncia que la investigación y el procesamiento de la corrupción de alto nivel se dilata en exceso debido a la falta de financiación y preparación. Además, señala que de todos los casos de corrupción que se juzgaron en 2021, 21 finalizaron en absolución y 44 en condena parcial o total por los hechos que se imputaban.

Siguiendo la línea de la corrupción, el informe celebra que España esté más cerca de trasponer la Directiva 2019/1937 sobre alertadores tras haber aprobado un anteproyecto de ley el 4 de marzo de 2022, pudiendo ir incluso más allá de la protección prevista en la normativa europea. No obstante, la Directiva debería haber sido traspuesta el pasado 17 de diciembre de 2021.

Desde FIBGAR siempre hemos sido conscientes del papel que juegan los alertadores en la lucha contra la corrupción y la transparencia institucional. Empezando por celebrar la primera propuesta para proteger jurídicamente a los alertadores, la aprobación de la Directiva, incluso lamentando la demora en su transposición o analizando su impacto en la seguridad digital.

Por otro lado, la Comisión subraya el trabajo que está desarrollando la comisión que revisa la Ley de Secretos Oficiales para hacer más accesible la información a los periodistas y al público. También señala la importancia de haber firmado la Convención de Tromso sobre el acceso a documentos públicos.

Sin embargo, en cuanto a los periodistas, se reportan situaciones de SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) contra los periodistas por amenazas al publicar cierta información, principalmente si es en supuestos de corrupción, por lo que una regulación del derecho al secreto profesional se está estudiando. Esta práctica se caracteriza por interponer demandas abusivas a periodistas o activistas por parte del poder político o económico con el fin de intimidar y silenciarles.

Por ello, FIBGAR está llevando a cabo el proyecto PATFOx (Pioneering AntiSLAPP Training for Freedom of Expression), cofinanciado por la Comisión Europea, que tiene como objetivo mejorar las habilidades de los abogados que representan y defiendes a periodistas y víctimas de demandas contra la participación pública.

En el último punto sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, indica que el Defensor del Pueblo ha disminuido su tiempo de contestación de 63 días en 2020 a 51 en 2021.

Por último, la Comisión señala que, a pesar de su revisión y a partir de una carta del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Ley de Seguridad Ciudadana no pretende modificar los puntos más lesivos de la misma, principalmente los relativos a las manifestaciones y al uso de las imágenes de la Policía.

Asimismo, el Informe destaca que, a fecha del 1 de julio de 2022, 22 sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) no habían sido implementadas en España. Además, señala que, en los últimos diez años, la ratio de sentencias sin aplicar es del 61%, con un tiempo de implementación medio de 3 años y 1 mes, el más longevo tiene 10 años y versó sobre la falta de investigación efectiva en un caso de malos tratos de los agentes policiales por motivos raciales.

A raíz de todo esto, la Comisión Europea recomienda a España:

  • profundizar en la separación entre el Fiscal General del Estado y el Gobierno;
  • priorizar la renovación del CGPJ y su posterior reforma para que los jueces elijan a los miembros del Consejo;
  • continuar con la normativa lobista junto con un registro público;
  • luchar contra la dilatación de los procesos sobre corrupción de alto nivel;
  • asegurar los recursos necesarios a la autoridad reguladora audiovisual;
  • fortalecer el acceso a la información mediante la reforma de la Ley de Secretos Oficiales.

Rubén Cavero Carmona, colaborador de FIBGAR.

Madrid, 22 de agosto de 2022.